El FMI apura la quita total indiscriminada de subsidios
Impuso que el 33% de hogares, no inscriptos en el RASE, deberán pagar la tarifa plena desde mayo, mes anterior al comienzo del invierno
( Raúl Dellatorre / Página 12 / Director de Motor Económico) La moratoria previsional para permitir el acceso a la jubilación a 800 mil personas mayores sin los aportes en regla de sus empleadores fue primero desaconsejada por el Fondo Monetario Internacional, resistida después y, finalmente, aceptada pero a cambio de hacerle pagar un fuerte costo económico a los hogares argentinos y probablemente un alto costo político al gobierno en período electoral. Le puso fecha final, definitiva, a los subsidios a los servicios energéticos para los hogares que no fueron inscriptos como de ingresos bajos o medios, y obligará al gobierno a subir sensiblemente las tarifas de gas en todo el país a partir de este invierno. Afectará no sólo a los sectores de altos ingresos, sino también a los que no completaron el trámite para ser calificados como de ingresos medios, e incluso dentro de esta franja intermedia también sufrirán aumentos los que superen una determinada pauta de consumo mensual.
La complicada voltereta fiscal es consecuencia de una suerte de «represalia» del Fondo a las autoridades económicas por no haber impedido la aprobación de la ley de moratoria previsional. El staff técnico siempre desaprobó el proyecto y lo resistió, logrando que pese a haber sido votada en junio de 2022 por el Senado, quedará dormido por más de medio año antes de que Diputados lo tratara y convirtiera en ley. Siguió resistiendo y algunos observadores le adjudican a las presiones del staff sobre el equipo económico que la promulgación de la ley por el Ejecutivo se demorara por más de tres semanas. Finalmente, ante la inevitabilidad de su promulgación, el staff técnico dejó firmado en el acuerdo de revisión de las metas del IV trimestre cuáles serían las condiciones que deberá cumplir el Ejecutivo para mantenerse dentro de las pautas presupuestarias.
En principio, pese a todas las consecuencias negativas para Argentina del contexto internacional, más las demandas sociales internas que se ven exacerbadas por la persistencia de la inflación, el FMI se puso firme en sostener inamovible el techo para el déficit fiscal de 1,9 puntos del PBI. Es decir, avisó que «si van a gastar más por la moratoria previsional», la plata tendrá que salir de otros ahorros, por caso, avanzar más firmemente en la quita de subsidios.
Fue inútil que la parte argentina insistiera en que la moratoria no era un acontecimiento no calculado, sino que estaba previsto en el presupuesto. La quita de subsidios también había sido pautada presupuestariamente y, sin embargo, no se estaba cumpliendo, respondieron los técnicos enviados desde Washington.
La realidad de la quita de subsidios es que no se ha abandonado como política para las tarifas energéticas y de agua corriente, pero sí se ha ido demorando su aplicación en el caso del gas. En aguas y energía eléctrica, la jurisdicción de la Nación sólo llega a CABA y el conurbano. Lo demás, el resto del país, corresponde a las jurisdicciones provinciales locales, incluida la facultad de fijar las tarifas.
En cambio, en las tarifas de gas natural por redes intervienen firmas distribuidoras que en su totalidad están bajo regulación de la jurisdicción nacional. A su vez, el impacto del aumento tarifario en el gas es mucho más sensible que los de energía eléctrica o el agua, no sólo por su magnitud sino porque se concentra en el período invernal. Por más que el gobierno haya logrado hacer aprobar por ley una tarifa especial subsidiada para hogares de «zonas frías», el impacto de la quita de subsidios igual es proporcionalmente importante para cualquier región.
Adicionalmente, el régimen de inscripción en el registro de acceso a los subsidios energéticos (RASE) dejó mucho que desear en sus resultados. Con un 48 por ciento de hogares registrados como de ingresos bajos y aproximadamente un 18 por ciento como de ingresos medios, quedó más del 33 por ciento sin inscribirse y, por lo tanto, categorizados como hogares de ingresos altos (por default, es decir que al no registrarse como de ingresos bajos o medios, se supone que son de ingresos altos).
«Está claro que no puede haber casi el doble de hogares con ingresos altos respecto de los de ingresos medios, que el problema fue no haberse podido inscribir quizás por no haberse enterado del sistema», señaló un ex alto funcionario del área a Página/12. «El problema es que si en el gas le quitás todos los subsidios al 33 por ciento de los hogares a partir de mayo, cuando empiecen los fríos en los principales centros urbanos del país y llegue la factura con los aumentos, esto es una caldera a punto de explotar», advirtió.
Este riesgo es, precisamente, el que las autoridades trataban de desactivar postergando la quita del 100 por ciento de los subsidios, a la espera que de que se inscribieran los hogares pobres o de ingresos medios todavía no listados. El FMI, con sus urgencias fiscales, vino a cortar la espera y las consecuencias, en materia social, económica y política, pueden ser las menos deseadas.
