- Lo que se puso en marcha el Gobierno es un ajuste tradicional: aumento del tipo de cambio (para mejorar el saldo externo), reducción del gasto público y suba de impuestos (para atacar el déficit fiscal). A quiénes afectará más.
En la campaña electoral, Milei propuso la eliminación inmediata de todos los cepos cambiarios, dolarización, eliminación del Banco Central, reducción del gasto público en el equivalente a 15% del PBI (más de la tercera parte del gasto nacional, provincial y municipal actual), suprimir las “retenciones” a las exportaciones y los aranceles a las importaciones, y otras medidas que entusiasmaban a libertarios y sonaban a salto al vacío, o aspiraciones no realizables (al menos en el corto plazo) para gran parte de los economistas.
En contraste, JxC proponía mantener inicialmente el “cepo” cambiario, desdoblamiento inicial del tipo de cambio, ir hacia una coexistencia en la circulación tanto del peso como del dólar, ajustar el gasto público donde y en la medida en que se pudiera, y no bajar impuestos hasta eliminar el déficit fiscal.
En las elecciones, la mayoría votó por un cambio que implicaba un ajuste fiscal; y, dentro de esa posición, se impuso la visión del cambio más drástico, simbolizado con la motosierra. Es probable que a muchos votantes les haya parecido que la nueva versión de JxC no era muy diferente de la que vimos en la presidencia de Macri, que no cambió nada para bien: la inflación aumentó, el estancamiento pasó a ser retroceso económico, el cepo cambiario fue y volvió, y el cambio más perdurable fue el aumento de 96 mil millones de dólares en la deuda externa pública entre fines de 2015 y fines de 2019.
Pero ahora la campaña concluyó, Milei es presidente, y parece haber percibido que el esquema de JxC era más viable que el suyo. Puede mantener algo del discurso incendiario (como cuando habló de 15.000 % de inflación, cien veces la real), pero puso a gobernar, al menos en lo económico, a funcionarios de JxC, que tienen experiencia de gestión, y que pretenden ir por caminos previsibles. En ese sentido, de acuerdo a los anuncios recientes, se mantiene el cepo (lo que implica que no se unifican los mercados cambiarios), se aumentan los impuestos al comercio exterior, no se habla de dolarización, el Banco Central sigue siendo un actor clave en la política macroeconómica, y el gasto público se reducirá en lo que se pueda reducir, que nunca va a ser equivalente al 15% del PBI.
Lo que se puso en marcha es un ajuste tradicional: aumento del tipo de cambio (para mejorar el saldo externo), reducción del gasto público y suba de impuestos (para atacar el déficit fiscal). El “paquete” no está completo; entre otras cosas, habrá que ver cuál es el ritmo en los próximos meses de la emisión monetaria; pero es previsible que esté bien por debajo de la inflación, para que la escasez de pesos reduzca las compras de bienes y servicios, trayendo recesión y freno a los aumentos de precios. También habrá que ver qué aumentos otorga el Estado a los empleados públicos; pero puede adivinarse que serán muy restrictivos, lo que llevará a una fuerte caída en el poder de compra de sus salarios.
Realizar un ajuste era inevitable; no era sostenible mantener un tipo de cambio oficial atrasado y un déficit fiscal sólo financiable con emisión monetaria. La cuestión no era ajuste sí o ajuste no, sino el tipo de ajuste: en quién recae. Porque no seamos ingenuos: no es que todos vayamos a sufrir por igual, ni que el ajuste recaerá sobre los “malos” (contratistas públicos corruptos, políticos con cargos en el Estado, periodistas ensobrados, etc.). Hay quienes salen ganando; y el grueso del ajuste recaerá sobre asalariados, cuentapropistas, jubilados, pensionados y perceptores de planes sociales.
Dentro de los ganadores, se incluyen aquellos que tienen acreencias en pesos ajustadas por dólar oficial, que saltó de $366,50 a $800, un 118%. Incluye Lediv, TV24 y otros títulos de deuda que ajustan por el dólar oficial, así como compras a futuro de dólares. Apostaron por un aumento fuerte del dólar oficial, y acertaron.
Pero, además, ganan los productores de bienes exportables, especialmente aquellos que no tuvieron suba de “retenciones”, típicamente las exportaciones agropecuarias.
La población en general verá un fuerte golpe inflacionario inicial; como es previsible que, en su gran mayoría, los ingresos familiares no aumentarán en la misma medida que los precios, tendrán una fuerte baja en su poder adquisitivo. Esto golpeará a los asalariados y jubilados, pero también al grueso de los trabajadores informales, que viven de la venta de bienes y servicios cuya demanda se contraerá. El aumento de precios no será sólo consecuencia de las medidas cambiarias; se anunció la reducción de subsidios tarifarios, lo que requerirá aumentos de tarifas de electricidad, gas y transporte público, lo que recaerá principalmente sobre sectores de medianos y bajos ingresos: los de mayores ingresos ya no tenían subsidios a la electricidad y al gas, y no usan mucho el transporte público o, al menos, sus tarifas no representan una parte importante de sus gastos.
En cuanto al ajuste fiscal, se anunciaron una serie de medida que pueden ser dolorosas para un puñado de personas, pero que son casi simbólicas en el contexto de este ajuste: en la Administración Pública Nacional se reducen los cargos políticos, se suspenderán las contrataciones de empleados que tengan menos de un año de antigüedad, se suspenderá por un año la pauta publicitaria (cuyo costo es equivalente al 0,02% del PBI). Sí será significativa la reducción en la obra pública (que se verá a medida que vayan concluyendo las obras iniciadas) y en transferencias a provincias. Y también sería importante la caída del salario real de los empleados públicos y de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo. Ahí el “trabajo sucio” lo hará la inflación.
En cuanto a las jubilaciones, pensiones y planes sociales que se ajustan por movilidad previsional, como este ajuste es con retraso, experimentarán inicialmente una reducción real producto de la aceleración esperada de la inflación. El golpe será especialmente importante para los haberes mínimos, que vienen siendo compensados con complementos (“bonos”), que probablemente dejen de pagarse. Pero, si la inflación cede, el mecanismo de la movilidad previsional les haría recuperar poder de compra. ¿En cuánto tiempo puede ocurrir? Si hay una política monetaria muy contractiva (es decir, si se reduce fuertemente la cantidad de dinero, en relación a los precios), la baja de la inflación se podría ver en pocos meses (lo de que la política monetaria en Argentina tiene un retraso de 18 a 24 meses, como dijo el Presidente, no es cierto). Según versiones periodísticas, el gobierno ya está pensando en modificar la ley de movilidad previsional (lo que tendría como fin impedir que la disminución de la inflación impacte mucho en la recuperación real de los haberes). Para eso, puede interpretarse que es posible modificar esa ley por DNU, y negociar apoyos financieros a provincias para lograr que el Senado no derogue el DNU. Parece difícil, pero no imposible del todo.
Lo que no cabe duda es que se vienen meses difíciles. El tiempo dirá si veremos una luz al final del túnel, y si esa luz es la salida, o es un tren que viene a contramano.
