Los trabajadores producen por sus propios medios desde 2020, cuando fueron abandonados por su patrón. El juez D’ Alessandro asegura que los empleados cometieron «actos delictuales».
El 30 de diciembre el juez Fernando D’ Alessandro titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 7, dictaminó una orden de desalojo contra la cooperativa de trabajadores La Nirva. Se trata de la fábrica que hace décadas elabora y comercializa el alfajor “Grandote” y que, desde 2019, se encuentra bajo control de sus empleados cuando el empresario Matías Paradiso dejó de pagar los sueldos y comenzó lo que los trabajadores definen como un “vaciamiento” de la fábrica.
El empresario se había hecho cargo del negocio un año antes y, sobre agosto del año 2019, meses antes de la llegada de la pandemia a la Argentina, discontinuó el pago de haberes, los servicios de luz y gas y avanzó con despidos del personal.
El 24 de diciembre de ese año, en vísperas de la Noche Buena, luego de casi medio año de deudas anunció el pago de lo adeudado con la emisión de cheques que, finalmente, no tenían fondos.
Desde entonces los empleados ocuparon las instalaciones y pusieron a funcionar la empresa bajo su propio control. Hace ya un año que cuentan con la matrícula como cooperativa y actúan en el marco del juicio por quiebra para ser beneficiarios de las máquinas y las instalaciones de la unidad productiva de la cual son principales acreedores y, según establece la legislación, gozan de prioridad en caso de que el concurso de acreedores derive en una quiebra.
En diciembre de 2021, imposibilitados legalmente de producir y comercializar su principal producto, el mencionado alfajor “Grandote” cuya marca sigue en manos del empresario, decidieron producir Pan Dulce además de los alfajores que ya venían produciendo para poder atravesar la situación.
A horas de la celebración del Año Nuevo, sin embargo, recibieron la notificación del juzgado en la que el juez solicita el desalojo de las instalaciones que custodian hace más de dos años.
Para el juez, los empleados estafados por su patrón, incurrieron en actos “ilegítimos y delictuales” cuando, en realidad, los trabajadores organizados participaron de todas las convocatorias realizadas por la cartera laboral a las que el empresario Paradiso se ausentó o donde plasmó promesas de pago siempre incumplidas.
La orden del juez no establece ni hora ni día en la que se deberá realizar el operativo pero dispone “el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril de la deudora y restituir la posesión de la misma a la concursada”, para lo cual define “facultar al oficial de Justicia a allanar el domicilio y requerir el auxilio de la fuerza pública”.
En declaraciones a Barricada TV, Paula Rojas, una de las representantes de los cooperativistas explicó que «estamos en un período de aprendizaje. Hay que saber a quien comprar y a quien vender. Cada uno de nosotros tuvo que tomar nuevas responsabilidades». Rojas explicó que «esto nos tomó por sorpresa porque incluso el empresario Paradiso hace pocos meses ofreció $550 mil pesos a cada uno para que nos fuéramos y decidimos rechazarlo porque la deuda que tiene con nosotros es millonaria”.
Rojas se lamentó porque «veníamos con un montón de expectativas. Ver que un juez se pone del lado de alguien que estafó a los trabajadores y no del nuestro, nos indigna. Un montón de organizaciones y vecinos se solidarizaron con nosotros. Pedimos la solidaridad de todos porque somos 55 familias que dependemos de esta fuente de trabajo que queremos conservar”.
Fuente: Tiempo Argentino
