El texto enviado por el Presidente al Congreso de la Nación y las consecuencias en la provincia de Buenos Aires. Advertencia sobre la supresión del rol del Congreso.
(Andres Miquel) El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce del proyecto de Ley enviado por el presidente Javier Milei al Congreso que lleva como título Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Mantuvo una reunión con legisladores nacionales de Unión por la Patria junto a otros gobernadores. Juntos, se pronunciaron contra una medida que consideran «inconstitucional». El texto impulsado por el Gobierno Nacional también cosechó el rechazo del senador nacional y titular del Comité Provincia del radicalismo, Maximiliano Abad.
El enfoque que prima en todas las posturas, tanto en público como en privado, es básicamente el mismo: en caso de aprobarse la norma, le arrogaría al líder libertario una suma del poder para decidir en múltiples materias sin la necesidad de tener el visto bueno del Congreso Nacional.
Kicillof publicó el comunicado oficial del cuerpo de diputados y senadores nacionales de UxP y aseguró que el encuentro tuvo como eje «articular acciones en defensa de los intereses del pueblo de nuestras provincias». «Ante el plan de ajuste económico, el DNU inconstitucional y un paquete de leyes que pretende afectar la vida y los derechos de millones de argentinos reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la división de poderes y la Constitución Nacional», remarcó el goberador.
El propio Abad señaló como antirrepublicano el hecho de que «uno de los Poderes absorba facultades de los otros o incluso pretenda suplantarlos». Sobre el paquete de decisiones que el Presidente estableció como parte de la emergencia que busca declarar, el dirigente radical subrayó que «desbalancear la división de poderes se paga a corto plazo con una mayor emergencia» y que «eso no beneficia a ningún habitante de nuestro país».
«Una reforma constitucional encubierta»
Entre los setenta diputados nacionales que tiene la provincia en el Congreso se encuentra el ex ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo. Desde su banca en Unión por la Patria, ya adelantó su voto a este medio: “Voy a votar en contra porque claramente es inconstitucional”. Sobre el proyecto que contiene más de 660 artículos y declara, entre otras, la emergencia económica, previsional, social, fiscal, tarifaria y energética, advierte que “busca la suma del poder público de parte del Presidente de la Nación”.
Entre otras cuestiones, Arroyo remarca que la Ley Ómnibus de Milei “crea nuevos impuestos que se reconcentran en el Gobierno Nacional, con una perspectiva claramente antifederal”. Al hacer mención sobre las reformas sobre el Código Civil y Comercial, afirma que se está queriendo llevar a cabo una “reforma constitucional encubierta”.
Según el texto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional, las emergencias se extenderían por dos años con la posibilidad de ser renovadas por dos años más, alcanzando la totalidad del período presidencial de Milei. “No veo como alguien puede votar una Ley así que modifica todo de esta manera”, señala Arroyo, y considera que “debería primar la razonabilidad”.
En un comunicado firmado apenas unas horas después del envío del proyecto al Congreso, diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria indicaron que se mantuvo una reunión entre los legisladores con los gobernadores del mismo espacio político, entre los que estuvo Axel Kicillof, pusieron el acento en que, de aprobarse la ley, el Presidente tiene la pretensión de contar con “poderes y facultades extraordinarias que son absolutamente inconstitucionales”.
Contra los jubilados
Arroyo pone sobre la mesa lo que, a su criterio, es uno de los objetivos centrales del proyecto de Ley Ómnibus: bajar el déficit fiscal ajustando sobre los jubilados. “Frente a altos niveles de inflación, la fórmula actual tiene algunas dificultades, pero peor es no tener fórmula”, señala.
Sucede que el proyecto enviado por Milei propone la eliminación del Artículo N° 32 de la Ley Nacional N° 24.241 el cual garantiza que los haberes jubilatorios tengan una movilidad automática. De esta manera, el Ejecutivo Nacional se arroga la potestad de definir discrecionalmente los aumentos.
Sobre este punto, Alejandro “Topo” Rodríguez, hasta hace pocos días también diputado nacional por la provincia y hoy al frente del Instituto Consenso Federal, dice: “Como el 40 por ciento del presupuesto nacional en materia de servicios sociales está destinado al sistema previsional, Milei decidió que el ajuste brutal se dé en el componente más grueso del gasto público: los jubilados”.
Su visión respecto al paquete enviado por el Presidente al Congreso de la Nación resulta, para Rodríguez, una pretensión de “convertir al Congreso en una oficina de relaciones públicas”. “Ya estamos en condiciones de asegurar que Milei avanza en un modelo autocrático”, advierte.
Asegura que no hay condiciones para pensar en un juicio político porque no deja de ser un proyecto de Ley que deberá ser tratado por el Poder Legislativo, pero sí remarca que Milei pretende “expropiar para sí todas las facultades del Congreso durante su período presidencial”.
También coincide con Arroyo en la centralización por parte de la Nación en materia impositiva. “Milei escribe de filosofía política con una mano liberal libertaria, pero en materia tributaria lo hace con la mano más soviética que existe”, indica. El aumento del Impuesto País que pasó del 7,5 por ciento al 17,5, el aumento sobre las retenciones a la soja que propone esta Ley así como el arancelamiento a las exportaciones industriales por un 15 por ciento, es la demostración, según Rodríguez, de que Milei “quiere todo para la Nación y nada de federalismo”.
“La provincia es la que más aporta fiscalmente y la que menos recibe, es la que más produce, la que más jubilados y pensionados tiene y a quienes se les va a sacar su poder de compra, por lo que el impacto sobre ella será directo”, alude.
La cuestión que atenta contra los ingresos de los jubilados no se detiene ahí. En el Capítulo VII del proyecto se establece la absorción de parte del Fondo de Garantías Sustentable de la ANSES por parte del Tesoro Nacional. “Se quedan con la plata de los jubilados”, señala Andrés Asiain, docente de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Avellaneda y titular Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz.
Hace unos meses, recuerda Asiain, tanto Milei como quien fuera candidata a presidenta Patricia Bullrich, atacaron a Sergio Massa por querer cambiar los bonos en dólares de la ANSES por bonos en pesos a valores rentables por encima de la inflación. “Acá se los sacan por nada”, remarca en diálogo con Buenos Aires/12.
Pero Asiain advierte algo que también expuso en sus redes el ex ministro de Economía de la Nación, el platense Martín Guzmán. “Quieren volver a habilitar la toma de deuda en moneda extranjera sin pasar por la autorización del Congreso”, explica. La limitación figura en el primer artículo de la Ley N° 27.612, la cual el artículo N° 107 propone derogar.
La voz de las y los intendentes
En plenas negociaciones dentro de la Legislatura bonaerense para lograr aprobar la Ley Fiscal Impositiva enviada por Axel Kicillof, muchos dirigentes bonaerenses se encuentran abocados a esa tarea. Tanto del oficialismo como de la oposición.
Pero la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, hizo público su rechazo al proyecto de Ley de Milei y dijo en su red X: “Superpoderes. Privatizaciones. Ganancias millonarias para una minoría millonaria y ajuste a la clase trabajadora, bajo amenaza de reprimir la protesta”.
Dentro de la voluminosa cantidad de artículos del proyecto, se propone dejar en condiciones de privatizar a 41 empresas nacionales, entre ellas YPF. Este miércoles, una nota de este medio donde habló el subsecretario de Energía de la provincia, Gastón Ghioni, explicó el peligro de dejar liberado el precio del combustible a la volatilidad del mercado importador y exportador.
El ex senador por la segunda sección Francisco “Paco” Durañona reposteó un mensaje del ex intendente de Quilmes y ex ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que advierte sobre la reformulación del artículo N° 34 del Código Penal donde pasa a ser un hecho no punible la “razón de obediencia debida”.
“Si sancionan esta norma en lo referido a la obediencia debida, por efecto de la aplicación de la ley penal más benigna se terminarán todos los juicios de lesa humanidad”, afirma Fernández.
