La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Comisión Zona Norte marcaron el lugar donde se hallaron tambores con cuerpos de personas que habían estado secuestradas en Automotores Orletti.
Macarena Gelman tiene grabada una frase que su abuelo le dijo en 2010, cuando ya llevaban diez años de conocerse –y ella de conocer su historia–. “Duele como el primer día”, le confesó el poeta Juan Gelman. “Y es así”, dice Macarena, parada a metros del Canal de San Fernando. Ése fue el lugar que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) escogió para deshacerse de los cuerpos de quienes había asesinado tras tenerlos cautivos. Allí, fondeados en tambores de 200 litros con cal y cemento, aparecieron los cuerpos de Marcelo Gelman y otras víctimas de la dictadura. Ese espacio –elegido por los represores como destino final para los desaparecidos– fue señalizado como sitio de memoria por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.
El 24 de agosto de 1976, una patota secuestró a Marcelo Gelman, de 20 años, y a su compañera María Claudia Iruretagoyena de Gelman. Ella estaba embarazada. Los dos fueron llevados a Automotores Orletti, el centro clandestino de detención que regenteaba, por entonces, la SIDE en el barrio de Flores.
A Marcelo lo trasladaron –eufemismo usado para hablar de conducir a una persona hacia su asesinato–. A María Claudia la llevaron a un centro clandestino en Montevideo. Allí dio a luz. Al poco tiempo, le robaron a su beba –que recién recuperó su identidad en 2000–. El cuerpo de María Claudia nunca se encontró.
“Duele como el primer día”, dice su hija Macarena, que se enmpeña en mantener viva la memoria y la búsqueda de la verdad.
El cuerpo de Marcelo y los de otros siete detenidos-desaparecidos aparecieron el 14 de octubre de 1976 en el Canal de San Fernando. Los encontró la Prefectura. Algunos de sus integrantes llegaron a ver cómo unos hombres se acercaban con un camión para arrojar los tambores. Días después del hallazgo, los cuerpos –sin identificar– fueron enterrados en el cementerio de Virreyes. En democracia, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró hacer las identificaciones.
De los ocho cuerpos encontrados en 1976, se logró conocer las identidades de siete: Alberto Mechoso, Ana María del Carmen Pérez (que estaba cursando un embarazo a término), Gustavo Gayá, Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Zelarayán y Mercedes Rosa Verón. Todos habían sido secuestrados entre julio y septiembre de 1976.
En 2012, hubo un nuevo hallazgo de tambores, a metros del Aeródromo Internacional de San Fernando. Era un terreno que se había rellenado con el material que provenía del dragado del Río Luján. En esa oportunidad, el EAAF identificó los restos de dos jóvenes diplomáticos cubanos, Jesús Cejas Arias y Crescencio Galañena Hernández. Con ellos estaban los cuerpos de María Rosa Clementi de Cancere, una empleada de la misma representación diplomática, y de Ricardo Manuel González. Todos habían sido secuestrados en 1976. En el caso de González, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 no dio por acreditado su paso por Orletti, ya que el padre –que era un comisario retirado– había tenido información de que había estado secuestrado en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF).
Bajo el sol, Ernesto Gayá agradeció y celebró la señalización del lugar. “Estamos tratando de poner una baldosita más en el camino de la memoria”, dijo, parado a centímetros de Macarena Gelman.
Ricardo, el tío de Ernesto, fue el primer integrante de la familia Gayá en ser secuestrado. El castigo fue encarnizado por su condición de integrante de la Policía Federal Argentina (PFA). De hecho, estaba en la boca del lobo: en la División de Asuntos Gremiales de la SSF. Desde allí, pasaba información a la conducción del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), organización en la que militaba. En septiembre de 1976, la patota llegó al departamento donde se encontraban Ernesto, de poco más de un año, con su mamá, su papá y su tía, que estaba próxima a parir. A su mamá la asesinaron ahí mismo. Los restos de su papá, su tío y su tía –Ana María Pérez– aparecieron en los tambores.
“Venimos a señalar no solo un lugar, sino también al futuro porque el futuro les pertenece a los pueblos, como decían nuestros viejos, y no nos lo van a arrebatar”, dijo ante quienes se habían congregado.
Entre otros, estaban Paula Cancere –hija de María Rosa Clementi–, Amalia Zelarayán –hija de Dardo– y Sandra Mechoso –sobrina de Alberto. En el público se encontraban también María Adela Antokoletz, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, junto con Raquel y Jorge Witis. Ocupándose de los detalles se movía entre ellos Lorena Battistiol Colayago, directora de Sitios y Espacios de Memoria de la provincia de Buenos Aires.
El Plan Cóndor
El 19 de octubre de 1976, cinco días después del hallazgo de los tambores –y cuando los cuerpos estaban por ser enterrados como NN–, el agregado legal de la embajada de los Estados Unidos, Robert W. Scherrer, escribió un memo en el que decía que Cejas y Galañena habían sido asesinados y sus cuerpos colocados en tambores que fueron arrojados al Río Luján. Decía también que el lugar había sido usado antes por la SIDE para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas.
Lo que quedó de esos dos barriles es exhibido en el Memorial de la Denuncia, donde se muestran las agresiones de los Estados Unidos contra la isla. “Cuba ha sido víctima del terrorismo y hemos sido los cubanos los que hemos puesto la sangre y los muertos en esta larga historia de resistencia”, dijo Leonardo Baster Paz, representante de la embajada.
“Estamos hablando de lo que fue el Plan Cóndor”, apuntó Juan Martín Mena, ministro de Justicia bonaerense. “Lo que está pasando con Cristina y nuestra región es lo mismo”, añadió.
La situación de la expresidenta –proscripta y próxima a cumplir un año en arresto domiciliario– apareció en las intervenciones del diputado nacional Horacio Pietragalla Corti –quien dijo que los genocidas gozan de más beneficios que ella– y del subsecretario de Derechos Humanos bonaerense Matías Moreno. “La prisión injusta es una boleta que le están cobrando por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que tiene nuestro país”, afirmó Moreno.
Hacer memoria
El Gobierno bonaerense, a cargo de Axel Kicillof, sigue cumpliendo con la ley que dice que se deben señalizar aquellos lugares vinculados al terrorismo de Estado. Cada marca funciona como una señal, como una interpelación ante quienes transitan el territorio.
La señalización del Canal de San Fernando fue impulsada conjuntamente por la Subsecretaría bonaerense y la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. La fecha no fue al azar, como recordó una de sus integrantes –Cecilia Cavallo–: se trata de la semana del detenido-desaparecido. El 27 de mayo se cumplieron diez años desde que el TOF 1 dictó la sentencia en el juicio del Plan Cóndor en la que trató estos hechos y reconoció que hubo una asociación ilícita de alcance regional.
En el acto se destacó la labor del EAAF y se entregó un reconocimiento a Carlos “Maco” Somigliana, uno de sus referentes. Él, por su parte, dijo que nada hubiera sido posible sin los testimonios valientes de los sobrevivientes.
El abogado Pablo Llonto destacó que los juicios siguen. De hecho, hay cuatro represores que están actualmente siendo juzgados por lo sucedido en dos centros clandestinos regenteados por la SIDE, Automotores Orletti y la Base Pomar. Pero destacó que hace falta verdad y llamó a los asistentes a encarar una tarea para que quienes tengan información hablen.
“Vamos a dar la pelea para encontrar a los 30.000”, insistió Llonto.
