El dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca, amenaza con bajar la persiana de la acería SIAT Tenaris. Resulta que el proyecto para construir el mega gasoducto que permitirá exportar Gas Licuado desde Vaca Muerta evalúa utilizar caños de origen chino porque serían más baratos. Desde Techint aseguran que los superan en calidad pero por entre un 10% y un 25% más. Competir en un mercado libre de reglas es difícil.
El futuro de la histórica planta SIAT Tenaris, ubicada en Valentín Alsina y fundada en 1948, quedó envuelto en incertidumbre. Paolo Rocca, líder del conglomerado Techint, evalúa suspender su actividad si el proyecto para construir un gasoducto de 480 kilómetros destinado a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) elige insumos de origen chino. La obra, que unirá Vaca Muerta con la costa rionegrina de San Antonio Este, es considerada una de las más relevantes en la historia energética del país.
La advertencia ya fue transmitida a despachos oficiales. Según fuentes del sector, Rocca considera “una decisión drástica” si un proyecto argentino orientado a la exportación prescinde de la producción nacional y opta por proveedores extranjeros. La planta SIAT emplea entre 300 y 400 trabajadores y actualmente fabrica los tubos para el proyecto Duplicar Norte, aunque su continuidad dependerá de la licitación en curso.
La compra de los caños forma parte del proceso encabezado por el Vehículo de Proyecto Único San Matías Pipeline, presentado al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Compiten fabricantes de China, India, España, México, Colombia, Japón, Grecia y Turquía. La adjudicación será para el consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, y se definirá exclusivamente por precio y competitividad.
La tensión escaló en noviembre, cuando llegaron a Río Negro 5.000 toneladas de caños chinos revestidos de concreto para tramos onshore y offshore vinculados al sistema del gasoducto San Martín. Ese embarque encendió alarmas en Techint, cuyos precios —según distintas fuentes— se ubican entre un 10% y un 25% por encima de los valores internacionales. La empresa argumenta mayor calidad, mientras que en el sector energético señalan que los costos diferenciales pueden comprometer proyectos cuyo margen de rentabilidad es extremadamente bajo.
Los desarrollos de GNL en todo el mundo operan con márgenes muy ajustados. Una diferencia del 10% o 25% en el precio de los caños puede traducirse en sobrecostos de hasta US$ 50 millones. Para que Argentina pueda exportar GNL en condiciones competitivas hacia Europa, los costos desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina deben mantenerse por debajo de los US$ 2 por MMBTU.
Este nivel de exigencia convierte al precio del acero en un elemento decisivo. Por eso, desde partes involucradas en la licitación advierten que “Tenaris está presionando para ganar una licitación que aún está en curso”, mientras que otras voces hablan de “una operación” destinada a influir en la decisión final.
Southern Energy estará liderado por Pan American Energy (PAE), cuya estructura accionaria incluye a la petrolera estatal china CNOOC, lo que agranda la sombra de Beijing sobre el proceso. Para Rocca, que el proyecto se defina por insumos chinos supondría un golpe doble: perder competitividad frente a proveedores asiáticos y ceder un cliente de escala global.
El avance del GNL argentino y la disputa de fondo
Entre 2027 y 2028, Southern Energy prevé exportar entre 2,45 y 6 MTPA de GNL mediante unidades flotantes. El negocio podría generar ingresos superiores a los US$ 2.500 millones anuales. Paralelamente, YPF avanza con socios internacionales en un megaproyecto adicional previsto para 2029-2030, valuado en alrededor de US$ 12.500 millones.
Pero más allá de los números, lo que está en juego es la participación de la industria nacional en la cadena de valor del GNL. Para Techint, una decisión que favorezca a proveedores extranjeros implicaría pérdida de empleo, menor actividad y mayor dependencia. Para el sector energético, limitar la competencia por origen podría restar competitividad y poner en riesgo la rentabilidad de los futuros proyectos.
En un contexto donde el país apuesta a consolidarse como exportador de energía, el debate sobre costos, competitividad y producción local vuelve a tensar la relación entre industria y Estado.
