No solo la extranjerización de tierras constituye una amenaza para las comunidades locales y el ambiente. Los dueños nacionales sacan ventaja por su pertenencia local y contactos con el poder.
( Por Celeste del Bianco Tiempo Argentino )
A partir de la situación en Lago Escondido de este verano, Tiempo Argentino comenzó una serie de notas para dar cuenta de quiénes son los extranjeros que acaparan tierras rurales en todo el país. Sin embargo, unos pocos capitales nacionales concentran alrededor de seis millones de hectáreas, lo que los convierte en agentes tanto o más peligrosos para las comunidades locales y el ambiente. En esta tercera entrega contamos quiénes son y cuáles son sus negocios.
La empresa que más tierra acumula, incluso más que cualquier trasnacional, es Corporación América Internacional que se extiende en Mendoza, Chubut, Santa Fe, Santa Cruz, Chaco y Formosa. Está por encima de Walbrook, la extranjera con mayor presencia. La firma está presidida por Eduardo Eurnekian, una de las personas más ricas del país. La corporación tiene viñedos, exporta petróleo, biodiesel y administra más de cincuenta aeropuertos en el mundo, entre otros negocios.
En segundo lugar está el grupo CRESUD, dirigido por Eduardo Elsztain, presente en Salta, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos, Buenos Aires y Mendoza. Produce granos de oleaginosas y cereales, caña de azúcar y carnes. Además, está en el negocio inmobiliario a través de la subsidiaria IRSA, que es dueña de la mayoría de los shoppings del país. Elsztain es también director del Banco Hipotecario, Brasil Agro Companhia Brasileira de Propiedades Agrícolas y Austral Gold y fue indicado como titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y en la Isla de Man tras las filtraciones de los Panamá Papers.
La información sobre la tenencia de tierras surge de la base de datos de Land Matrix, un grupo de investigación que monitorea las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) en países de ingresos bajos y medios. Según este registro, en Argentina el 65% de las transacciones implican a inversores domésticos y el 35% a extranjeros. El integrante de la organización Lucas Seghezzo, que además es investigador independiente del CONICET y profesor de Sociología Ambiental de la Universidad Nacional de Salta, explica que los conflictos socioambientales están asociados en mayor medida con los inversores nacionales.
“Tiene que ver con las comunidades indígenas, campesinas o criollas de pequeños productores que habitan en las zonas donde se dan estas transacciones como, por ejemplo, en el Chaco salteño. Hicimos un estudio e identificamos que más del 80% de los conflictos que hay allí son con inversores nacionales. Ahí hay que tener en cuenta la perspectiva de los habitantes ancestrales y de la población criolla y campesina que si bien no tiene título de la tierra, tiene derechos posesorios. Para ellos, un inversor nacional aparece como más peligroso que un internacional, que trata de cuidarse un poco más a la hora de estos conflictos porque se puede generar una problemática del valor de la empresa. Si tienen conflictos, muchas veces sus acciones bajan”, explica.
Otra de las empresas que tiene mayor presencia es Olmedo Agropecuaria, con tierras en Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Formosa. Es la mayor productora de soja con tierra propia del país. Alfredo Olmedo y su hijo, el exdiputado del PRO que lleva el mismo nombre, administran 230.000 hectáreas. La cesión de esas tierras fue denunciada como escandalosa luego de que el exgobernador salteño Juan Carlos Romero se las cedió con el beneficio de no tener que pagar impuestos hasta 2021. Además, tienen denuncias por mantener trabajadores en condiciones infrahumanas.
Los conflictos están vinculados a la tenencia de las tierras, al daño ambiental, la deforestación (que es una de las prácticas más drásticas porque genera desplazamiento de población) y con actividades ilegales (como el trabajo infantil o despidos). “El inversor nacional muchas veces vive en la zona, se maneja con la ley, tiene algún amigo legislador, no le tiene tanto miedo a la conflictividad porque la rentabilidad de su campo es alta aunque haya un reclamo de tenencia’, agrega Seghezzo
Eurnekian, Elsztain y Olmedo integran el listado de las 300 personas y empresas que más desmontes provocaron en el país. En 2020, Greenpeace publicó un listado con los responsables de la deforestación y entre ellos figuran Eduardo Elsztain (con 120.000 hectáreas desmontadas), Jorge Horacio Brito (50.000), Paolo Rocca, Eduardo Eurnekian, Marcelo Mindlin y Alejandro Carlos Roggio, entre otros.
La lista de los capitales con mayor acaparamiento de tierras sigue con Bandiera Hermanos SA, que posee más de 100.000 hectáreas de plantaciones de soja, maíz y azúcar en Salta. Con una cifra cercana está José María Barale, el presidente del Comité Ejecutivo del Grupo Alubar, el mayor fabricante de cables eléctricos de aluminio de América Latina. Compraron las tierras en Alicurá, Neuquén, al magnate norteamericano Ward Lay Jr. En Catamarca está Morena del Valle Minerals, una empresa subsidiaria de la canadiense Lake Resources que está en el mercado del litio y posee alrededor de 70.000 hectáreas.
En el noroeste está Inversora Juramento, la mayor empresa agroganadera de esa región. Está dirigida por Jorge Brito hijo y tiene más de 80 hectáreas dedicadas a la ganadería intensiva y feedlots.
