Quién más pierde con la reforma
El carácter regresivo de la reforma laboral también se traduce en el reparto desigual de los costos para las provincias, por recorte de impuestos coparticipables
Raúl Dellatorre
Un nuevo estudio sobre el costo fiscal de la Reforma Laboral señala que podría ascender hasta el 1,5 por ciento del PBI. Según los autores, esto equivale a decir que absorbería el total del superávit del Presupuesto Nacional según el proyecto oficial para este año aprobado por el Congreso Nacional.
El trabajo que acaban de elaborar los académicos Martín Burgos, Alejandra Vivas, Eric Rosenberg y Raúl Sánchez, refiere además que “el impacto de la reducción del impuesto a las ganancias, según nuestra propia estimación tendrá un costo de 0,36 puntos del PBI, equivalente a aproximadamente 2330 millones de dólares”.
“La reducción del impuesto a las ganancias implica un impacto directo sobre los recursos provinciales, dado su carácter coparticipable. En la distribución primaria de la masa coparticipable, el 56,66% se asigna a provincias y CABA como transferencias automáticas”, dice el documento. Ello explica que los representantes provinciales, en general, siguen cuestionando este aspecto de la ley como el más controvertido y de dudosa aprobación.
“En términos cuantitativos, podemos decir que el impacto para la masa coparticipable de las provincias es de aproximadamente 1,7 billones de pesos según el diputado nacional Guillermo Michel (FdT, Entre Ríos), y 3,2 billones de pesos según la AEFIP (asociación sindical de los trabajadores del organismo de recaudación, hoy ARCA), incluyendo los ítems Ganancias, Cedular e Internos”.
El trabajo agrega que, de acuerdo a la estimación propia de los montos que pierde cada provincia» con la reforma y quitas al impuesto a las ganancias, en el caso de Buenos Aires ascendería a 397.258 millones de pesos, a 161.673 millones en el de Santa Fe y a 160.628 millones en el de Córdoba.
La diferencia entre Buenos Aires y los otros dos casos es que, al estar gobernada por Axel Kicillof, un opositor directo del gobierno de Javier Milei, prácticamente no hay margen de duda acerca de que no recibirá ningún tipo de compensación a través de las partidas de asignaciones discrecionales por parte del Ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Precisamente, en el último mes de diciembre, cuando debía votarse el Presupuesto en el Congreso y otros proyectos de importancia sustancial para el gobierno, el Ejecutivo aumentó en un 50 por ciento la distribución de ATN, beneficiando a seis gobernadores aliados con $66.500 millones de pesos para asegurarse el voto de sus legisladores.
En cambio, Córdoba y Santa Fe están conducidas por gobernadores de aceitada afinidad con el Ejecutivo nacional: Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, lo cual relativiza la pérdida de recursos que podría corresponderle.
Los otros gobernadores a los que el Ejecutivo les tiene cancelado el teléfono son los de Formosa (Gildo Insfran), La Rioja (Ricardo Quintela) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella). Según el informe de los cuatro académicos mencionados más arriba, Formosa tendría un perjuicio de 65.854 millones, La Rioja por 37.457 millones y Tierra del Fuego, por 22.311 millones de pesos.
Del otro lado, las provincias que resultaron más beneficiadas por los desembolsos de fin de año (luego de varios meses en los que no se distribuyera ni un peso a nadie) son Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. Cuyos gobernadores, más allá de su origen partidario diverso, siempre coincidieron en su predisposición a respaldar las poíticas de La Libertad Avanza y concedieron el voto de los legisladores que le responden a los proyectos oficiales en el Congreso.
El encuadre general que realizan Burgos, Vivas, Rosenberg y Sánchez sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el PEN, es que se trata de una estrategia de “devaluación fiscal en favor del sector empleador, a costa de una merma relevante de recaudación tributaria (con particular perjuicio a las provincias no colaboracionistas, agregamos nosotros) y del financiamientpo del sistema de seguridad social.
Un nuevo estudio sobre el costo fiscal de la Reforma Laboral señala que podría ascender hasta el 1,5 por ciento del PBI. Según los autores, esto equivale a decir que absorbería el total del superávit del Presupuesto Nacional según el proyecto oficial para este año aprobado por el Congreso Nacional.
El trabajo que acaban de elaborar los académicos Martín Burgos, Alejandra Vivas, Eric Rosenberg y Raúl Sánchez, refiere además que “el impacto de la reducción del impuesto a las ganancias, según nuestra propia estimación tendrá un costo de 0,36 puntos del PBI, equivalente a aproximadamente 2330 millones de dólares”.
“La reducción del impuesto a las ganancias implica un impacto directo sobre los recursos provinciales, dado su carácter coparticipable. En la distribución primaria de la masa coparticipable, el 56,66% se asigna a provincias y CABA como transferencias automáticas”, dice el documento. Ello explica que los representantes provinciales, en general, siguen cuestionando este aspecto de la ley como el más controvertido y de dudosa aprobación.
“En términos cuantitativos, podemos decir que el impacto para la masa coparticipable de las provincias es de aproximadamente 1,7 billones de pesos según el diputado nacional Guillermo Michel (FdT, Entre Ríos), y 3,2 billones de pesos según la AEFIP (asociación sindical de los trabajadores del organismo de recaudación, hoy ARCA), incluyendo los ítems Ganancias, Cedular e Internos”.
El trabajo agrega que, de acuerdo a la estimación propia de los montos que pierde cada provincia» con la reforma y quitas al impuesto a las ganancias, en el caso de Buenos Aires ascendería a 397.258 millones de pesos, a 161.673 millones en el de Santa Fe y a 160.628 millones en el de Córdoba.
La diferencia entre Buenos Aires y los otros dos casos es que, al estar gobernada por Axel Kicillof, un opositor directo del gobierno de Javier Milei, prácticamente no hay margen de duda acerca de que no recibirá ningún tipo de compensación a través de las partidas de asignaciones discrecionales por parte del Ejecutivo. Es el caso, por ejemplo, del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Precisamente, en el último mes de diciembre, cuando debía votarse el Presupuesto en el Congreso y otros proyectos de importancia sustancial para el gobierno, el Ejecutivo aumentó en un 50 por ciento la distribución de ATN, beneficiando a seis gobernadores aliados con $66.500 millones de pesos para asegurarse el voto de sus legisladores.
En cambio, Córdoba y Santa Fe están conducidas por gobernadores de aceitada afinidad con el Ejecutivo nacional: Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, lo cual relativiza la pérdida de recursos que podría corresponderle.
Los otros gobernadores a los que el Ejecutivo les tiene cancelado el teléfono son los de Formosa (Gildo Insfran), La Rioja (Ricardo Quintela) y Tierra del Fuego (Gustavo Melella). Según el informe de los cuatro académicos mencionados más arriba, Formosa tendría un perjuicio de 65.854 millones, La Rioja por 37.457 millones y Tierra del Fuego, por 22.311 millones de pesos.
Del otro lado, las provincias que resultaron más beneficiadas por los desembolsos de fin de año (luego de varios meses en los que no se distribuyera ni un peso a nadie) son Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta. Cuyos gobernadores, más allá de su origen partidario diverso, siempre coincidieron en su predisposición a respaldar las poíticas de La Libertad Avanza y concedieron el voto de los legisladores que le responden a los proyectos oficiales en el Congreso.
El encuadre general que realizan Burgos, Vivas, Rosenberg y Sánchez sobre el proyecto de reforma laboral impulsado por el PEN, es que se trata de una estrategia de “devaluación fiscal en favor del sector empleador, a costa de una merma relevante de recaudación tributaria (con particular perjuicio a las provincias no colaboracionistas, agregamos nosotros) y del financiamientpo del sistema de seguridad social.
