“Es muy difícil» que la empresa «siga trabajando sin que el Estado acompañe”, aseguró Mariano Grassi, el titular de la firma Commodities SA. el juez del proceso, Fabián Lorenzini, ratificó la suspensión de plazos procesales dispuesta por la Corte Suprema de Justicia provincial el jueves pasado y le remitió el expediente al máximo tribunal.
Uno de los principales acreedores granarios del concurso de Vicentin, el titular de la firma Commodities SA, Mariano Grassi, afirmó este miércoles que “es muy difícil» que la empresa «siga trabajando sin que el Estado acompañe”, mientras el juez del proceso, Fabián Lorenzini, ratificó la suspensión de plazos procesales dispuesta por la Corte Suprema de Justicia provincial el jueves pasado y le remitió el expediente al máximo tribunal.
Tras la decisión del alto tribunal santafesino de tomar el expediente del concurso preventivo de Vicentin por vía del avocamiento, el empresario Grassi se inclinó por la instancia del cramdown o salvataje de la cerealera con participación estatal.
El titular de Commodities SA, empresa que solicitó a la Corte provincial el avocamiento al expediente de Vicentin para evitar la posible homologación de acuerdos concursales cuyo plazo vencía el 30 de este mes, sostuvo que “es muy difícil que Vicentin siga trabajando sin que el Estado acompañe”.
«Vicentin nos estafó a todos. Está perfecto que se defiendan intereses privados, pero en este caso no se trata de cosas contrapuestas. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagarle solo el 20% de los más de 420 millones de dólares que debe”
Mariano Grassi
El acreedor de la agroexportadora aclaró que el Estado “no está para poner un montón de dólares dentro de Vicentin”, sino que se inclinó por la “capitalizando de su deuda y teniendo una participación accionaria», como tiene en otras firmas privadas.
El planteo de Grassi va en la misma línea de la que realizó días atrás el presidente Alberto Fernández, quien dijo que el cramdown ofrece “una posibilidad” para que el Estado tenga “una empresa testigo que ordene el mercado” agroexportador y de producción de alimentos.
Es que el Banco de la Nación Argentina (BNA) es uno de los principales acreedores financieros del concurso de Vicentin, con unos U$S300 millones, a los que se suma el Banco Provincia de Buenos Aires y organismos públicos con acreencias, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Uno de los directores del BNA, Claudio Lozano, también alentó el ingreso del Estado a Vicentin a través de la capitalización de sus créditos, asociado a otros actores privados del concurso en el procedimiento de salvataje.
“Sería deseable que entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Agricultura definan al caso Vicentin como Proyecto Estratégico, a efectos de poder asumir la tarea de capitalizar la empresa”, señaló Lozano.
Y planteó la “idea de una empresa mixta que sea testigo en materia de comercio exterior de granos, y que pueda, reestructuración mediante, intervenir en el mercado de alimentos”.
Grassi dijo este miércoles, en una entrevista con el diario La Capital de Rosario, que la intervención de la Corte santafesina desplazando al juez del concurso abre “una nueva oportunidad” para evitar la propuesta de pagos de Vicentin, a la que consideró “engañosa”.
La agroexportadora realizó una propuesta de pago con una fuerte quita de la deuda contraída y el ingreso como “inversores estratégicos” de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra (ex Glencore) y Bunge Argentina, que reemplazó a Molinos Agro, cuando la firma decidió dejar de participar del proceso.
“La solución es todos juntos, donde cada uno aporte su granito de arena para que la empresa vuelva a tener un valor, que hoy es cero. En esa línea es donde vemos que el Estado tiene un rol ineludible, fundamental”, dijo Grassi.
El empresario aclaró que “esto no tiene que ver con preferencias políticas, ni con la falsa dicotomía del campo versus la ciudad o la industria”.
Agregó que “acá Vicentin nos estafó a todos. Está perfecto que se defiendan intereses privados, pero en este caso no se trata de cosas contrapuestas. Es difícil comprender por qué se habla de defensa del campo cuando a los acreedores granarios Vicentin pretende pagarle solo el 20% de los más de 420 millones de dólares que debe”.
Por otra parte, el juez Lorenzini firmó el martes una resolución en la que notificó a las partes del concurso la suspensión de plazos ordenada por la Corte y, en su punto sexto, remitió al máximo tribunal “la totalidad de las actuaciones que forman parte del principal proceso concursal”.
No obstante, el magistrado no respondió al planteo de la Corte sobre el avocamiento al caso, para lo que tiene plazo hasta el próximo viernes, según explicaron fuentes judiciales.
Fuente: Telam
