«Para la justicia, el poder económico es impune»

Una misma jueza tiene ambas causas. En las dos, se paró la investigación cuando apareció el vínculo con el poder económico y el gobierno de Cambiemos. Cómo funciona el aparato de impunidad del poder.

( Por Raúl Dellatorre/ Página 12 / Director de Motor Económico ) La misma magistrada es la que tiene a cargo tramitar la acusación contra Mauricio Macri, Luis Caputo (ex ministro de Finanzas) y Federico Sturzzennegger (ex titular del BCRA) por los delitos de malversación de fondos y administración fraudulenta en la contratación del crédito con el FMI en 2018 y el posterior desvío de los recursos obtenidos. El fiscal interviniente imputó a los tres mencionados y a otros dos ex integrantes de los equipos económicos de Macri. Sin embargo, ninguno de los cinco fue llamado ni una sola vez a declarar, a pesar de que pasó más de un año desde aquella imputación. 

Al anunciar que pedirá que se aparte a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa en que debiera investigarse el atentado contra su vida, Cristina Fernández de Kirchner puso en duda la voluntad de la magistrada por descubrir a los verdaderos responsables. Pero no es la primera vez que la jueza Capuchetti queda señalada por «inacción procesal» cuando aparecen, en el camino de la investigación, sospechosos vinculados al poder financiero. 

Luis Caputo también aparece mencionado, a través de una empresa familiar, en el supuesto financiamiento del grupo de sicarios que intentó matar a Cristina. Según uno de los abogados intervinientes en la causa Crédito del FMI, «el poder judicial nunca avanza cuando enfrente está el poder económico, y la inacción de Capuchetti en ambos casos es un reflejo de eso». 

Capuchetti juró como jueza federal el 7 de mayo de 2019, cuando se hizo cargo del Juzgado Criminal y Correccional número 5, que estaba vacante desde la renuncia de Norberto Oyarbide. A Capuchetti se le reconoce una extendida trayectoria en tribunales. Fue secretaria letrada durante un largo período del juez Sergio Torres, a cargo del juzgado de instrucción 24. Tiempo después, Torres pasó a encabeza el juzgado número 12 de Comodoro Py. Capuchetti lo acompañó en la mudanza. Ese tribunal fue el que recibió la denuncia de Hernán Arbizu, ex número 2 de JP Morgan para el Cono Sur, cuando se autoimputó como responsable de la fuga de capitales en favor de las principales empresas y de las mayores fortunas del país. 

El listado y la documentación incluída comprometía a más de 400 nombres, entre empresas y particulares. Pero Torres incurrió en lo que unos llaman «inacción procesal» y otros, simplemente, «cajonear la causa para proteger a los denunciados». Jamás se investigó ni se citó a declarar a nadie. 

No hay elementos que vinculen a la futura jueza federal Capuchetti con el «cajoneo» o inacción referidos. En cambio, lo que sí tuvieron en común Torres y Capuchetti es el vínculo de ambos con el PRO qaue les sirvió como trampolín en sus respectivas carreras. Torres fue propuesto por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal para asumir como miembro de la Corte Suprema bonaerense, pero ya antes Capuchetti había dejado Comodoro Py. El destino, o los contactos políticos, la llevaron primero a ocupar una dirección en el Ministerio Público Fiscal porteño y luego saltar a jueza federal.

Según reveló Sofía Caram en una nota de Página/12 de mayo de 2019, Capuchetti siempre contó con el respaldo de «la mesa judicial de Cambiemos»: Germán Garavano (ministro de Justicia en 2019), Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro por entonces), José Torello (asesor de Macri), Pablo Clusellas (secretario legal y técnico de la Presidencia) y Juan Bautista Mahiques (fiscal general de la Ciudad).

¿Por qué no se investiga?

Para los especialistas en derecho penal que sostienen un enfoque crítico hacia el funcionamiento del poder judicial, como en el caso del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, la inacción de la justicia ante los delitos del poder económico, el crimen financiero más sofisticado, que implica hasta el uso de toda una ingeniería de evasión y lavado de capitales, en general no se investiga ni se castiga. «Es la regla la impunidad para este tipo de delito, no sólo aquí sino en toda Latinoamérica», sostiene Guido Croxatto, director de la Escuela de Capacitación de Abogados del Estado, ECAE, consultado por Página/12.

«Es un crimen difícil de probar y, además, son actores con mucho poder los involucrados. Dos aspectos que a la Justicia, en general, la intimida», sostiene Croxatto, integrante del equipo de abogados de la Procuración del Tesoro que está al frente de la acusación contra los responsables del endeudamiento con el FMI del año 2018. 

En esa causa, afirma Croxatto, hubo una acusación muy fundada por parte de los abogados del Estado acerca de los delitos económicos cometidos. «Hubo irregularidades, que configuran delitos, de todo tipo; se incumplieron formalidades básicas de procedimiento administrativo, irregularidades que se cometieron dentro del propio poder ejecutivo. Todo eso constituye delito contra la administración, nada menos que con el contrato de deuda más escandaloso en la historia del país». 

Agregó el titular de ECAE: «A nivel de derecho constitucional, es prerrogativo del Congreso de la Nación autorizar el endeudamiento. Pero era política del gobierno de entonces ignorar las instancias institucionales. El ministro (Nicolás) Dujovne prefería llevar a Christine Lagarde (directora gerente del FMI) a disertar ante la Universidad Torcuato Di Tella antes, un for de formación de economistas neoliberales, antes que a exponer en el Congreso el programa de Fondo y sus consecuencias. Eso es un delito contra la Constitución».

Y, finalmente, recordó que el FMI violó su propio estatuto con el crédito extraordinario, por su monto y la velocidad con que lo otorgó. «Esto quedó demostrado en el análisis de la doctora Karina Patricio Ferreira Lima, en el que se ve que no fue un error traer el dinero para salvar las cuentas públicas y que después se fugara, sino que es una dinámica que se repite en los créditos del Fondo, y en este caso era absolutamente previsible que iba a suceder», subrayó Croxatto.

Pese a la evidencia, y la imputación de los hechos a Macri como presidente, Luis Caputo y Dujovne como ministros y a Federico Sturzennegger y Guido Sandleris como presidentes del Central, ni la jueza Capuchetti ni el fiscal citaron a ninguno de ellos, ni avanzaron en la investigación, pasado ya un año de parálisis procesal. 

«No se trata de una excepción la inacción de la jueza en la causa de la Deuda, ni que repita la misma actitud en la causa de Intento de Asesinato a Cristina Kirchner. Estos jueces forman parte del mismo conglomerado de intereses, no se quiere avanzar ni en identificar la conducta de los responsables de una deuda cuyo efecto fue un tremendo estrago social, ni se quiere ver qué hay detrás del atentado que pudo acabar con la vida de la vicepresidenta, porque eso también implica avanzar sobre la criminalidad financiera y económica y descorrer el velo sobre un sector para el que la regla es la impunidad», concluyó el titular de la ECAE.