El torniquete a la industria alimenticia le ordena el frente interno al gobierno. Las claves de la gestión que pueden definir el éxito o el fracaso del plan.
( Por Leandro Renou) El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, lo expuso de manera tan elocuente que no pudo evitar algunos comentarios de pasillo de parte de los más moderados, pero el discurso en el que mostró las remarcaciones preventivas de precios de parte de las empresas de alimentos, está en línea con lo que el Gobierno considera un «torniquete necesario»: cortar en seco el desborde desmesurado e injustificado de inflación en las góndolas, para evitar un IPC en marzo aún más cargado de lo que ya se suponía y dar, a la vez, una señal política a los sectores del poder en un escenario complicado. Ese gesto grafica que no hay más margen para presionar jugando a la política.
El propio presidente Alberto Fernández había dejado días antes, en público y en charlas privadas con funcionarios del Gabinete Económico, la definición central de ir contra la especulación. Fue ese el punto de partida, pero la batalla final requiere de otras armas, que son económicas y también políticas, en un Gobierno jaqueado por sus propias internas.
En las conversaciones anteriormente citadas -según confiaron a Página I12 fuentes oficiales- fueron varios los ministros que coincidieron en que mover contra la industria de alimentos y los «súper» fue un golpe a la mesa en un momento justo, pero que no es ni por asomo la solución a un problema serio. El paso 2 de lo que Fernández decidió calificar de «guerra» contra la inflación, es una política más integral en la que ya se trabaja y gira en torno a varios puntos: ordenamiento de la macroeconomía, una moderación de expectativas vía una reducción de la brecha cambiaria, intentos de ordenar la emisión tras dos años de fuerte asistencia del Estado en pandemia y una metralleta más cargada del Banco Central (BCRA) para anclar más fuerte a las variables.
Un paquete virtual que, según la expectativa oficial, se pondrá a prueba luego de un viernes en el que el Fondo Monetario (FMI) aprobó la renegociación de la deuda que tomó Mauricio Macri y soltó el primer desembolso grande: casi 10 mil millones de dólares que dejarán, pago del vencimiento mediante, más de 6000 millones para reforzar reservas.
En la mesa chica de las decisiones de política económica se sientan hoy el titular de Hacienda, Martín Guzmán; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el jefe del BCRA, Miguel Pesce; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont y la cabeza de la cartera laboral, Claudio Moroni. La pata restante la completa la encargada de negocios de la Cancillería, Cecilia Todesca, que por pedido del Presidente sigue tallando fuerte en las consideraciones.
Todo ese scrum de funcionarios conservan, según supo este diario, una banca incondicional del Presidente, aún cuando llueve metralla constante sobre varios de ellos, en el marco de la interna descuidada entre los soldados de Fernández y las consideraciones de los que están más cerca de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Esa batalla interna se plasmó en cartas muy fuertes que cuestionan, directamente, la capacidad de manejar la economía de los pupilos del primer mandatario. Choques que ya no ocultan desde ninguno de los lados.
Orbitando en esa galaxia «gabinete» aparece Feletti, que es la mano que lleva a cabo algunas de las decisiones de la semana pasada. El secretario de Comercio sabe que su esfuerzo no soluciona la cuestión general, y coincide con los ministros en que se requieren otras decisiones para frenar la inflación «multicausal». Naturalmente, lo expuso en público con bastante lógica y para salir de un foco irracional que se intentó instalar desde algunos sectores del poder: que el éxito o fracaso contra los precios en los próximos meses, será por cómo funcionen los valores de referencia de Feletti y las medidas para la micro, como las canastas barriales.
«El diálogo entre ellos no está para nada roto. Aun con las diferencias, hablan y articulan», dijo un dirigente que sigue la diaria de las relaciones en el poder y le quita dramatismo a la escena. Se refiere a diferencias que, como todo últimamente en el Frente, se expusieron a la luz del día. Una de ellas, los dichos de Feletti sobre el campo y la especulación con ganancias extra, que se dieron en la conferencia de prensa de esta semana.
En la Casa Rosada cuestionan, sobre ese punto, que el secretario no haya diferenciado a los grandes pooles de los pequeños productores: «no todo es Cargill», apuntan. Esa generalización, observan, favorece al discurso opositor de un PJ anti campo. En la otra esquina, hay soldados fastidiosos con las aclaraciones de Domínguez sobre la «temporalidad» de la suba de retenciones a los derivados de la soja, en un momento de presión global de los precios internacionales. Pero todos conocen el estilo de ambos, y entre ellos mismos le bajan la espuma al asunto, al menos en privado.
El día previo a la conferencia en la que Feletti expuso a las alimenticias nucleadas en la cámara Copal, que conduce Daniel Funes de Rioja, el secretario y Kulfas participaron de un encuentro cerrado con supermercados y fabricantes de alimentos. «No hay más margen social para este tipo de maniobras», dijo el ministro mientras se ponían sobre la mesa datos que reflejaban que, en sólo cuatro días previos al anuncio de la guerra a la inflación, las alimenticias habían subido los precios un promedio del 9 por ciento y con topes de más de 30. Casi que les avisaron que esos datos se iban a dar a conocer, pero no les cerraron la puerta a seguir negociando en la mesa para resolver el fondo de la cuestión. Según estiman en el Gobierno, el «sacudón» surtió efecto y se multiplicaron las vueltas atrás de los precios, una solución de cortísimo plazo que es un gesto político inicial.
En el Gabinete Económico admiten que el endurecimiento en ciertos gestos da resultados. El ejemplo previo que citan, cuando el ministro Domínguez, con mano firme, amenazó con cerrarles las exportaciones de carne al consorcio ABC luego de que incumpliera el acuerdo de siete cortes populares a precio fijo en los supermercados. Unos minutos después de esa amenaza oficial, la carne volvió a góndola.
Así, desde el lunes empieza a jugarse el partido por los puntos: una política integral contra la inflación, con aval del FMI, y con el desafío real para un gabinete algo disfuncional. En el entorno de Guzmán, que regresó de París este sábado, esperan que el primer día de la semana, la plaza de dólar, bonos, Riesgo País y acciones reaccione al acuerdo con el Fondo. Sueñan con una brecha pinchada entre el dólar blue y el oficial, y un BCRA con más poder de fuego, tras meses con el bote casi pinchado.
Por estas horas, para el Gobierno, el acuerdo con el Fondo tiene un dato importante que excede el Excel: el voto favorable de Estados Unidos en el directorio es un aval político de la administración de Joe Biden. Un gesto a negociaciones abiertas con el dueño del organismo, en un escenario en el que todos coinciden con que las variables del Facilidades Extendidas están superadas o seriamente afectadas por la guerra en Ucrania.
¿Qué supone este gesto estadounidense? el Gobierno asegura que las revisiones trimestrales que hará el organismo (la primera se adelantó para mediados de mayo) serán instancia de negociación política de variables en una guerra admitida por el board del FMI y plasmada en dichos de la propia titular del organismo, Kristalina Georgieva. En el Gabinete económico entienden, además, que Argentina no está en condiciones de recibir nuevas exigencias del organismo.
Ese dato de freno al avance del FMI, evalúan los más audaces, quizás sea el que termine aglutinando una vez más los intereses de las patas de la alianza de Gobierno, hoy en una situación de quebranto que no da señales de reconciliación. Es que ninguno de los mininistros, ni siquiera los más moderados, está hoy dispuesto a dar nuevas concesiones en el marco de la negociación de la deuda.
Nadie en el Gabinete cree en la magia antiinflacionaria y el desafío es duro y de supervivencia para el Gobierno. Lo que viene, además, es tiempo de tormentas: marzo y abril con inflación más alta (por encima del 5 por ciento) que en los meses previos, y una mayor presión política sobre los funcionarios para que haya resultados palpables y no fracase la distribución del crecimiento.
