(*Emilia Trabucco)
El Gobierno de Javier Milei anunció el lunes 26 de enero, luego de una segunda reunión de la denominada “Mesa Política”, la inclusión del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, previstas para comenzar el 2 de febrero. El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de la red X, y rápidamente replicado por Patricia Bullrich, hoy senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, ex ministra de Seguridad.
La confirmación institucional llegó mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del Presidente y su ministro coordinador, que incorpora el tratamiento del Régimen Penal Juvenil junto a otras iniciativas centrales del programa de gobierno, como la reforma laboral, las modificaciones a la Ley de Glaciares y el avance del acuerdo Unión Europea–Mercosur. El avance del proyecto se produce en una escena pública atravesada por una fuerte operación de desvío del debate social, mientras el Ejecutivo concentra la atención en la inseguridad y desplaza de la agenda las consecuencias del ajuste económico, la destrucción del entramado productivo, la represión de la protesta social, los incendios en la Patagonia y la entrega de infraestructura estratégica a intereses extranjeros.
Más allá de la coyuntura legislativa, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad remite a un debate de fondo que excede largamente el plano penal. En juego se encuentra el lugar que el régimen político y económico actual asigna a las niñeces y juventudes en un momento histórico atravesado por una crisis civilizatoria profunda, por la digitalización acelerada de la vida cotidiana y por la financiarización temprana de las subjetividades. En este marco, la respuesta punitiva aparece como un mecanismo para administrar las consecuencias sociales de un modelo que produce exclusión, precarización y sufrimiento, al tiempo que captura tiempo, atención y expectativas desde edades cada vez más tempranas.
El primer proyecto de baja de la edad de imputabilidad fue presentado en junio de 2024 por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La iniciativa fija en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal y establece penas de hasta veinte años de prisión para niñes y adolescentes, con cumplimiento en establecimientos especiales o secciones separadas dentro de complejos penitenciarios. El comunicado oficial sostuvo que era imposible combatir a los delincuentes sin leyes que amparen a las fuerzas de seguridad para proteger a los “argentinos de bien”, trazando una frontera explícita entre menores “delincuentes” y un sujeto social legítimo que el discurso oficial define como víctima.
La propuesta se inscribe en un entramado normativo más amplio que incluye el restablecimiento del Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego —conocido como Doctrina Chocobar—, las modificaciones en torno a la legítima defensa, la ley de reiterancia y la denominada ley “antimafias”. En conjunto, estas iniciativas configuran un modelo punitivista coherente que refuerza las capacidades represivas del Estado en un contexto de ajuste económico y pérdida de derechos.
Durante 2024, el proyecto fue tratado en las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, junto a otras iniciativas impulsadas por legisladores del PRO y de La Libertad Avanza. En mayo de 2025, el plenario de comisiones obtuvo dictamen de mayoría para un texto que bajaba la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con el respaldo del oficialismo y fuerzas aliadas y el rechazo de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. El proyecto no llegó al recinto, pero quedó instalado en la agenda legislativa.
Los datos empíricos contradicen los fundamentos oficiales. La incidencia de menores en el total de delitos oscila entre el 2% y el 2,2%, con variaciones provinciales (Observatorio del Conurbano Bonaerense; Defensoría del Pueblo PBA; ANDHES; OPS-FAHCE/UNLP). En el caso de los homicidios dolosos, la participación de menores descendió del 12,8% en 2009 al 8,9% en 2023 (OPS-FAHCE/UNLP, datos Procuración SCBA), según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia.
El CELS advirtió el 6 de mayo de 2025 que la reforma del régimen penal juvenil implicará más niñes y adolescentes encarcelados sin resolver los problemas asociados a la violencia. En todo el país, solo 226 jóvenes de entre 16 y 17 años están detenidos por delitos contra las personas y apenas el 0,5% de las sentencias condenatorias corresponden a menores. A esto se suma la situación crítica de los centros de detención —hacinamiento, frío, hambre y violencia— y la ausencia de políticas de reinserción, en un contexto donde más de 1,8 millones de niñes y adolescentes viven en situación de pobreza (CELS, 6 de mayo de 2025).
Este enfoque represivo se despliega en paralelo a un proceso más profundo que afecta de manera directa a las juventudes. En el primer trimestre de 2025, la informalidad laboral alcanzó el 42% y siete de cada diez jóvenes de entre 16 y 25 años se encontraban en condiciones de trabajo informal (IIEP-UBA, EDIL, 2025). Al mismo tiempo, las plataformas digitales y los dispositivos financieros reorganizan la vida cotidiana, capturando tiempo, atención y datos desde edades tempranas. Niños, niñas y adolescentes pasan largas jornadas frente a múltiples pantallas, produciendo valor para las grandes plataformas mientras se moldean sus expectativas, deseos y formas de vinculación social (Aguilera, 2024).
Este proceso se articula con la expansión de una racionalidad económica basada en la especulación, el dinero fácil y la promesa de éxito individual. En Argentina, el propio Estado habilitó la reducción de la edad mínima a 13 años para operar en fondos de inversión, en paralelo a la expansión de las apuestas online y las billeteras virtuales.
Lass empresas tecnológicas eligen deliberadamente a las infancias para allanar el ingreso gradual al mercado financiero, aprovechando la vulnerabilidad psicológica de los adolescentes y la persistencia de los hábitos adquiridos tempranamente. Se configura así una “tormenta perfecta” entre tecnología, mercado, neurociencias, marketing y publicidad, que otorga rasgos adultos a las infancias y naturaliza la exposición al riesgo, el endeudamiento y la lógica especulativa como forma de socialización (Pavlovsky en Friera, Página 12, octubre 2025).
El reverso de este proceso se expresa en indicadores alarmantes de sufrimiento psíquico. El aumento de los cuadros de ansiedad, depresión, adicciones y conductas suicidas entre niñeces y adolescencias se desarrolla en un escenario de debilitamiento de los lazos comunitarios y ausencia de políticas públicas integrales. En este punto emerge una contradicción estructural: mientras el Estado prohíbe el trabajo infantil reconociendo la vulnerabilidad de los menores, habilita simultáneamente su participación en actividades financieras que requieren madurez emocional y capacidad de manejo del estrés, reforzando un vacío normativo funcional a las aristocracias financieras y tecnológicas.
La construcción de la juventud como problema no es nueva. Estela Schindel señala que durante la dictadura de 1976 las juventudes fueron blanco central del proyecto “reorganizador”, con 250 adolescentes desaparecidos de entre 13 y 18 años (Schindel; CONADEP). Hoy, esa misma franja etaria vuelve a ser interpelada de manera ambivalente: celebrada electoralmente y, al mismo tiempo, construida como amenaza social.
Eugenio Zaffaroni advirtió que aplicar sanciones penales rígidas sin considerar los procesos de maduración resulta inconsistente, mientras que Beatriz Janín subrayó que la juventud es un tiempo de construcción y que los proyectos colectivos son un elemento central para el desarrollo psíquico (UNL, 2025). Estas miradas refuerzan la necesidad de pensar salidas colectivas y organizativas que aborden las causas estructurales del malestar juvenil, en lugar de responder con castigo.
En este sentido, el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad debería ser una oportunidad para discutir en profundidad las transformaciones que atraviesan la vida cotidiana de las mayorías, la digitalización y financiarización temprana de la existencia, y el impacto de un modelo económico que precariza y fragmenta. Abrir un debate público serio, con participación protagónica de las juventudes, aparece como una condición necesaria para construir un horizonte de sentido y posibilidad para las mayorías trabajadoras en la Argentina, en el marco de la crisis histórica en curso.
La insistencia del oficialismo en bajar la edad de imputabilidad se inscribe en una estrategia de disciplinamiento social que desplaza el foco desde las responsabilidades estatales hacia la punición temprana de las consecuencias de su propio modelo económico. Esta orientación logra arrastrar adhesiones más allá de la derecha, incluyendo a sectores políticos progresistas y que terminan acompañando agendas punitivistas empujados por la polarización en torno a la inseguridad. En el tratamiento del Régimen Penal Juvenil se discute, en última instancia, la legitimidad de un modelo de gobierno que necesita producir orden mediante la represión, mientras consolida un proceso de ajuste, exclusión social y pérdida de derechos.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
