Para el servicio de agua corriente y cloacas no habrá suspensión de aumentos. Al contrario: tras una suba del 209% en febrero, las tarifas se indexarán mensualmente a partir de junio
( Por Raúl Dellatorre / Página 12 / Director de Motor Económico ) La suspensión de los aumentos en las tarifas de los servicios domiciliarios durante el invierno no incluyó a las de agua y saneamiento ambiental. Por lo tanto, se mantiene vigente la indexación tarifaria mensual que regirá a partir del 1° de junio. Sobre un aumento en la tarifa de Aysa que alcanzó al 209 por ciento antes de la audiencia pública del fines de marzo, ahora se sumaría un incremento adicional en torno al 7 por ciento desde el primer día de junio. Pero a partir de allí, el aumento o indexación de tarifas pasa a ser mensual, de acuerdo a lo resuelto por la Secretaría de Obras Públicas y ratificado en la Resolución 9/24.
La empresa Aysa presta el servicio de agua corriente y cloacas para los domicilios de CABA y 27 municipios del primero, segundo y tercer cordón bonaerense. Por lo general, la política tarifaria en el resto del país acompaña lo resuelto en el ámbito de Aysa, aunque normalmente con alguna demora.
El coeficiente de indexación mensual fijado por la Secretaría de Obras Públicas (que depende del ministro de Economía, Luis Caputo)
tiene tres componentes y dos de ellos ya se conocen: el aumento de los precios al consumidor, IPC, y el de precios mayoristas, IPIM, correspondientes al mes de abril. Que resultaron en el 8,8 por ciento el primero y 3,4 por ciento el segundo. En cambio, recién el día 10 de mayo se conoció el aumento del índice salarial para marzo, que arrojó un aumento del 10,3%, pero habrá que esperar hasta el mes próximo para conocer la variación de abril.
Según la Resolución que define la fórmula de actualización mensual, lo que se toma en cuenta es la variación de esos índices del segundo mes anterior al mes de vigencia del aumento (para la tarifa de junio, serían las variaciones de los índices en el mes de abril).
Hasta que no se conozca ese índice salarial de abril, podría tomarse como válida la última variación informada para realizar una estimación del aumento que se viene. El promedio ponderado de las variaciones de esos tres índices daría, en consecuencia, un aumento de la tarifa de Aysa para el mes de junio del 7,1 por ciento, iniciando con esa cifra la indexación mensual que sufrirá el costo del servicio mensualmente.
Este tema fue debatido en la Audiencia Pública convocada para el 27 de marzo. Dicha audiencia no es obligatoria, ya que no está contemplada en el Marco Regulatorio del servicio. Es decir, que fue «una concesuión de las autoridades» convocarla y permitir que se opine.
Tampoco es vinculante, porque se hace para que quienes se opongan a los aumentos (en este caso, representantes de los usuarios y de municipios afectados), pero no obliga a las autoridades a tomar en cuenta sus opiniones, por más fundadas que éstas sean.
«La Audiencia Pública es como una pantalla desconectada del sistema, te brindan la oportunidad de expresar y demostrar lo que sea, pero nadie te va a escuchar ni tener en cuenta tus opiniones o aportes», comentó un profesional muy vinculado al área, que pidió reserva de su nombre. «Después se definen los aumentos de tarifas sin explicar estructura de costos, los valores de los contratos, ni siquiera lo que ganan el presidente y los directores, aunque hayan recibido aumentos que se vuelcan en la nueva tarifa», agregó la misma fuente, de sobrada autoridad en el tema.
Y sumó un último comentario, atractivo para revisar estos mecanismos de audiencias públicas, que deberían ser herramientas de control popular y no lo son. «La justificación del aumento siempre es muy retorcido, lleno de cifras sobre impactos medios de las tarifas, adaptadas para demostrar lo que nunca queda claro, todo es vidrioso. Aunque estemos hablando de actualizaciones que van a caer sobre las espaldas de los usuarios sin piedad, multiplicando las tarifas del servicio de manera exorbitante».
Se está referiendo a una tarifa para usuarios residenciales de clase media o media alta, que van a ver acumulado en junio un aumento en lo que va del año del 230 por ciento. Un hogar de un partido del conurbano, de zona intermedia, en una casa no tan grande con jardín, que pagaba a fin del año pasado una tarifa de 6000 pesos, recibirá en junio una factura cercana a los 20 mil pesos, y a partir de esa factura, aumentos todos los meses, con la variación de los índices de dos meses antes.
“La tarifa del agua, históricamente, ha sido objeto de políticas inadecuadas que han promovido el despilfarro y la ineficiencia, comprometiendo la sostenibilidad financiera de la empresa”, señaló en aquella audiencia pública Luis Giovine, secretario de Obras Públicas de la Nación, intentando justificar los aumentos.
El secretario de Obras Públicas de Esteban Echeverría, Sergio Benet, reclamó fijar la atención en los presupuestos familiares antes que en la «eficiencia operativa» y de resultados de Aysa. «Un aumento del 209% hace que los vecinos se vean afectados por encima de las posibilidades de sus ingresos. El gran porcentaje de inflación reinante y que impacta en los costos operativos de la empresa AySA, deben ser absorbidos por esfuerzo compartido por el Estado Nacional, como forma de paliar la grave situación económica ya que el agua potable es un bien público, es un servicio esencial y evita graves enfermedades de origen hídrico, entre otras cuestiones de salud pública», abogó en favor de los usuarios.
Claudio Daniel Boada, de la Sindicatura de Usuarios del ente regulador en representación de 29 entidades de consumidores, enfatizó que «no es momento para realizar aumentos tarifarios del 209%, tampoco estamos de acuerdo con un mecanismo de actualización que dispare un aumento mensual conforme a un mix de indicadores».
Pero no hubo espacio para la consideración de la suspensión de aumentos, ni siquiera cuando se tomó tal determinación con respecto a las tarifas de energía. La factura del agua será a partir de junio, definitivamente, un gasto «importante» del presupuesto familiar en hogares de ingresos medios, incluso de zonas menos favorecidas, para las que solamente se mantiene, como beneficio, una reducción de la tarifa del 15 por ciento que ya estaba vigente.
