Un total de 15 senadores de Chile se manifestaron en contra de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera y aunque el juicio político aún no termina ya es matemáticamente imposible que la oposición logre alcanzar los 29 votos que exige la Constitución para destituir al mandatario.
«Es lamentable que no se lograran los votos necesarios para aprobar la acusación, los senadores demostraron que no están a la altura y que no votaron en conciencia», afirmó en conferencia de prensa el diputado del Partido Socialista (centroizquierda), Leonardo Soto, impulsor de la acusación.
Tanto la oposición como el oficialismo votaron mayoritariamente en bloque: la izquierda y centroizquierda sufragaron a favor y los senadores de derecha y centroderecha rechazaron.
«Voté a favor de la acusación constitucional contra el presidente Piñera porque el mandatario se mueve siempre al borde de la legalidad, en este caso había antecedentes para demostrarlo y era absolutamente necesario dar una potente señal para el país», tuiteó el senador del Partido Socialista (centroizquierda), Carlos Montes.
De la Unión Demócrata Independiente (centroderecha), el senador José Durana criticó la acusación durante su intervención, asegurando que «Chile merece mucho más que el espectáculo que hoy nos muestra este proceso, es hora de valorar y dignificar la función parlamentaria».
El senador oficialista de Renovación Nacional (centroderecha) Manuel José Ossandón fue el único parlamentario que no votó igual que sus compañeros y prefirió abstenerse.
Ossandón argumentó que el mandatario y su círculo cercano no entregaron todos los antecedentes del caso y no fueron lo suficientemente transparentes, lo que impidió contar con toda la información y los datos para establecer o descartar una infracción.
Este resultado dio por culminado el trámite de la acusación, dejando sin efecto la aprobación que consiguió la oposición en la Cámara de Diputados la semana pasada.
El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Papeles de Pandora en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
Fiscalía abrió una investigación contra Piñera por sospechas de cohecho, soborno y eventuales delitos tributarios.
Fuente: Sputnik
