Más allá del inminente debate por el proyecto oficial de reforma laboral flexibilizadora, en los hechos ya muchas empresas vienen aprovechando las facilidades que les brinda el Gobierno nacional para, en el marco de la crisis generalizada de industria y el comercio, avanzar con reducciones de personal e incluso incumplir con sus obligaciones en cuanto al pago de indemnizaciones tras las desvinculaciones. En los últimos días se registraron despidos en empresas como la química Sealed Air, la papelera Lustramax y la firma de seguridad privada Hunter, mientras que un grupo de despedidos de la textil fueguina Blanco Nieve, cesanteados hace tres meses, siguen sin cobrar lo que les corresponde.
La multinacional Sealed Air, que emplea a más de 16 mil empleados en sus plantas en 60 países, decidió el pasado 29 de diciembre desvincular a 65 trabajadores de su fábrica de la localidad bonaerense de Quilmes, donde produce packaging de plástico para sellado al vacío de productos alimenticios, abasteciendo también a Chile y Uruguay. Las cesantías se producen luego de una conciliación obligatoria que los había reincorporado tras el despido de 97 personas en noviembre (instancia en la que se acordó el retiro voluntario otros 45 operarios cerca de jubilarse). Según los trabajadores, la producción no bajó y la única justificación para los despidos es la intención de avanzar con “una reforma laboral de hecho”, que también incluye una intensificación de los ritmos productivos. Por eso, desde este lunes 5 de enero, la empresa se encuentra en “paro por tiempo indeterminado”, buscando reabrir los canales de diálogo con la patronal.
En el caso de la papelera Lustramax, productora de artículos descartables ubicada en el parque industrial de la localidad bonaerense de Tortuguitas, despidió en los últimos días a 29 trabajadores, incluyendo a algunos en periodo de prueba. En este caso, la firma también argumenta una situación de crisis, pero sus trabajadores la desmienten: “La patronal aprovecha el avance de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Milei para quitarnos derechos fundamentales”. Así, la plantilla de la fábrica se encuentra hace 15 días en estado de alerta y asamblea permanente, reclamando también el pago del bono de fin de año y la puesta al día con los aportes a la obra social, adeudados hace tres meses.
La empresa de seguridad privada Hunter perdió la licitación para continuar con el servicio de seguridad en el Hospital Rawson, el principal nosocomio de la provincia de San Juan, y despidió a 130 trabajadores a inicios de este mes (algunos con hasta 20 años de antigüedad en la empresa), pero ofreciendo pagarles solo el 70% de las indemnizaciones correspondientes. Se espera el pronunciamiento y la intervención de la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA) ante este nuevo intento de abuso empresarial.
Por último, 35 despedidos de la textil Blanco Nieve, de la ciudad fueguina de Río Grande, que cerró en octubre del año pasado, siguen sin cobrar los salarios adeudados y las indemnizaciones que les corresponden. Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva) denunciaron: “Desde el 31 de octubre estamos resguardando el lugar y esperando que el dueño aparezca, aunque sea para cumplir con las indemnizaciones”. Pese a que entre los despedidos había trabajadores con más de 20 años de antigüedad, el subsidio de desempleo fue otorgado por apenas ocho meses, ya que la firma no había realizado los aportes correspondientes, en otra muestra de la impunidad con la que se manejan las patronales en este momento.
