Edición n° 2744 . 27/05/2024

Posición de la Secretaría de Energía en la audiencia pública: Propone suba en la tarifa eléctrica del 16,5%

Se aplicaría a partir de junio a usuarios residenciales que no tengan tarifa social. El incremento anual resultaría del 42,72%, equivalente al 80% de la variación salarial en 2021.

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El aumento de la factura final del servicio de energía eléctrica a partir del primero de junio será de 16,5% para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, con lo que en el año acumulará un alza de 42,72%; y del 6,8% para aquellos que dispongan de ese beneficio, acumulando 21,2% en el año, de acuerdo a la propuesta presentada por la Secretaría de Energía en la audiencia pública de esrte miércoles.

Alberto Fernández, desde Alemania tras el encuentro que mantuvo con el canciller Olaf Scholz, defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y la segmentación de las mismas, al considerar que actualmente «se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios».

Allegados al presidente dejaron trascender que se trata de «una decisión política» y que, «si alguien no puede tomarla, no va a poder seguir en el Gobierno», en alusión a los funcionarios del área de energía.

El Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieron en las últimas horas la metodología adoptada para la revisión tarifaria en marcha, para la cual se determinó que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial, y del 80% para quienes no gozan de ese beneficio.

De esta forma, con un CVS en 2021 del 53,4%, esos ajustes para todo el año deberían ser del 21,3% y 42,7%, respectivamente, tal como se destacó nuevamente este miércoles en la apertura de la audiencia. La jornada fue presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, que dio a conocer el informe con la propuesta oficial basado en datos de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.

Allí se destacó que el Estado nacional afrontará en el primer trimestre del año subsidios en el orden del 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial.

En base al criterio de ajustar las tarifas según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del 1º de junio. En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.

La audiencia pública de este miércoles fue la segunda, luego de que el martes se iniciaran las exposiciones para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a partir del 1º de junio para el gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, oportunidad en que la Secretaría de Energía propuso un aumento promedio del 20% en el servicio.

Durante el desarrollo del debate, Fernando Antognazza, representante de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica (Ageera), dijo que «el desfasaje entre los montos remunerados y la evolución de los costos derivó en la imposibilidad de llevar a cabo mantenimientos mayores, comprometiendo operatividad y disponibilidad» de los equipos.

Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la «sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables», pero aclaró que «dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector».

«En forma simultánea se deben adecuar los ingresos de las distribuidoras (VAD)» agregó Bulacio, al asegurar que «en los últimos años el ajuste fue inferior a la inflación», a la par que las distribuidoras «experimentaron un aumento de la morosidad y las pérdidas, lo cual impacta en los ingresos pero no en los costos».

Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, planteó que «las distribuidoras, con tarifas congeladas, con tarifazos, o con cualquier esquema tarifario, siempre han prestado un servicio deficiente». «Venimos de un tarifazo del Gobierno anterior y eso genera aumento en la morosidad y el endeudamiento de los usuarios, las empresas esto no lo dicen como tampoco dicen cómo son sus planes de pago», cuestionó.

Por otra parte, reclamó que se aumente la cantidad de kilovatios/hora consumidos para determinar el tope de tarifa social, y elevar de dos a tres salarios mínimos los ingresos necesarios para percibir el beneficio.