Recuperó la actividad de una planta de alimento balanceado tras la devolución del concurso al juez Lorenzini. Y acompañó el anuncio con la reiteración de su cuestionada propuesta de cancelación de la deuda.
Las autoridades de Vicentin aprovecharon la firma de un contrato celebrado por la Unión Agrícola de Avellaneda (Santa Fe) para la explotación «a fazón» (una suerte de alquiler de las instalaciones) de la planta productora de alimentos balanceados del grupo, para presentarlo como un paso hacia la «recuperación de la tranquilidad» tras la devolución del concurso de acreedores al juez comercial Fabián Lorenzini.
Este juez, cuya total afinidad con la concursada quedó expuesta desde los primeros pasos del procoeso concursal (iniciado hace ya tres años), fue centro de severos cuestionamientos por parte de acreedores afectados por su accionar, lo cual derivó en un pedido de «avocamiento» a la Corte Suprema de Santa Fe para que le quitara la causa al anterior magistrado en forma definitiva. Pero tras unos meses en manos de la Corte, la causa volvió al juez de Reconquista, Fabian Lorenzini.
«Luego de tres años de inactividad hemos reactivado nuestra planta de alimento balanceado del Parque Industrial de Avellaneda, a través de un contrato de fazon a largo plazo, celebrado con la Unión Agrícola de Avellaneda (UAA)», informó el miércoles pasado la empresa Vicentin Saic.
«Este contrato, que nos permitirá proveer hasta 700 toneladas al mes de alimentos embolsados y 3000 toneladas a granel, representa un paso sustancial más hacia la normalización de la actividad de la empresa y del Nodo Norte en especial, donde se desempeñan cerca de 200 trabajadores en forma directa», celebró la empresa egroexportadora en concurso preventivo de acreedores.
Recuerda la empresa que «el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, que devolvió el expediente del Concurso Preventivo de la sociedad a su juez natural, ha contribuido a restablecer el ambiente de tranquilidad que se genero desde que la compañía presentara las conformidades suficientes para alcanzar un acuerdo en el marco del citado concurso».
Sin embargo, el acuerdo propuesto por la empresa Vicentin a sus acreedores fue rechazado por el Banco de la Nación Argentina, acreedor principal por una deuda de 300 millones de dólares (más del 20% del total del concurso), por el resto de los acreedores públicos y una importante cantidad de acreedores privados por deudas comerciales o financieras.
Incluso la Corte Suprema santafesina, al devolverle la causa al juez Fabian Lorenzini, de los tribunales de la ciudad de Reconquista (provincia de Santa Fe, sede de las oficinas de Vicentin), advierte al magistrado que no puede acceder a propuestas «abusivas» o que dejen afuera a «un acreedor privilegiado» como es el Banco Nación.
En los argumentos que acompañan su voto, el ministro de la Corte Suprema santafesina Daniel Erbetta (poco después, en diciembre pasado, nombrado presidente del cuerpo) le sugiere a Lorenzini «no desentenderse de las resoluciones y cautelares impuestas en el fuero provincial», ni ignorar los incumplimientos cometidos por las autoridades de Vicentin durante el proceso concursal. Se refiere, en el primer caso, al fallo de procesamiento por fraude contra 14 directivos dictado por la justicia penal de Rosario.
Le recomienda Erbetta al juez del concurso «priorizar la extrema prudencia con la cual habrá de ponderarse la propuesta de acuerdo formulada» y tener en cuenta conductas e irregularidades cometidas por los proponentes «que pudieron no haber sido advertidas por los acreedores que han prestado su conformidad».
La propuesta que presentó la empresa pretendía pagar la deuda con una quita superior al 80 por ciento del monto total, financiada a doce años y pesificada, dejando incluso parte de la masa concursal afuera. Esta propuestra cuenta con el respaldo, principalmente, de otras agroexportadoras, como es el caso de Viterra (grupo Glencore), que se verían beneficiadas al pasar a ser un eje central en la conducción de la nueva empresa.
Como camino alternativo, parte de los acreedores han impulsado que se habilite una salida por vía del «cram down», opción prevista en la ley de concursos y quiebras. Esta propuesta implica que las actuales autoridades de la empresa (el clan Vicentin y otros vinculados por lazos familiares) pierdan el control de la misma y éste pase a manos de un grupo o comité conformado por los acreedores, para posibilitar la continuidad de la actividad del complejo industrial.
Fuente: Pagina 12
