La soberanía tecnológica es una perspectiva política sobre las TIC donde que la infraestructura y la Tecnología de la Información y las Comunicaciones está alineada con las leyes, necesidades e intereses del país para bienestar y desarrollo de la sociedad.
( Por Alfredo Moreno/ ingeniero de Tecnologías en Informática / Especial para Motor Económico) El Estado Argentino continúa, como muy poca efectividad, la disputa por los derechos en telecomunicaciones. Las empresas Telecom, Telefónica y Claro continúan aplicando aumentos a sus servicios de mala calidad desconociendo el decreto 6890/20 gracias a la protección judicial logrado en los amparos que las benefician.
Mediante la resolución 725/22 publicada en el Boletín Oficialel Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) autorizó este 25 de abril un aumento del 9,5 por ciento para las tarifas de teléfono, internet y televisiónque se aplica en mayo y otro en julio. No obstante, la medida no alcanza a las empresas amparadas por medidas judiciales, como Telecom y Movistar, las cuales vienen aplicando aumentos superiores.
Telecom ya aumentó 13 por ciento los precios en enero y otro 12 por ciento en abril con lo cual a julio tendrá un acumulado de un 44%, mientras que Movistar ajustó en febrero 16 por ciento y para abril tiene previsto un nuevo incremento de hasta un 12,6 por ciento., acumulando un 47,6 %.
El tope que establece ENACOM rige solo para las compañías que no lograron un amparo judicial para eludir el cumplimiento del DNU 690/2020, por lo general las empresas con menos capacidad de lobby en el poder judicial.
Durante el lanzamiento de la segunda etapa de «Argentina Programa», el presidente Alberto Fernández puntualizó. «Sabemos que vivimos en un país injusto», vamos a hacer de Internet un servicio público, para que no nos sigan robando con las tarifas. Y que se enojen los que se tengan que enojar». La advertencia sigue flotando en el aire, la realidad muestra que la debilidad de regulación de los precios por estos servicios esenciales lo deciden las Corporaciones y detrimento de la Democracia.
Lo estratégico de las Telecomunicaciones
Las privatizaciones de la empresa públicas de servicios esenciales a la población, como la dela Empresa Nacional de Telecomunicaciones ENTEL, llevada a cabo en la década del ’90 del siglo pasado en beneficio de Telecom y Telefónica, fueron decisivas para asegurar que el estado nacional, no tuviera control sobre las tecnologías claves que, permitirían la reconversión industrial del sistema capitalista que, se está llevando a cabo desde el principio del siglo XXI.
Otro caso fue Nahuelsat S.A. la empresa argentina creada para operar satélites geoestacionarios y comercializar sus servicios en el mercado de las telecomunicaciones; que a partir de 1993 comienza un proceso de privatización que orienta a la empresa a los intereses de capitales extranjeros. La nueva conformación integrada por Daimler-Benz Aerospace (Alemania), Aerospatiale (Francia) y Alenia Spazio (Italia), orbita el 31 de enero de 1997 el satélite geoestacionario Nahuel 1A. Este satélite, privado, es ubicado en la posición orbital geoestacionaria (POG) de 72 grados de longitud oeste, patrimonio del Estado argentino.
Las posiciones orbitales geoestacionarias son recursos patrimoniales transitorios de los países que se comprometen mediante un acuerdo internacional con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a cumplir con servicios y tecnologías satelitales enunciados en dicho acuerdo.La falta de inversión y el fracaso comercial de la UTE Nahuelsat S.A. pusieron en riesgo la POG asignada a la Argentina. El incumplimiento de poner en el espacio el satélite asignado el satéliteNahuel II,creó las condiciones para activar la quita de la misma, dejando al país sin ninguna posición satelital. En este contexto, el recién asumido PresidenteNéstor Kirchnerlogró una acción política que permitió al país retener la POG mediante una prórrogagestionada ante la UIT.
Nahuelsat se declaró en quiebra, entró en proceso de convocatoria y liquidó sus bienes. Como alternativa, en 2004, el gobierno nacional solicitó una nueva prórroga a la UIT para constituir una empresa reemplazante, una sociedad anónima con mayoría estatal.
Nace una esperanza. ARSAT, creada por Ley 26.092 en el año 2006, fue concebida para proteger y explotar las Posiciones Orbitales Geoestacionarias (POG) asignadas a la Argentina. Un hecho tan simbólico que la nueva empresa de telecomunicaciones se radica sobre el predio que ocupó Nahuelsat. ARSAT fue planifica para ser la empresa pública que disponga la infraestructura de telecomunicaciones y procesamiento de datos en una visión integral para las demandas de la actual transformación digital.
El estatuto de la empresa, incluido en la ley de creación, establece que los satélites de la empresa deben ser construidos en la Argentina, configurando así un ciclo vital para el desarrollo satelital argentino. El estado nacional integra empresas, ciencia y técnica, universidades y mercado, para producir satélites que puedan asegurar el servicio en telecomunicaciones, nacional e internacional. Este modelo logró en 2014 y 2015 poner en órbita los satélites ARSAT 1 y 2 y crear el plan argentino satelital que luego fue desconocido por la gestión de Cambiemos y el presidente Macri.
El avance de autorizaciones satelitales otorgadas por el Gobierno de Cambiemos que no cumplen el espíritu de las normas vigentes y no resguardan la soberanía y el interés nacional, permitieron que corporaciones globales habiten el espacio satelital argentino.
Las autorizaciones realizadas por el ENACOM durante la gestión del gobierno de Cambiemos, desconoce el “Reglamento de Gestión y Servicios Satelitales” define el concepto de reciprocidad y establece una serie de requisitos y condiciones para el acceso al mercado argentino de proveedores de facilidades satelitales.
Desde el año 1999 nuestro país celebró seis acuerdos de reciprocidad con otras naciones, todos vigentes a la fecha: Estados Unidos (1998), España (1999), Países Bajos (2000), Canadá (2000), Brasil (2001), México (2002).
Sobre la base de estos acuerdos se autorizaron satélites en Argentina de los siguientes operadores: Intelsat y Directv (Estado Unidos), Telesat (Canadá), SES (Países Bajos), Hispamar (Brasil), Eutelsat Américas (México), Hispasat (México).
En el 2018 el Ministerio de Modernización realizó una nueva interpretación del reglamento y otorgó autorizaciones en función de la posición orbital de la administración notificante ante la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), cuando el reglamente establece que la autorización debe ser en función de la nacionalidad del satélite. Pero, sobre todo, se otorgaron autorizaciones a terceras administraciones sobre las que el operador nacional ARSAT, no recibe igual tratamiento, es decir, no le habilitan la prestación del servicio. Tal como se describe en los fundamentos del proyecto, actualmente se puede observar la controversia surgida de la autorización de satélites de operadores europeos de filiales en Brasil y México, como es el caso de Hispamar (Brasil) filial de Hispasat (España) y Eutelsat Américas (México) filial de Eutelsat (Francia).
La disputa ahora es por los servicios en Banda KA tecnología que estaba prevista en el ARSAT-3 que debería haberse orbitado en 2017 hecho discontinuado pro la gestión del presidente Macri.
La Soberanía Tecnológica se expresa en regulaciones que expresen claramente que cualquier operador extranjero tendrá los derechos de aterrizaje asegurados si el artefacto es fabricado en Argentina, sin importar la bandera del operador o la administración notificante de la posición orbital que ocupa, en una clara búsqueda de promover las capacidades mostradas por INVAP en la fabricación de satélites geoestacionarios.
La Soberanía Tecnológica se expresa en regulaciones para las grandes corporaciones digitales respecto de los datos y su seguridad. Los servicios digitales utilizados por la población deben tener un almacenamiento de datos en el territorio nacional. El notable data center de ARSAT es una herramienta para poner condiciones a las GAFAM que dan servicio “gratuitos” en las nubes que promueve cada corporación.
Un Estado emprendedor no solo financiador
La evolución de los Servicios de Banda Ancha, con índices de crecimiento exponenciales en las velocidades de conexión fijas y móviles, con aplicaciones convergentes de gran impacto social, cultural y económico, requieren la adecuación y modernización tecnológica de la Infraestructura de Redes de Telecomunicaciones, incorporando Tecnologías de Nueva Generación.
El actual modelo de explotación de empresas que compiten con superposición de infraestructura, ha puesto en evidencia su profunda incompatibilidad con los objetivos requeridos por la nación. Han provocado un significativo deterioro en la calidad de las redes y la calidad y formación de los trabajadores de las telecomunicaciones, lo que amenaza profundizarse de acuerdo a los requerimientos de renovación que requieren en esta etapa trascendente.
El estado necesita de un Plan Estratégico de referencia al que todos los prestadores deberán adherir de manera operativa.
A nuestro entender, este Plan comprenderá al menos:
- *La definición de los mercados de telecomunicaciones.
- *Las condiciones de universalidad de los servicios.
- *Las condiciones de interconexión y de aprovechamiento de redes.
- *La viabilidad económica del Plan de manera de maximizar el valor agregado a la economía nacional.
- *Las decisiones tecnológicas que permitan aprovechar el poder de compra de los prestadores de servicio para favorecer el desarrollo de una industria nacional de bienes de producción de telecomunicaciones, informática y electrónica.
- Decidiendo sobre los recursos esenciales para la prestación de los servicios. Esto implica, decisión sobre la planificación, gestión, conservación y asignación de los recursos esenciales.
- Estos recursos comprenden:
- 1) El espectro radioeléctrico.
- 2) Los recursos órbita-espectro de las comunicaciones satelitales.
- 3) La numeración, direccionamiento y otros recursos escasos para el desarrollo de las redes públicas de telecomunicaciones.
- 4) La(s) red(es) de transporte esencial(es).
- 5) El suelo, subsuelo, inmuebles y espacio aéreo esenciales.
- Estableciendo las Tecnologías Convenientes de producción nacional. Esto se llevará a cabo a partir de la creación de un Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), donde se implemente un Observatorio TIC conformado por representantes del gobierno, las cámaras de las empresas de servicio, las cámaras de las empresas de producción, los centros profesionales y sindicatos afines y las Universidades Nacionales.
- Definiendo los distintos mercados, donde en todos y cada uno de ellos deberán concurrir prestadores de gestión estatal o mixta con mayoría estatal. La definición de un mercado implica la enumeración de al menos las siguientes
- características:
- Servicios de telecomunicación a prestar.
- Indicadores de calidad de los servicios a prestar.
- Área geográfica donde se prestarán los servicios.
- Tipo de usuarios de los servicios.
- Modo económico – administrativo de prestación.
- En todos los mercados, serán obligaciones comunes a todos los prestadores, los valores máximos de las tarifas, así como las condiciones de aplicación y uso de la tecnología que forman parte de las pautas para el desarrollo productivo nacional.
- Fijando en todos los casos las tarifas máximas de los servicios. Éstas deberán ser justas y razonables, cubrir los costos de una explotación y prestación eficientes, tener en cuenta los costos reales y las diferencias de poder adquisitivo y situación geográfica de los usuarios, considerar una rentabilidad razonable que agregue valor agregado al conjunto de la economía nacional y financiar el desarrollo de las telecomunicaciones.
- Regulando la Interconexión de redes de Transporte en forma abierta, la compartición y coubicación de las Redes de Acceso y la Neutralidad de la Red. Todo esto, tenderá a la optimización de los recursos utilizados en la producción de los servicios y, esto deberá traducirse en la consiguiente disminución de los precios a pagar por los usuarios.
Debemos contemplar la posibilidad de un cambio radical en las políticas públicas para el sector de las Telecomunicaciones y la legislaciónexistente. Estableciendo y teniendo en consideración que:
La existencia de múltiples redes como el mercado actual solo logra encarecer el servicio por una inversión que se multiplica y que en casi todos los casos lo que hace es encarecer los servicios cohabitados y si su administración y explotación es por parte de privados se produce el fenómeno de monopolio que fija precios y calidad de servicios con el fin de producir rentas desproporcionada y si son varios actores privados muchas veces deriva en la “cartelización” con efectos similares al monopolio. Por ello se debe evitar la irracional superposición de infraestructura y conformar una única red de propiedad pública.
Por esto el estado debe asumir el rol de administrador y propietario exclusivo de una única red de transporte, tanto terrestre como radioeléctrica, que arrendara a los prestadores de servicios en forma ecuánime. Además, fijara un valor máximo a las ganancias que podrían tener las prestadoras. Fijando también políticas especiales que pudiesen incluir subsidios para cooperativas que ayuden a eliminar la desigualad en el acceso por ubicación territorial realizando una verdadera federalización del servicio.
La tecnología no es neutral
Tampoco es casual que se la venda como tal. Antes de la pandemia, en Capitalismo de plataformas, el canadiense Nick Srnicek advertía que “Internet se ha transformado en una suerte de utopía neoliberal desregulada y con pocos ganadores”. Olvidó señalar que ofrece grandes oportunidades políticas y comerciales. En especial a países como el nuestro que, gracias a universidades públicas y organismos de investigación reconocidos internacionalmente, está en condiciones de crear y exportar productos de alto valor agregado, en vez de “alquilar” o “exportar” egresados formados en las Universidades y Colegíos públicos con financiamiento estatal.
Demasiados legisladores y comunicadores, políticos y sindicalistas perciben a las tecnologías de la comunicación como meras herramientas. Apenas sospechan la dependencia a la cual nos condena la falta de tecnología propia y renuncian a oír otras voces que la de teóricos de la tecnología o técnicos vinculados a organismos multinacionales de crédito.
Hoy las empresas que venden o alquilan equipamientos, software, plataformas y redes en Argentina, (incluyendo a organismos del Estado, universidades y cooperativas) son los dueños del mercado internacional. Para comprobar su relación con contenidos de plataformas y redes, es suficiente mirar la publicidad insertada en links locales o registrar las agresiones a líderes populares con fuerte relación con su pueblo.
Así, se produce una paradoja.
Los mismos que reclaman distribución democrática de papel y frecuencias radioeléctricas o lamentan los efectos de las redes sobre audiencias y electorados, expresan a viva voz que “no importa la tecnología que se use para Internet” y no compran equipamientos nacionales “por costosos y de mala calidad”. Lo cual, además de mentira, es un mal argumento frente a logros, por ejemplo, de nuestra industria satelital.
Sin soberanía tecnológica no existe soberanía nacional.Ya no lo dice Jorge Sábato, Cacho Otegui o Ricardo Bacalor. Byung-Chul Han, el pensador coreano, considera hoy “soberano” sólo al país que dispone de sus datos. Hoy el desarrollo y distribución de contenido esta fuertemente asociado a las tecnologías de transporte y visualización del mismo.
5G si claro, pero con soberanía política
Argentina durante el 2022, licitará las frecuencias para el 5G.
Los expositores estadounidenses fueron el embajador Marc Stanley, el representante del Departamento de Estado y la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) del Departamento de Comercio.
Los oradores del Gobierno de Argentina incluyeron al vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, al presidente de ENACOM, Claudio Ambrosini, y al presidente de ARSAT, Matías Tombolini. Además, realizaron presentaciones expertas del sector privado de empresas estadounidenses e internacionales.
“En comparación con dónde estábamos hace tres años, el entorno Open RAN actual es extraordinario”, dijo el director interino de la Oficina de Ciberseguridad y Política Digital del Departamento de Estado, Paul Harrison. “A nivel mundial -incluso aquí en las Américas-, ya se están implementando las redes 4G y 5G basadas en los principios de Open RAN, que ofrecen un nuevo camino, libre del bloqueo del proveedor y resiliente frente a las fuerzas geopolíticas y del mercado”, agregó.
Esta conferencia fue una continuación de los diálogos de alto nivel mantenidos en 2021 y en abril de 2022 entre el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, durante los cuales las dos partes exploraron la cooperación en tecnología de la información y las comunicaciones, 5G, cuestiones relacionadas con la seguridad de redes y la diversificación de proveedores, así como oportunidades para las empresas argentinas en Open RAN.
Estos encuentros, que incluyen reuniones bilaterales los días 9 y 10 de mayo entre funcionarios argentinos y funcionarios estadounidenses del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), están orientados a fortalecer la coordinación entre los EE.UU. y Argentina sobre temas importantes como la innovación tecnológica, 5G y la seguridad de la infraestructura tecnológica crítica de Argentina.
La financiación de los encuentros fue posible gracias a Digital Connectivity and CybersecurityPartnership (DCCP), una iniciativa del gobierno de EE.UU. que sostiene que “los países socios deben aprovechar el poder de una economía digital abierta, interoperable, confiable y segura, y promover mejoras de infraestructura que sean de alta calidad, seguras, diversas y resilientes; reformas legales y regulatorias favorables a la competencia y consistentes con los valores democráticos y de libre mercado; políticas que faciliten la innovación y la inversión de los Estados Unidos y países afines; y prácticas de ciberseguridad en línea con las mejores prácticas internacionales”.
“Los mismos de siempre”
Para el 4G se licitaron en 2014 las bandas B2, B4, B7 y B28. Los ganadores de esta licitación Telecom, Telefónica y Claro aún mantienen compromisos explicitados en el pliego de contratación sin cumplir; como el caso de la cobertura del servicio 4G en zonas aledañas a las grandes ciudades.
El Ente Nacional de Comunicaciones reunió, entre el 15 y el 19 de marzo de 2021, a Ericsson, Huawei y Nokia, las empresas globales más grandes de infraestructura de red de telecomunicaciones con el fin de que las mismas, realicen demostraciones orientadas a la tecnología de quinta generación (5G) para conexiones de banda ancha móvil.
El evento fue motorizado por los gigantes globales de estas tecnologías, según se puede apreciar en declaraciones de los representantes o voceros corporativos con el objetivo de delimitar el mercado argentino respecto del 5G y mostrar al organismo que regula las telecomunicaciones, al jefe de gabinete y a la secretaria de innovación como esta tecnología permitirá transformar la sociedad.
Por su parte, Fernando Sosa, Country Senior Officer de Nokia en Argentina y responsable comercial para el Cono Sur, destacó: “Nos enorgullece poder contribuir con ENACOM con nuestro liderazgo y experiencia mundial, que se encuentra reflejada en los 146 acuerdos comerciales que tenemos en 5G, algunos de estos en América Latina, para que esta tecnología sea en Argentina un elemento transformador en la creación de una sociedad digital productiva e inclusiva. En un reciente estudio que realizamos con OMDIA, se determinó que Argentina podría tener un crecimiento económico de 302 mil millones de dólares entre este año y el 2035 si desplegara 5G, con una productividad de 778 mil millones de dólares, generando un salto en la conveniencia para la población, la productividad de las empresas y la gestión de los gobiernos.
Voceros de Telecom quien se presenta de la mano de Telecom, aseguraron: “Habiendo encendido la primera red 5G en nuestro país, con sitios funcionando en las ciudades de Buenos Aires con Huawei y de Rosario con Nokia, y con una serie de ensayos realizados en los últimos años, Telecom acompaña las pruebas de esta tecnología que está llevando adelante ENACOM con distintos actores del ecosistema TIC. De esta manera, Telecom comparte con ENACOM su know-how y experiencia para contribuir a darle visibilidad a una tecnología que revolucionará las comunicaciones móviles en nuestro país, abriendo la puerta hacia una nueva era en la economía digital”.
Los antecedentes de la última licitación de espectro, año 2014, para las bondades de los servicios de cuarta generación (4G), muestras claramente que las empresas de telecomunicaciones locales no cumplieron con las condiciones de contratación.
Favorecidas por ausencia de regulación y control a cargo del ENACOM durante el período 2016/2019, no completaron las condiciones estipuladas por el pliego de la contratación.
Las empresas ganadoras, se adjudicaron por un período de 15 años el espectro licitado y no cumplieron aún, la obligación de garantizar el servicio 4G en capitales de provincias, corredores nacionales provinciales y ciudades de más de 500 habitantes en un plazo de cinco años, con metas intermedias.
Entre las obligaciones de las condiciones definidas por el pliego, también figura que los adjudicatarios deberán firmar acuerdos de itinerancia automática en el ámbito nacional “para todos los servicios soportados por sus redes con los operadores entrantes que resulten adjudicatarios de la licitación”. Además, los operadores que ya cuentan con infraestructura instalada deberán compartirla con los operadores entrantes.
La resolución estableció cinco etapas para el despliegue de la red de cuarta generación, que aún no están auditadas sobre su total cumplimento:
Etapa 1: En 18 meses se deberá brindar servicio en las capitales provinciales, el Area Metropolitana de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario y 13 corredores provinciales especificados en el Anexo III, como por ejemplo Buenos Aires-Mar del Plata y Buenos Aires-Rosario. En la resolución se aclara que los 18 meses se extienden a 24 en el caso del operador entrante.
Etapa 2: En 27 meses la red deberá cubrir todas las ciudades con más de 50 mil habitantes y otros 11 corredores provinciales. El operador entrante dispondrá de 36 meses.
Etapa 3: En 36 meses (47 para el entrante) la obligación será extender el servicio a todas las ciudades de más de 10 mil habitantes y otros 10 corredores provinciales.
Etapa 4: En 45 meses (54 para el entrante) se prevé llegar a todas las localidades de más de 3 mil habitantes y otros 12 corredores provinciales.
Etapa 5: En 60 meses (69 para el entrante) se debe llegar a todas las ciudades de más de 500 habitantes.
Si bien, la quinta generación (5G) es el horizonte, el presente y futuro para la transformación digital de nuestro país, la realidad sobre los servicios de 4G para todo el territorio nacional es una deuda pendiente.
Los déficits de los servicios actuales, provistos por las empresas que ganaron la licitación del espectro del año 2014, como la falta de cobertura y el alto costo de los servicios limita el acceso a más del 26% de la población argentina.
El Estado es el motor de las inversiones en un modelo de integración federal de los servicios de telecomunicaciones. No debe quedarse en ser el proveedor de los recursos económicos solamente. Es necesario crear empresas pública-privada para dar el servicio de última milla (domiciliario) y desarrollar una telefonía móvil (5G) en el sentido del proyecto frustrado LibreAr.
La decisión política de no intervenir en el mercado dejará a los argentinos nuevamente en manos de “los conocidos de siempre”, entonces el 5G será un sueño 4.0 para los intereses soberanos de nuestro país.
