Confirman embargo contra bienes de directivos y de la empresa por estafa contra el fisco
( Por Raúl Dellatore/ Página 12/ Motor Económico) Vicentin acaba de sufrir otro revés en la Justicia, al ser rechazado, por mayoría, el recurso de queja que presentó ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), contra el embargo que se le dictó sobre los bienes de la compañía y de algunos de sus directivos, en una causa iniciada por la AFIP. El embargo es por más de 111 millones de pesos, cifra que coincide con la estafa al fisco que habría cometido la empresa entre enero de 2016 y octubre de 2018, a través de facturas «truchas» que utilizaba para reclamar el reintegro del crédito fiscal por el IVA supuestamente pagado en las compras realizadas. Llamativamente, pese a que los supuestos emisores de las facturas no existían para el fisco, la AFIP de entonces pagó esos reintegros a Vicentin por la suma arriba mencionada. Fue en los primeros tres años del gobierno de Mauricio Macri. El titular de la AFIP, hasta el 31 de marzo de 2018, era Alberto Abad, a quien desde entonces sucedió Leandro Cuccioli hasta el fin del mandato macrista.
La Sala 4 de la cámara, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, desestimó la apelación realizada por los representantes de los contribuyentes denunciados, dejando en firme por lo tanto el fallo de primera instancia, luego confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco). Los dos primeros votaron por rechazar la apelación. En cambio, la camarista Ledesma se pronunció a favor de hacer lugar al recurso presentado por Vicentin SAIC.
La operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 falsos proveedores. A través de una tarea de fiscalización realizada durante la actual gestión de la AFIP (que encabeza Mercedes Marcó del Pont) sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos, se constataron serias irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin para solicitar reintegros.
Así, el organismo fiscal pudo constatar que «los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real». La AFIP pudo determinar, entrer otros elementos, que «las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería».
Los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos.
El embargo de $111.637.479 recae sobre los bienes de Vicentin SAIC como también de Daniel Buyatti, Alberto Macua, Sergio y Pedro Vicentin, Máximo y Cristian Padoan, Roberto Gazze, y Martin Colombo, entre otros responsables que se beneficiaron de las maniobras denunciadas. Todos ellos forman parte, además, de la lista de 14 miembros y ex miembros del Directorio que fueron imputados por estafa y defraudación por el juez federal de Rosario Román Lanzón, fallando además la prohibición de salir del paìs y una caución de 10 millones de dólares, en la última semana de octubre.
Posteriormente, ya en la primera quincena de noviembre, Vicentin presentó una propuesta de cancelación de la deuda impaga por 1573 millones de dólares, que contempla una quita del 70% sobre ese valor. Además, el saldo a pagar se distribuiría en cuotas durante más de 13 años.
En esta propuesta aparece fuertemente involuicrado el consorcio de empresas que se se potulan para comprar Vicentin, haciéndose cargo del pago a acreedores (pero una vez que el acuerdo de refinanciación resulte aprobado) y de los costos operativos para mantener su funcionamiento. Se trata de Molinos Agro (grupo Pérez Companc), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA, vinculada a Coninagro) y viterra (filial de la suiza Glencore).
