Techint amenaza a la UOM con cerrar Ternium
El sindicato acusa a Paolo Rocca de pagar «salarios de hambre». El trasfondo macroeconómico como argumento empresario.
Por Marcial Amiel
El fantasma de los años noventa, cuando tras la privatización de Somisa la ciudad de San Nicolás se convirtió en la capital del cuentapropismo entonces encarnado por remises y maxikioscos, amenaza nuevamente la ciudad de la Segunda sección bonaerense.
Este viernes, tras un prolongado conflicto judicial, se confirmó el cierre definitivo de la planta de la empresa química Atanor, que deja 150 trabajadores en la calle. Pero en horas de la tarde se conoció una noticia mucho más preocupante. En el marco del prolongado conflicto con la UOM por la paritaria de la rama siderúrgica, que el Grupo Techint se niega a pagar, los representantes de la empresa amenazaron con el cierre total del alto horno, que es el corazón de la planta Ternium Siderca. Se trata de la misma paritaria que el año pasado se prolongó por once meses.
Con casi diez mil trabajadores, entre directos y contratados, Techint es el principal empleador de la región. De concretarse, el cierre también tendría también consecuencias en Ramallo y otras localidades cercanas.
Tras una serie de audiencias virtuales, el secretario general de la UOM nicoleña, Naldo Brunelli, acompañado de su secretario de Acción Social, Luis Sánchez, se dirigió a los trabajadores que lo aguardaban afuera de la sede sindical, en una suerte de asamblea improvisada.
El conflicto se arrastra desde hace aproximadamente un mes, cuando se cerraron primero y homologaron luego acuerdos paritarios para otras ramas, como la metalúrgica y la metalmecánica, por 3,3 por ciento en abril, 1,2 en mayo, 1,1 en junio; 1 en julio; y 1 en agosto, de carácter acumulativo, pero no en la siderurgia.
Entonces, frente al creciente malestar y tensión sindical y la posibilidad certera de que el gremio dictara medidas de fuerza, la empresa realizó una denuncia ante el ministerio de Trabajo, por denuncia de «medidas ilegítimas de acción sindical», que obtuvo como respuesta una contradenuncia por incumplimiento de la empresa.
El incumplimiento es básicamente salarial, pero también vinculado a las condiciones de seguridad e higiene y al estrés que sufren los trabajadores. Esas denuncias redundaron en una conciliación obligatoria por diez días. Concluido ese período, la conciliación se renovó dos veces, por diez días más cada una.
Esa última renovación venció dos días atrás y, desde entonces, los trabajadores vienen realizando retención de tareas. Ante la falta de acuerdo entre las partes, la empresa le comunicó a Brunelli que evalúa cerrar el alto horno si los trabajadores no deponen su reclamo salarial.
«Nosotros aclaramos en la audiencia ante los funcionarios que el problema es económico, porque la mayoría de los salarios son de hambre», explicó el veterano dirigente y luego contó que «quieren hacer una parada técnica», que fuentes del sector califican como infrecuente en esta época del año, pero que tampoco descartan el cierre.
Brunelli recordó que «en tiempos de Agostino Rocca (fundador de Techint) uno de los hornos estuvo parado años, a un costo de siete millones de dólares por mes, pero Agostino ya no está». «Nos quieren poner entre la espada y la pared, pero no estamos en condiciones de recular. Si no hacen ninguna propuesta, no vamos a levantar las medidas, si hace una propuesta nos sentamos a hablar», dijo.
A su turno, Sánchez leyó los fundamentos presentados por los abogados del sindicato ante los funcionarios provinciales. Allí negaron las acusaciones por parte de la empresa de dañar o poner en peligro las instalaciones necesarias para el proceso productivo. Concluida la exposición de los dirigentes, los trabajadores decidieron permanecer en la planta a la espera de definiciones.
Finalmente, en las últimas horas del viernes, Trabajo dictó una nueva conciliación, esta vez por quince días. Sin embargo, los trabajadores aún no habían decidido levantar las medidas de fuerza para cumplir la orden.
La posición de Paolo Rocca
El contexto vuelve más que verosímil la amenaza de Paolo Rocca. Desde fines del año pasado, el principal directivo de la multinacional ítaloargentina con sede en Luxemburgo viene reclamando contra dos aspectos de la política económica del gobierno nacional.
Según Rocca sostiene en distintos foros empresarios, los principales problemas que afectan al sector son el atraso cambiario, que encarece el costo operativo en dólares, y la apertura importadora, que permite el ingreso de planchas de acero tanto de Brasil como de China.
«Con Brasil estamos 15 por ciento arriba, con una reingeniería se podría acomodar, pero con China la diferencia es 50 por ciento, así es imposible», sostuvo en noviembre de 2024. El encargado de responderle fue el jefe de gabinete, Guillermo Francos: «no va a haber una Argentina proteccionista».
El tercer punto, que hasta acá Rocca evitó mencionar, pero el sindicato explica con lujo de detalles, es la caída de la demanda. La planta históricamente abastece a la construcción, pública y privada, que está parada, a la actividad agropecuaria, que atraviesa un mal momento, y a las industrias automotriz y de línea blanca, que están en niveles mínimos. Conclusión: se produce menos y encima, se importa.
Este año, Rocca tomó control de la Unión industrial Argentina (UIA), a través del CEO de Cerámica Alberdi, Martín Rapallini. En las últimas semanas, las críticas de Rapallini al modelo desindustrializados de Milei vienen in crescendo.
Fuentes sindicales consultadas entienden que, si Rocca hiciera efectiva su amenaza, cumpliría un doble objetivo: meter presión política sobre el gobierno en la antesala de una elección legislativa crucial y detener una operación de resultado económico incierto, al menos hasta que el escenario (en especial el nivel de actividad), se torne más favorable.
Atanor, afuera
La empresa química Atanor, perteneciente al grupo estadounidense Albaugh, anunció la relocalización de su planta de San Nicolás, que se mudará a Río Tercero, provincia de Córdoba.
La planta en cuestión, que arrastra años de conflictos judiciales y demandas por contaminación, sufrió en marzo del año pasado la explosión de un tanque de atrazina, una sustancia altamente tóxica, que generó una nube que contaminó la ciudad por las siguientes 48 horas. Este año, en junio, la Autoridad del Agua volvió a clausurarla, tras detectar un vuelco ilegal de efluentes peligrosos en el Paraná.
La decisión genera 150 nuevos desempleados. Mientras, el sindicato químico, cuya regional nicoleña conduce Ricardo García, discute con la empresa los términos y montos de las indemnizaciones.
Más allá de los problemas legales, lo cierto es que allí se fabricaban pesticidas y otros agroinsumos, destinados a uno de los sectores productivos más golpeados por el gobierno de Javier Milei, con demanda incierto en el futuro inmediato.
