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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó por presunto contrabando agravado y defraudación a la administración pública a directivos y accionistas de la empresa NRG Argentina, en una investigación por la multimillonaria sobrefacturación de importaciones de la firma que opera en Vaca Muerta. La maniobra fue detectada por el reciente intercambio de información con Estados Unidos.
El magistrado envió un exhorto a ese país para pedir el «aseguramiento preventivo» de los bienes que las personas y sociedades investigadas tengan allí, hasta cubrir la suma de 92,3 millones de dólares. En el exhorto se detalla que podrá tratarse de inmuebles, automóviles, aeronaves, embarcaciones, cuentas bancarias y activos financieros, entre otros bienes.
Los procesamientos, sin prisión preventiva y con embargos de cinco mil millones de pesos, recayeron sobre los empresarios Oscar Dario Guercio, Damián Strier, ambos de NRG, y Pablo Marull, director de Marull Heavy Equipment, proveedora de la mercadería. También se dispuso la inhibición general de bienes para todos los acusados y las sociedades involucradas.
Asimismo, quedó procesada como supuesta partícipe necesaria la despachante de Aduana Karina Cantafio.
Según la investigación, se verificó que la mercadería ingresada al país corresponde a equipamiento destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una “planta para producir arenas silíceas”, utilizada para la provisión de arena de fractura para la industria del petróleo y el gas (Cuenca de Vaca Muerta), «por lo que se encontraba sometida a tratamiento aduanero particular», advirtió el magistrado en su fallo.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de la división Análisis y Selección de Importación de la Aduana luego de un cotejo entre los valores declarados en la Aduana estadounidense y la Argentina, sobre 24 despachos de importación de la empresa. Se usó para ello un sistema conocido como «Falcon Dartss Ttu», y «se detectaron sustanciales diferencias; es decir, que los valores declarados en la República Argentina (que ascendieron a un total FOB de 100,4 millones de dólares) resultaban significativamente superiores a los declarados en los Estados Unidos (que ascendieron a un total FOB de 17,4 millones)», se recordó en la resolución judicial de 102 carillas del juez de Campana.
«La operatoria de contrabando de importación agravada investigada y su consecuente perjuicio a las arcas del Estado Nacional, les habría permitido obtener a los encausados, al tipo de cambio oficial, la suma de 92,3 millones de dólares, que luego fueron girados al exterior, ello en base a la presentación de documentación falsa», advirtió el fallo.
Los acusados «impidieron, mediante la presentación de documentación falsa, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, en un total de 24 operaciones», entre el 29 de junio de 2020 y el 8 de abril de 2022 a través de las aduanas de Campana y San Antonio Oeste.
«Se trata del primer precedente en el que gracias al intercambio de información tributaria con Estados Unidos se probó una maniobra de sobrefacturación de importaciones y se rastreó el flujo de dinero excedente que terminó liquidado en una sociedad de bolsa local», destacó la Aduana.
