( Por Bárbara Ester) La semana previa a su suicidio político Pedro Castillo tuvo tres causas en simultáneo, desde la justicia la fiscal que llevaba su causo se convirtió en querellante de una denuncia constitucional que solicitaba su inhabilitación en su investigación por presunta corrupción. Desde el Congreso se apeló a una tercera moción de vacancia por incapacidad moral y se aprobó en la Comisión de Constitución la Ley de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2023: barajar y dar de nuevo, eso sí tendría que ser aprobado por los congresistas que debían estar dispuestos al sacrificio de dejar su banca y con ello su salario garantizado por los tres años y medio restantes. Este punto era el más controversial porque el Congreso protagonistadel asedio contra el presidente no estaba dispuesto a renunciar al poder.
Hasta el desenlace del 7 de diciembre, cuando Pedro Castillo una hora de su tercera vacancia por incapacidad moral dio un mensaje abrupto: declaró el Estado de excepción, disolvió temporalmente el Congreso y convocó a una asamblea constituyente. Mientras leía su discurso temblaba, salió escoltado y pasó la noche en la comisaría. Ayer presidente, hoy detenido en la misma cárcel que el dictador Alberto Fujimori quien en 1992 hizo exactamente lo mismo, un autogolpe, pero a diferencia de Castillo tuvo el apoyo de las FF. AA. Por lo que cerró el Congreso con tanques en la calle y sancionó en 1993 la Constitución vigente, gobernó una década hasta su huida y, posteriormente fue condenado por crímenes de lesa humanidad.
La única forma de explicar el suicidio político de Pedro Castillo es mediante la coacción y la amenaza. El año pasado, el candidato menos pensado, un sindicalista provinciano y cholo venció mediante el voto popular a Keiko Fujimori. La candidata e hija del dictador atravesaba su tercer balotaje con el candidato más débil, luego de haber sido vencida por Ollanta Humala en 2011 y por Pedro Kuczynski en 2016. La crisis institucional peruana tiene dos causas, la primera, el modelo sin contrapeso de poderes y un sistema híbrido entre el presidencialismo y el parlamentarismo; la segunda es política en 2016 Keiko obtuvo la mayoría automática en el Congreso y desde allí esgrimió la amenaza de “vacancia por incapacidad moral” a todos los presidentes democráticamente electos. Los lazos en la Justicia del fujimorismo investigaron los nexos de Kuczynski con Odebrecht y posteriormente a todos los presidentes que sucedieron a su padre. Kenji, hermano de Keiko intercambió votos a cambio del indulto de su padre, acto que fue consumado en diciembre de 2017, posteriormente los medios de comunicación divulgaron material audiovisual del acuerdo entre congresistas opositores y oficialistas, lo que llevó a Kuczynski a renunciar antes de ser vacado. Lo sucedió Vizcarra quien fue capaz de lograr someter al Congreso mediante el artículo 134. Luego de convocar nievas elecciones legislativas, Vizcarra fue vacado por el nuevo Congreso. Luego de Vizcarra llegarían al poder otros dos presidentes que provenían directamente del Parlamento. Castillo tuvo tres intentos de vacancia y sistemáticos intentos obstruyentes del Congreso, desde el cuestionamiento e impugnación de los miembros del Gabinete hasta negarle el voto para salir del país a cualquier evento internacional.
De 2016 a 2021 la institucionalidad peruana terminó de desbancarse, cuando el empate entre el Ejecutivo y Legislativo, tampoco podía definirse en la Justicia donde tanto la derecha liberal como la derecha fujimorista tenían conexiones en la Justicia, fue una guerra judicial de todos contra todos. La situación se agudizó con las protestas sociales y el récord de 200 mil muertos durante la pandemia, que evidenciaba las consecuencias del neoliberalismo extremo en la salud. Con Castillo sucedió otra cosa, la emergencia de un caudillo outsider con un proyecto constituyente, la amenaza a Constitución era la amenaza al modelo neoliberal. Cabe destacar que la economía peruana fue el principal miedo azuzado, el imaginario popular recordaba la hiperinflación del primer gobierno aprista. Eso no ocurrió, desde la derecha decían que un equipo compuesto por cholos y provincianos no podía controlar la economía, desde la socialdemocracia decían que “no tenían los cuadros técnicos” (lo mismo, pero en lenguaje políticamente correcto). Lo cierto es que en un primer momento la tecnocracia de centro izquierda tuvo un lugar en la alianza de Gobierno. El pacto duró poco tiempo, cuando los tecnócratas salieron del Gobierno para engrosar la oposición la economía permaneció igual de estable y llegó a ser el país con mayor crecimiento de la región el primer semestre del 2022, en plena crisis energética mundial.
Las conexiones de la Justicia con la oposición y la embajada de EE. UU. eran obvias. La presidenta de la Justicia había sido invitada a Washington el 21 de octubre para tratar compartir “experiencias en la lucha contra la corrupción” y la fiscal y querellante, Patricia Benavídez se reunió a mediados de julio con la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, a fin de tratar temas de cooperacióninterinstitucional que incluía cursos y asistencia para fiscales. Lo más curioso es que la OEA quien había redactado un informe preliminar que advertía del acoso sistemático y racista del Congreso, la existencia de un monopolio mediático, recomendaba dejar la resolución en manos de la Justicia. La OEA entró dos veces en juego, en primer lugar, cuando la oposición fujimorista solicitó su intervención por el presunto fraude electoral, el cual fue rechazado. La segunda vez, fue solicitada por Pedro Castillo quien organizó una comisión, en palabras del presidente estaba siendo amenazado bajo una nueva modalidad de golpe y solicitaba la aplicación de la Carta Democrática, el contexto: su hija de 26 años había sido puesta en prisión preventiva luego de una sucesión de investigaciones que consideraban que los miembros de su familia nuclear constituían una organización criminal.
El 7 de diciembre Castillo se enfrentaba a una tercera moción de confianza, todos los analistas políticos consideraban que la oposición no alcanzaría los votos para su destitución, tal como ocurrió en las ocasiones anteriores. Además, los roces con los altos miembros habían precipitadola salida de ministros. Nada podía hacerle pensar a Castillo que las FF. AA. Podrían apoyarlo. Luego de este hecho el congreso siguió sesionando indiferente al golpe y vacó al presidente con 16 votos de bancadas aliadas y mientras los ministros y funcionaron renunciaban masivamente. El rumor era que pediría asilo en la embajada de México, pero fue apresado sin ninguna orden de arresto dictada por ningún tribunal. En cuestión de un par de horas, Dina Boluarte, la vicepresidenta asumió el mando. Castillo devenido en el dictador más débil del mundo enfrenta dos penas rebelión (la cuál nunca se ejecutó, ya que las FF. AA. No se plegaron) y conspiración. Por el momento la Justicia revolvió 7 días de prisión preventiva aún cuando el aspecto constitutivo tanto de la supuesta rebelión como de la conspiración “el alzamiento en armas” nunca ocurrió.
En cuanto a los organismos internacionales, la OEA dilató su informe preliminar y con ello aplicación de la Carta Democrática. Sin embargo, el autogolpe llevó a la OEA a intercambiar roles entre víctimas y victimarios. Para Human RightsWatch y la ONU Castillo es un dictador, esa construcción es el árbol que tapa el bosque de un año y medio de asedio. Cabe destacar que los gobiernos de AMLO, Petro y el ex presidente Evo Morales, encabezan el apoyo al presidente a quienes incluyen en la persecución regional que ya han vivido gobiernos como los Evo, Zelaya, Correa, Lula y Cristina Kirchner.
Cómo caracterizar a Castillo ha sido un atolladero para el progresismo internacional. Perú nunca participó de la primera oleada del ciclo progresista latinoamericano, si bien hubo intentos la clase política logró domesticar a Alejandro Toledo, a Alan García que en su segundo mandato dilapidó todo el capital político del partido de la estrella y a Ollanta Humala. Pedro Pablo Kuczynski luego de ganar por la mínima fue el fundador de Grupo Lima, la ofensiva de derecha regional en pleno apogeo del “fin de ciclo progresista”. Martín Vizcarra, su sucesor, fue el artífice de un intento reformista de saneamiento institucional, sin embargo, fracasó y fue también vacado. Castillo llegó al poder como miembro de una segunda oleada progresista junto a países y procesos tan disímiles como México, Chile y Colombia. Pero también sumado a los retornos del peronismo en Argentina, de Lula en Brasil y de Xiomara Castro en Honduras. Su primera decisión sobre política de integración regional fue la disolución del Grupo Lima. Los permanentes impedimentos para que Castillo realice viajes internacionales muestran esta defensa acérrima del Congreso sobre la política internacional peruana. Nunca los votos del Congreso negaron tantos pedidos de salida del país por motivos tan irrisorios. Las negativas incluyeron desde visitas al Papa hasta la reunión anual de Alianza Pacífico a quien nadie puede acusar de progresista y en la cual Castillo era presidente pro témpore.
Hasta el momento Dina Boluarte asumió la presidencia por línea sucesoria, a diferencia de su antecesor no tiene los votos de mínima para impedir una vacancia. Asimismo, negó cualquier llamado a nuevos comicios, así como cualquier convocatoria a Constituyente, tampoco tiene los votos para hacerlo. Su gobierno es más débil que el de su antecesor y es por ello que la estabilidad no está garantizada. Sumado a ello, en el interior comenzaron a extenderse las protestas que claman porque su voto sea oído: una nueva Constitución.
