La firma de un decreto fechado el pasado 25 de mayo permitirá avanzar con el financiamiento de las represas Kirchner y Cepernic, frenadas por el gobierno de Mauricio Macri. Las complejas implicancias geopolíticas y las internas oficiales detrás de la medida.
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12 / Director de Motor Económico ) El gobierno acaba de dar un paso, esta semana, que marca el avance en una solución largamente esperada, pero cuya demora ya resultaba difícil de justificar. A través del decreto 269, fechado el 25 de mayo, se «faculta al ministro de Economía a suscribir, en nombre de la República Argentina, el acuerdo de enmienda y restablecimiento del contrato de línea de crédito» para el financiamiento de la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner sobre el río Santa Cruz.
Esta obra, junto a otros cinco emprendimientos de infraestructura eléctrica, fueron paralizadas durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos y sólo en algún caso se pusieron en marcha parcialmente a partir del nuevo gobierno. La particularidad es que en todas estas obras se contaba con financiamiento de instituciones chinas, respaldo que fue logrado en el marco de la alianza con el gigante asiático durante el gobierrno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es por la presencia china en los contratos que algunas áreas de gobierno frenan su avance? Hay quienes creen que sí. Y tienen sus razones.
Las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz estaban incluídas en la nota que el senador Oscar Parrilli envió el 26 de abril a la Comisión de Minería, Energía y Combustible para que cite al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Gustavo Béliz, solicitándole que informe sobre las demoras en aprobar el financiamiento de estas importantes obras de infraestructura.
En manos de Béliz está la llave para aprobar el financiamiento de estas inversiones, que además por haber sido congeladas durante el macrismo, en prácticamente todos los casos necesitan la firma de una addenda entre las partes para modificar los plazos, esquemas de repago y en algun caso hasta los montos de los créditos acordados antes de 2015.
Durante los años 2020 y 2021, hubo varios pedidos de información, a veces de las propias empresas contratistas adjudicatarias de las obras, pidiendo explicaciones sobre la demora en la actualización. El argumento habitual era que las entidades financieras chinas participantes, en general estatales, requerían como condición el acuerdo previo de Argentina con el FMI para poder confirmar el otorgamiento de los créditos. Pero a partir de marzo de este año, el argumento perdió validez.
Se trata de obras de trascendencia estratégica en todos los casos. Son seis proyectos en total los mencionados por el senador Parrilli en su requerimiento. Además de las represas de Santa Cruz, está también señalada la de Chihuido I (río Neuquén), la central térmica Manuel Belgrano, el anillo energético AMBA I (fortalecimiento de líneas de transmisión) y dos proyectos nucleares fundamentales: la cuarta central Atucha III y el desarrollo propio del reactor modular Carem.
Todos cuentan con el acuerdo de China para su financiamiento, desde antes de 2015. Y no es un secreto que hay fuerte oposición de los gobiernos de Estados Unidos (el actual y los anteriores) a esa participación. En la nota de tapa de Página/12 del último domingo (22 de mayo) se informó sobre las llamativas gestiones de funcionarios del Departamento de Estado en la Argentina entre el 4 y el 8 de abril pasados referidas a los proyectos nucleares (nota de Alejandra Dandan), con el objetivo explícito de descalificar el aporte chino, ya fuera en materia técnica o financiera.
Las idas y vueltas del secretario de Asuntos Estratégicos demorando la resolución del financiamiento que posibilitaría la reanudación del ritmo de obra, fue interpretado por un sector del Frente de Todos como un accionar funcional a la intención del gobierno norteamericano. De allí que, a un mes de haberse firmado el acuerdo con el FMI, Parrilli exigió explicaciones de Beliz.
El pedido fue reiterado en los últrimos días, pero tuvo una respuesta indirecta. El decreto 269 que firmaron Alberto Fernández, Juan Manzur y Martín Guzmán, habilita a este último para encarar los trámites con su contraparte china para resolver el tema del financiamiento de las represas santacruceñas. Se trata de un préstamo por 4714,3 millones de dólares. La decisión adoptada fue considerada, tanto en el ámbito político como empresario, como «un primer paso necesario» para empezar a destrabar el ingreso de recursos. Pero, aclarando, que por ahora sólo está referido a uno de los seis proyectos comprometidos.
La central Atucha III tiene prevista una inversión de 8700 millones de dólares; la central térmica Manuel Belgrano, una cifra superior a los 2000 millones. Para el proyecto AMBA I se proyectan otros 1100 millones de dólares. Son montos demasiados significativos en, al menos, dos sentidos: habla de la importancia de los emprendimientos pero, además, de una más que deseable magnitud de recursos en divisas que están esperando para ingresar al país tan solo de una autorización oficial.
Se entiende que el tema haya generado algún grado de tensión entre el secretario de Asuntos Estratégicos y el ministro de Economía. Por el interés de uno en preservar las relaciones y el alineamiento con Washington, y por la urgencia del otro en contar con divisas que reforzarán las reservas internacionales y su política apuntada a «tranquilizar la economía» en un plazo breve, de la mano de los equilibrios macroeconómicos.
Por eso, el decreto habilitando al titular del Palacio de Hacienda a manejar la resolución del tema fue interpretado como «una buena señal». Pero no indicativa, todavía, de que en los otros proyectos se vaya a repetir el mismo criterio.
El otro aspecto que, para algunos, torna incomprensible que se posterguen la realización de proyectos en función de supuestos compromisos geoestratégicos con Estados Unidos, es que son obras consideradas imprescindibles para mantener el ritmo de crecimiento económico y no tener que pasar por cuellos de botella en el suministro eléctrico. Tal es el caso del anillo energético AMBA I, un proyecto para reforzar el transporte en alta tensión a la región más poblada del país, y la construcción de estaciones transformadoras de la energía que llega en alta tensión, a media y baja para poder llegar al consumo domiciliario. Necesidades para las cuales el gobierno macrista hizo un aporte nulo.
La central térmica Manuel Belgrano, cuya construcción demandaría menos de dos años en obra (a diferencia de las hidroeléctricas, de más largo plazo de realización), es otra posibilidad de sumar generación en tiempos más breves.
Con otros criterios más estratégicos, que tienen que ver con la mayor o menor voluntad de poder tener un desarrollo científico propio, se discutirá –o se discute, todavía no a cielo abierto– el programa nuclear. Atucha III y el desarrollo argentino del reactor Carem son herramientas clave de ese programa. Probablemente, sea uno de los debates más vibrantes que se viene.
