En medio de una crisis social y económica en ciernes, el gobierno de Javier Milei refuerza su sostén político con el respaldo del FMI, Washington y los sectores más concentrados del agro y las finanzas.
Por Antonio Muñiz
La reciente baja de retenciones expone aun mas un modelo que genera una transferencia regresiva de ingresos que erosiona la soberanía económica y compromete el futuro fiscal del país.
En el ocaso de su primer año y medio de mandato, Javier Milei enfrenta una economía recesiva, una caída pronunciada del consumo, y un descontento social que empieza a reflejarse en las encuestas. Sin embargo, en el tablero político el gobierno aún conserva apoyos clave: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de los Estados Unidos, y, cada vez con mayor claridad, el núcleo duro del poder económico local, con el agro como actor central.
La reciente baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias no sólo busca recomponer las reservas del Banco Central, que se encuentran en niveles críticos, sino también afianzar una alianza política estratégica: la del gobierno libertario con el complejo agroexportador, históricamente alineado con los sectores de poder concentrado. En un contexto donde los dólares no entran y el respaldo electoral se desgasta, Milei apuesta a consolidar vínculos con los sectores más poderosos para sostenerse sin sobre saltos hasta las elecciones de medio término.
Del discurso anticasta a la práctica oligárquica
La decisión de reducir –y en algunos casos eliminar– las retenciones a las exportaciones del campo representa una señal clara de la dirección que ha tomado el gobierno. El relato “anticasta” que catapultó a Milei al poder comienza a desdibujarse frente a la realidad de una administración que ha cerrado filas con los grupos económicos más concentrados del país. Entre ellos, las grandes exportadoras de granos, los fondos de inversión y sistema financiero y bancario.
“Las retenciones no son un impuesto más: son una herramienta de política económica clave para equilibrar el mercado interno con la necesidad de divisas. Su reducción implica una transferencia directa de ingresos desde el conjunto de la sociedad hacia los exportadores”, advirtió el economista Horacio Rovelli en un reciente informe del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).
El beneficio fiscal para las grandes cerealeras y pooles de siembra no sólo socava el superávit que el propio gobierno proclama como su principal logro, sino que reabre el frente inflacionario: al liberar precios de exportación, es cuestión de tiempo para que los precios internos –especialmente de alimentos– se encarezcan nuevamente. En un país donde el 45 % de la población es pobre la quita de retenciones es, en los hechos, una política regresiva.
Dólares por respaldo político
La medida se inscribe en un contexto de fragilidad financiera. Con el ingreso de divisas en retroceso y una brecha cambiaria que volvió a ampliarse tras la tregua de junio, el gobierno necesitaba desesperadamente recomponer el flujo de dólares. Según cifras del Banco Central, entre mayo y julio se redujo un 35% la liquidación de divisas del agro respecto del mismo período del año anterior. Ante la falta de incentivos para que el campo liquide dolares durante el segundo semestre y la apreciación de los productores sobre que era inminente otra devaluación, la baja de retenciones era, entonces, la última carta.
En paralelo, el apoyo de los sectores rurales también venía erosionándose. Dirigentes de entidades como CRA y la Sociedad Rural habían comenzado a manifestar públicamente su malestar por la falta de señales concretas. La medida, entonces, no solo persigue un objetivo fiscal, sino uno claramente político: recomponer la alianza con uno de los núcleos duros del oficialismo. El respaldo de estos sectores no es menor, sobre todo en regiones claves del interior donde el oficialismo necesita sostener sus votos en las legislativas.
Transferencia de ingresos a gran escala
La lógica que subyace detrás de estas medidas es coherente con el rumbo general del gobierno: una masiva transferencia de ingresos desde los sectores populares hacia los sectores más ricos y concentrados. El ajuste fiscal no recayó sobre los que más tienen, sino sobre jubilaciones, obra pública, subsidios a los servicios y salarios estatales. La licuación del gasto social, combinada con políticas que benefician a exportadores, bancos y grandes empresas, ha generado una redistribución inversa del ingreso nacional.
Según estimaciones del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y junio de 2025 el Estado nacional transfirió más de 15.000 millones de dólares en beneficios fiscales y financieros a los sectores concentrados. Al mismo tiempo, las jubilaciones perdieron cerca del 30% de su poder adquisitivo, los salarios estatales el 25%, y el gasto en salud y educación se redujo en términos reales más del 40%.
Todo esto en nombre de un ajuste que, según el gobierno, es imprescindible para ordenar la macroeconomía. Pero lo que se presenta como un “sacrificio necesario” es, en la práctica, una reconfiguración del poder económico a favor de una minoría privilegiada.
Riesgo fiscal e impacto inflacionario
La baja de retenciones pone en entredicho el equilibrio fiscal que el gobierno presenta como su mayor logro. Si bien la medida puede mejorar la recaudación por una mayor liquidación en el corto plazo, en términos estructurales implica una pérdida de recursos genuinos para el Estado. La posibilidad de mantener el superávit primario dependerá ahora más que nunca del ajuste sobre el gasto, que ya empieza a mostrar signos de agotamiento político y social.
Además, el impacto sobre los precios internos será inevitable. Tal como ocurrió tras la eliminación parcial de las retenciones en 2016, la mejora del precio neto para los exportadores se traslada rápidamente al precio de los alimentos. En un país donde casi el 70% del consumo alimentario depende del mercado interno, esta dinámica afectará especialmente a los sectores más vulnerables.
“Las retenciones son un instrumento para desacoplar precios. Cuando se reducen, los alimentos tienden a seguir el precio internacional. En un contexto de aumento global de los precios de los commodities, eso es una amenaza directa al bolsillo de las familias”, explicó la economista Julia Strada en declaraciones a C5N.
Geopolítica y soberanía condicionada
En simultáneo, el gobierno recibe un respaldo cada vez más explícito del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos. La reciente visita del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, y las declaraciones de apoyo del próximo embajador Peter Lamelas, junto con los elogios de Kristalina Georgieva, consolidan una red de apoyos externos sin precedentes desde 2018. Pero esa red tiene un precio: mayor alineamiento con los intereses estratégicos del Norte global, en detrimento de una política exterior autónoma.
Este alineamiento se expresa en gestos como la flexibilización del reclamo por Malvinas, la marginación del bloque BRICS y la apertura a empresas norteamericanas en sectores estratégicos como el litio, el gas no convencional y el sistema financiero. Como señaló el politólogo Atilio Boron, “el gobierno de Milei ha entregado todas las palancas de soberanía económica y política a cambio de un puñado de dólares para sobrevivir hasta las elecciones”.
¿ Dónde nos lleva este modelo?
La estrategia del gobierno es clara: asegurar dólares y apoyo político a cualquier costo, aún si eso implica romper con sus propias banderas de campaña. La motosierra no se aplicó a la “casta”, sino a jubilados, trabajadores, estudiantes y pequeños productores. Mientras tanto, se consolidan alianzas con los actores más poderosos del sistema: el agroexportador, los bancos, y los organismos financieros internacionales.
En este escenario, el interrogante no es si el modelo es viable. La pregunta central es cuánto más puede resistir la sociedad argentina un esquema que solo ofrece ajuste, dependencia externa y concentración de la riqueza. A corto plazo, Milei ha conseguido oxígeno político. A mediano plazo, el costo puede ser una nueva etapa de crisis y frustración nacional.
