Las alternativas que analizan el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Santa Fe / El presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, acompañó la idea de Alberto Fernández de avanzar con la toma de control de la cerealera. Los pasos en tribunales.
( Por Natalí Riso ) El Banco Nación, uno de los acreedores principales de Vicentin, apoyó la propuesta de un cramdown, es decir una instancia previa a la quiebra en la que los acreedores pueden formular una propuesta alternativa, como tomar el control de parte de la empresa. Fue tras la suspensión del proceso concursal por parte de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y los dichos del presidente Alberto Fernández a PáginaI12 sobre la posibilidad de capitalizar las deudas que la compañía tiene con la banca pública y el Estado nacional.
«A partir de la decisión de la Corte Suprema Provincial, en la actualidad se abre una etapa que probablemente sea la del cramdown», aseguró el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, quien insistió en que la propuesta de Vicentin que seguramente iba a ser homologada por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, implicaba «convalidar el fraude» y, teniendo en cuenta que significaba una quita del 80 por ciento en valor presente neto de los créditos del Banco Nación, era «un atentado al patrimonio colectivo».
La posición del Banco Nación
«Como parte de la política del gobierno, el Banco Nación manifestó su oposición a la propuesta y realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar la extranjerización, el desguace de la compañía y la pérdida de puestos de trabajo», continuó Hecker, que luego agregó: «En esta etapa se debe realizar una nueva propuesta que contemple los intereses de los distintos sectores, tanto público como privado. Esta instancia debe contemplar el funcionamiento a pleno de la compañía, que genere empleo y que además genere alternativas para la producción e incrementos en el valor agregado».
No es la primera vez que se habla del proceso de cramdown desde que comenzó el concurso. En noviembre del año pasado un grupo de más de 70 acreedores granarios -acopiadores, cooperativas, empresas familiares, productores individuales o sociedades pequeñas y medianas- presentaron junto al Banco Nación su propio proyecto de «salvataje» a través de este modelo previsto en la ley de quiebras. La propuesta era conformar un fideicomiso entre los acreedores que se adhirieran para salvar a la empresa de la quiebra sin sus actuales accionistas.
Los dichos de Hecker toman especial relevancia tras la voluntad que manifestó Alberto Fernández en este diario de retomar la «posibilidad de una intervención». Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular en el Frente de Todos, y director del Banco Nación, se apoyó en las definiciones del presidente de la Nación respecto a que este es el momento de actuar: «Es momento de que en el marco de la decisión política presidencial las instancias correspondientes de la gestión (Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Banco Nación) coordinen su accionar para impulsar, bajo la figura del cramdown, una propuesta de salida para la hoy fallida Vicentin”, aseguró.
La Corte de Santa Fe frenó al juez
El tema Vicentin volvió a estar en agenda luego de la intervención de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe (CSJSF) reclamándole al juez Lorenzini la remisión de todo el expediente. Fue en respuesta al pedido del grupo Grassi, operador granario y acreedor de Vicentin, que cuestiona el desempeño de ese magistrado en favor de la empresa.
A modo de evidencia, Grassi recuerda el caso omiso que hizo el juez a los hallazgos de irregularidades efectuados por acreedores, veedores y la auditoría forense que constan en el expediente, el alargamiento del proceso, la tolerancia frente al incumplimiento del requisito legal de presentación del último balance de la compañía al momento de solicitar su propio concurso, que la firma hizo 9 meses más tarde, entre otras irregularidades. Ante la verosimilitud de lo planteado, la CSJSF pidió la remisión del expediente a través de la avocación, un instituto que solo aplica el Poder Judicial de manera excepcional y ante cuestiones de arbitrariedad manifiesta y faltas de disciplina.
Especialistas en el tema aclaran que esta figura de avocación no es un recurso judicial de revisión de sentencias, sino que evalúa el desempeño de una persona en sus funciones con criterio disciplinario, pero no sustituye a la persona ni reemplaza el contenido de sus fallos. Este detalle no es menor al momento de analizar el alcance de esta medida. A partir de la avocación, la CSJSF puede sancionar al juez o apartarlo de la causa, pero no sustituir las decisiones judiciales.
Cómo sigue la causa judicial
Dicho esto, los escenarios posibles de quienes siguen de cerca el tema son:
- Que la revisión del desempeño de Lorenzini redunde en un proceso que tome meses y la salida vuelva a dilatarse.
- Que la empresa plantee un conflicto de competencias y vaya a la Corte Suprema de la Nación con las conformidades de los acreedores para que se apruebe la propuesta. En ese caso, se puede esperar una dilación del caso que puede favorecer a la misma empresa.
- Que se aparte a Lorenzini del concurso, enviándose el expediente a un Juez subrogante de primera instancia.
- Que luego de varios meses, se haga un llamado de atención a Lorenzini pero siga al comando del concurso.
Los dichos de Hecker toman especial relevancia tras la voluntad que manifestó Alberto Fernández en este diario de retomar la «posibilidad de una intervención». Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular en el Frente de Todos, y director del Banco Nación, se apoyó en las definiciones del presidente de la Nación respecto a que este es el momento de actuar: «Es momento de que en el marco de la decisión política presidencial las instancias correspondientes de la gestión (Ministerio de Desarrollo Productivo, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Banco Nación) coordinen su accionar para impulsar, bajo la figura del cramdown, una propuesta de salida para la hoy fallida Vicentin”, aseguró.
