En América Latina, las personas más pobres —y dentro de ellas, las mujeres— pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos. Para los países del G20, eso debe cambiar. Llegó la hora de que los 3 mil megamillonarios del mundo paguen un tributo mínimo global. En Brasil, los jefes de Estado se comprometieron a avanzar en las discusiones para gravar a los que más tienen. Milei firmó pero en desacuerdo con discriminar a los “ultra-rich”. Desde los feminismos, Agustina Paz Frontera analiza la propuesta impulsada por Lula, se pregunta a quién y cómo le cobra impuestos el Estado y si el nuevo gravamen pondrá la sostenibilidad de la vida en el centro de las prioridades.
(Por: Agustina Paz Frontera/Arte: Federico Lenci)1.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo: tan solo 2 personas concentran tanta riqueza como los 334 millones de personas más pobres. Hay países enteros que tienen menos dinero que una sola persona. Números que no dicen nada hasta que “la ves”: una catástrofe ambiental que borra un pueblo entero, lleno de gente, de animales, de historia; una fila de personas bajo la lluvia con tuppers en las manos que esperan recibir un poco de arroz con salsa; un amigo que decide terminar su vida sobrepasado de angustia por un futuro que no puede cambiar. Se necesitan muchas cosas para salir de la policrisis, pero especialmente se necesita plata. Y plata hay, un montón. No es novedad: está en pocas manos.
2.
Mi amiga Andrea usa flequillo cortito como una rolinga de los primeros 2000. O como animadora de Paka Paka, que es casi lo mismo. Al menos una vez al mes tomamos café en distintos bares de la ciudad. Charlamos, observamos al resto. Cuando termina su cortado en jarrito, pide la cuenta dibujando un gancho en el aire, se acomoda en la silla, el corazón se le acelera y el silencio nos suspende en el tiempo. Andrea, alerta de flequillo, es una fiscalista ultra. Se sale de la vaina por saber si van a traerle un ticket fiscal o si van a ofrecerle un descuento tentador por pagar cash. La he visto tener una suerte de tourette recaudatorio cuando pide una factura. “¿No me vas a traer un ticket legal, c&@$#/°s?”. Es la viva imagen del sabueso de la DGI de los 90 pero feminista y sin ningún poder punitivo.
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Para los países del G20, que representan el 85% del PIB mundial —y no son un ejemplo de igualitarismo—, llegó la hora de que los 3 mil superricos del mundo paguen un impuesto mínimo global y cooperen en la resolución de la crisis. El gobierno de Brasil, presidido por Lula Da Silva, encargó al economista francés —y discípulo de Thomas Piketty— Gabriel Zucman, una investigación sobre la viabilidad de generar una norma mínima global para que los países graven a los superricos. Al mismo tiempo, en la ONU se viene discutiendo la creación de una Convención Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional. Los jefes de Estado del G20 (Estados Unidos, China, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía y dos bloques: la Unión Europea y la Unión Africana) discutieron la propuesta y consensuaron continuar la conversación: “con total respeto a la soberanía tributaria, buscaremos involucrarnos para garantizar que los individuos de mayor patrimonio líquido sean efectivamente tributados”, escribieron y todos, incluida Argentina, firmaron.
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Mirta gana 150 mil pesos por mes limpiando casas.Todo su ingreso se le va en compras diarias. El 21% de lo que consume tributa IVA, no tiene forma de negarse a pagarlo. Proporcionalmente destina una parte muchísimo mayor de sus ingresos a ese impuesto que una persona del decil de ingresos más altos, que tiene un montón de dinero que escapa a ese consumo. Además, ese hipotético rico puede esconder sus ingresos, evadir el pago de contribuciones, mover su plata a un país donde tributa menos, etc. Al final del día, las Mirta pagan muchos más impuestos que la gente que más tiene. ¿Es justo? ¿Es, incluso, ético y honroso?
5.
La justicia fiscal es una bandera feminista ¿Por qué? ¿Qué hace una flequilluda hablando de tributación? En un momento de restauración conservadora, queremos y necesitamos, como dijo Judith Butler: “un contraimaginario: una visión apasionada que rivalice y derrote el sadismo moralizado de las pasiones fascistas y su paisaje fantasmático». Reclamar una cooperación internacional sobre justicia tributaria no es toda la solución, pero que los 3000 megamillonarios paguen como mínimo un 2% anual por su exorbitante riqueza es, por lo menos, esperanzador. ¿Para qué queremos esto las feministas? Para que las mayorías paguen un poco menos de impuestos (la presión fiscal nos está matando) y para que con lo recaudado se puedan realizar medidas concretas contra el hambre, la pobreza y el cambio climático. Hoy, según Verónica Serafini, prestigiosa economista feminista de Paraguay, “alrededor del 10% del PIB de la región está siendo evadido o son privilegios y exoneraciones tributarias. Ese 10% podría financiar lo que América Latina necesita en inversión en educación, en salud, en financiamiento de políticas de cuidado —algo que casi no tenemos—, en universalidad de los sistemas de protección social”.
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Lula Da Silva se refirió a esta iniciativa en septiembre pasado en una gala de premiación organizada por la Fundación Bill y Melinda Gates en Nueva York: “El problema es que hoy hay en el planeta cinco megaempresarios que tienen más dinero que diez países. No estoy en contra de los ricos, estoy en contra de que las personas sean pobres”, declamó ante una audiencia en la que estaba justamente Gates, una de las diez personas más ricas del mundo según la revista Forbes. Y completó: “No es posible que una persona sola tenga más dinero que Reino Unido o que Brasil, que es un país con 210 millones de habitantes”. En su opinión, el problema del hambre, que afecta a 733 millones de personas en el mundo, según un informe de cinco agencias de la ONU, “no es la falta de dinero”, sino “la falta de vergüenza” de los líderes mundiales.
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El presidente Javier Milei achica la AFIP, llama “héroes” a los evasores y facilita el blanqueo de dinero ilegal sin cobro de impuestos ni penalidades. La política fiscal llevada adelante por el presidente en sus primeros 10 meses de gobierno permitía sospechar que su posición sería contraria a la promovida por la ONU y por Brasil en el G20. Y así fue, pero solo en términos discursivos. A puertas cerradas, minutos antes de definir la firma de la Declaración de los líderes del G20, Milei expresó su disidencia con, entre otras cosas, la mención a los impuestos a los superricos: “La Argentina considera que no es correcta la mención de ciertas categorías de pagadores de impuestos, por ejemplo los ultra-rich, a ser potencialmente gravados, por ser discriminatoria y también implicar un trato desigual frente a la ley”, declaró. Sin embargo, al mediodía del 18 de noviembre el documento en el que el G20 se compromete a “avanzar en las discusiones para tributar a los llamados superricos”, ya había sido firmado por todos, incluida Argentina.
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Cómo recauda y cómo gasta el Estado, la fiscalidad, es una discusión que en los centros urbanos de Argentina aparece en las conversaciones más capilares. En cualquier esquina se puede escuchar sobre formas de evadir impuestos, sobre el gasto público o sobre la presión tributaria que los empresarios padecen y que los obligaría a despedir empleados o fugar su capital. La hoy callada Viviana Canosa logró sintetizar en los medios de comunicación en la frase “con la nuestra” una pregunta por el uso que los gobiernos hacen de los ingresos públicos y abrió un canal para preguntar por el origen de “la nuestra”: ¿a quién y cómo le cobra impuestos el Estado?
9.
Las que más aportan a “la nuestra” en realidad son las personas más pobres y dentro de ellas, las mujeres. Mientras el IVA representaba en octubre de 2024 el 32% de la recaudación total, el impuesto a los bienes personales aportó sólo el 1%. Esta situación no ocurre solo en este país, en América Latina y el Caribe las personas más pobres dedican hasta un 45% de sus ingresos a pagar impuestos sobre el consumo de bienes y servicios. Mientras el 1% más rico sólo paga un 20% de su renta en tributos. Otra vez: las personas más pobres dedican, proporcionalmente, una mayor parte de sus ingresos al pago de impuestos. Y las más pobres dentro de los pobres son mujeres.
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La economía no es natural, así como se fue moldeando hasta llegar a la injusticia actual, se puede reprogramar. Más que en la cafetería del centro que no da ticket, la principal fuente de inequidad fiscal radica en los abusos de los superricos (por elusión y evasión, según la Cepal, los países de la región dejan de recaudar hasta un 6,3% del PBI, el equivalente al presupuesto destinado a salud en forma anual en la región). Esos mismos estados otorgan también incentivos fiscales, por ejemplo a la industria de combustibles fósiles, que corresponden a cerca del 4% del PBI nacional (el mismo porcentaje que la región invierte en educación pública). Ni los trabajadores, ni las beneficiarias de planes sociales, ni los jubilados ni las universidades; son las élites las que debilitan la economía de cada país, una casta que vive de que el Estado le perdone flujos ilegales, deudas o impuestos.
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Alerta de flequillo en la discusión sobre justicia fiscal. En las redes sociales, una variante de la misoginia —con algún grado de comicidad, hay que reconocer— se manifestó en la creación de “alerta de flequillo”, una batiseñal libertaria para designar a las mujeres feministas y progresistas (o de izquierda, o peronistas, para los libertarios los matices son un gasto innecesario). ¿Qué hace una feminista obsesionada con que los contribuyentes aporten a las arcas del Estado? ¿Una feminista defendiendo a la AFIP? ¿Qué tiene que ver el feminismo con los impuestos? Es fácil: la desigualdad. Los feminismos no sólo señalan que el sistema es desigual porque las personas pobres pagan, en proporción, más que los ricos, también nos preguntamos qué proyecta hacer el Estado “con la nuestra”. Si todos los esfuerzos que se están haciendo en la ONU y en el G20 para que una norma internacional permita gravar a los superricos y recaudar ese dinero para paliar el hambre, la pobreza y el cambio climático, la pregunta es: ¿cómo se usará ese dinero? ¿Que paguen más los ricos va a implicar, de alguna manera, que los y las pobres paguen menos? ¿Un impuesto a las grandes fortunas se traducirá en más gasto público, en derechos o en desarrollo?¿Pondrá la sostenibilidad de la vida en el centro de las prioridades?
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En Argentina, la reducción del gasto público es fenomenal, y en términos de políticas diseñadas para erradicar las brechas de género la merma es angustiante. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto para las políticas de género en 2024 es un 33,2% más bajo que el año pasado. Hubo recortes en el programa Acompañar, la Línea 144, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. También en otras políticas que, si bien no están pensadas para la reducción de brechas, tienen un impacto igualador en términos de género. Malena Vivanco, economista de ACIJ y ETFE, dice que la retirada del Estado de la prestación de servicios se traduce en más trabajo no remunerado de mujeres y niñas en los hogares, son ellas las que compensan esa retirada del Estado. Más trabajo no pago para las que menos cobran y más impuestos pagan.
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¿El impuesto a los superricos es un delirio de zurdos y flequilludas? No. Alrededor de dos tercios (el 68%) de los ciudadanos de los países del G20 respalda que las personas ricas paguen un impuesto sobre su patrimonio como medio para financiar cambios importantes en la economía y el estilo de vida. Según la encuesta realizada por Ipsos, Arabia Saudí y Argentina son los países que menos apoyan la propuesta (con un 54% de apoyo en ambos casos). En Argentina contamos con una encuesta realizada por LEDA en AMBA en 2022 que preguntó puntualmente sobre el nivel de acuerdo con una propuesta de política económica que bajara las retenciones a las exportaciones de origen agropecuario. El 49,3% de la población relevada presentó algún grado de acuerdo con la baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias. Los investigadores de LEDA definieron el escenario histórico como de “crecimiento de los posicionamientos ideológicos anti-distribucionistas, anti-estatistas y antiigualitarios, la consecuente legitimación de impuestos regresivos (…)”.
¿Será que la mayoría se identifica con los ricos, será que rechaza de pleno cualquier intervención estatal en la economía o será, como dice Gonzalo Azuza (antes de que ganara Milei), que la resistencia ciudadana a los impuestos a la riqueza debe leerse como una antipatía popular para con los políticos vinculada a la preocupación que genera la corrupción en el Estado? “Explicar y dar cuenta del gasto público no es una demanda desestabilizadora, sino una necesidad política del campo popular”. Algunas feministas no podemos estar más de acuerdo.
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La política exterior del gobierno de Javier Milei es errática y confusa. Diana Mondino, canciller argentina hasta hace algunas semanas, figura pública y estandarte del mileísmo durante la campaña, fue renunciada luego de votar en la ONU contra Estados Unidos y a favor de Cuba —como venía haciendo Argentina— . Salió entonces a la luz una puja dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde hay encargados de frenar toda inercia de los funcionarios de carrera y de filtrar la agenda “woke”. El exsenador de Pro y sherpa del G20 Federico Pinedo justificó las recientes salidas de diplomáticos porque “se estaban tomando posturas que eran lo contrario de lo que decía el Presidente. Ahora se está construyendo un nuevo orden”. Esta premisa prometía posturas inequívocas y disruptivas en la reunión de los líderes globales en Brasil, tal como había sido la disidencia argentina ante el Grupo de Trabajo Empoderamiento de las Mujeres del G20 en octubre pasado, cuando Argentina fue el único país que no firmó el documento. Pero esta vez, en la Cumbre de Río, no hubo performance: Milei se manifestó en contra del impuesto a los superricos pero, finalmente, firmó el documento que, entre otras cosas, compromete a los gobiernos a discutir la cooperación fiscal internacional. Acompañó para no quedar aislado pero no participó de la foto de cierre de todos los líderes. Su actuación antisistema se topó con el pragmatismo necesario en las relaciones internacionales, en especial las comerciales.
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Distintas organizaciones feministas de Argentina firmaron una declaración de apoyo a la tributación de los super ricos y reclamaron aumentar la cooperación internacional sobre justicia fiscal, pero esta vez con perspectiva de género. Buscan así generar ingresos para políticas sociales, especialmente focalizadas en género y cuidados. Distintas campañas y organizaciones señalan que los ricos tienen la oportunidad de convertirse en héroes, pero esta vez no por evadir (como dijo MIlei), sino por cumplir y pagar impuestos. Poniendo estaba la casta.
Este artículo fue producido por la Asociación Civil Lola Mora para incentivar acciones que apunten a la justicia económica en el marco de la discusión global promovida en torno a la Cumbre del G20 de 2024.
