“Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país”, sostuvo el juez Martín Bava al fundamentar su decisión. También precisó que “fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales (el espionaje), sino utilizó esa información para tomar decisiones».
El 15 de noviembre de 2017, un submarino de la Armada Argentina se hundió. Integraba la flota de la Marina desde el regreso de la democracia Con él, se perdieron las vidas de 43 hombres y una mujer. Sus familiares empezaron desde ese día el camino para saber qué pasaba con el buque y cuál era el destino de sus seres queridos.
El Poder Ejecutivo, entonces en manos de Mauricio Macri, los espió para anticiparse a sus reclamos. Macri posibilitó que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguiera a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan –en su gran mayoría mujeres–, generó las condiciones y brindó recursos para que los espías realizaran esas tareas, dejó que la exSIDE reuniera información acerca de lo que pensaban y cuáles eran sus reclamos al gobierno y utilizó esos datos –conseguidos ilegalmente– para tomar decisiones políticas. Ése es el argumento con el que el juez Martín Bava dictó el primer procesamiento contra Macri desde que dejó el poder. Para el magistrado, el accionar de la AFI macrista fue un regreso a un pasado tenebroso. “Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país”, escribió.
La interventora en la AFI, Cristina Caamaño, presentó una decena de denuncias por los desmanejos en la exSIDE desde que asumió en diciembre de 2019. En todas, Macri encabezaba la acusación. Hubo denuncias por espiar a la principal líder opositora, Cristina Kirchner, por investigar a periodistas y activistas o por dilapidar los recursos del Estado.
En Lomas de Zamora también, la Justicia federal llegó a acreditar que un grupo de policías de la Ciudad de Buenos Aires, devenidos en integrantes de los servicios macristas, habían llegado incluso a espiar a la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri, y a su pareja, Salvatore Pica. Ningún hecho caló más hondo que los seguimientos, las infiltraciones y las fotos a los familiares de los 44 submarinistas.
La causa se inició con el hallazgo de una serie de documentos que habían sido producidos desde la base Mar del Plata de la AFI y enviados para conocimiento del propio Macri, según Bava. “Fue Mauricio Macri quien no solo permitió la realización de esas tareas ilegales, sino utilizó esa información para tomar decisiones –escribió el juez que subroga en Dolores–.
En algunos casos esas decisiones tuvieron que ver con tener información adelantada sobre los reclamos que recibiría o las manifestaciones organizadas por las víctimas ante la visita del entonces presidente a Mar del Plata; y en otras ocasiones, a mantener el seguimiento constante y sistemático de las medidas reivindicativas del colectivo de familiares que resulta víctima de estas tareas ilegales”.
Los partes de inteligencia se produjeron después del primer encuentro que Macri mantuvo con las familias el 20 de noviembre de 2017, a cinco días del hundimiento del ARA San Juan. Los agentes de la base Mar del Plata –ya procesados por Bava– informaban sobre cuáles eran los pedidos de los familiares antes de una reunión en la Casa Rosada con el entonces mandatario o si dos mujeres se acercaban al Golf Club de Mar del Plata para intentar entregarle una carta a Macri. ¿Qué objetivo buscaban estas mujeres? Que la búsqueda del buque no se detuviera.
La existencia de la documentación le dio una impronta particular a la causa: nadie negó que las tareas de inteligencia se hicieron. Lo que buscaron algunos de los imputados fue dotarlas de un barniz legal. La primera en seguir ese camino fue la subdirectora general de la AFI macrista, Silvia Majdalani, quien sostuvo que los agentes estaban colaborando con lo que se conoce como la “Avanzada Presidencial”, es decir, con las tareas que se hacen antes de que el presidente visite un determinado territorio. Pese a que la exfuncionaria ya estaba procesada para cuando él debió presentarse a indagatoria, Macri siguió la misma estrategia. El juez desestimó que los espías estuvieran colaborando para garantizar la seguridad del Presidente:
- La AFI, según los testigos que propuso el expresidente, hacían informes socio-ambientales, que mayormente se entregaban el mismo día de la actividad a la Casa Militar, el organismo que está a cargo de proteger al Presidente y a su familia.
- En la Avanzada Presidencial, la AFI no hacía tareas en continuado, como se muestra en la investigación que lideró Bava. Según la veintena de partes que analizó, las tareas de espionaje se hicieron entre diciembre de 2017 y finales de 2018, no únicamente cuando Macri viajaba a Mar del Plata. Las tareas cesaron cuando apareció el submarino. “El hecho concreto de que se haya espiado a las y los familiares tripulantes del submarino cuando estos iban a reunirse con el Presidente de la Nación, pero que no se haya tomado la misma determinación en otras oportunidades es un argumento concreto que ilustra cómo la infiltración en los reclamos de los 44 tripulantes respondió a un requerimiento puntual realizado por el imputado”, afirma el juez.
- Ninguno de los testigos dijo que la AFI formaba parte del anillo de seguridad del entonces Presidente.
- Nada justifica que se siguiera a quienes reclamaban saber qué había pasado con los suyos. De hecho, para Bava, el espionaje no solo fue ilegal, sino que cercenó la posibilidad de estas víctimas de expresarse y de peticionar ante las autoridades.
Según el juez, el accionar de la AFI durante el macrismo se guió por una práctica de espiar para ver si se encontraba algún delito. Algo así como un “espionaje preventivo”, que pone a todos los ciudadanos en la mira de los servicios, y que está tajantemente prohibido por la Ley de Inteligencia –aprobada durante la presidencia de Fernando de la Rúa y reformada durante el segundo gobierno de CFK–. Por el contrario, la actividad de inteligencia debe guiarse por hipótesis que son determinadas por quien encabeza el sistema de inteligencia, es decir, el presidente. Esas hipótesis jamás pueden referirse a cuestiones políticas.
“Las acciones llevadas adelante contra los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, así como también las referidas a los familiares del buque Rigel y del buque el Repunte, se fundamentan en ‘viejas concepciones’, hoy manifiestamente ilegales, en las que el objetivo de la inteligencia estatal vuelve a recaer en actividades que hacen al funcionamiento de nuestro sistema democrático, como son las manifestaciones sociales o los reclamos de justicia de diferentes colectivos de la sociedad y el derecho constitucional a peticionar a las autoridades”, resaltó Bava. Futuro por pasado.
