La situación no es sencilla en ningún lugar del mundo, y se intensifica en la Argentina por la inédita sequía.
Por Carlos Heller
A través de distintas acciones, el gobierno nacional trata de sostener los ingresos y apuntalar el nivel de actividad. La situación no es sencilla en ningún lugar del mundo, y se intensifica en Argentina, producto de la inédita sequía que impacta en la producción agropecuaria, con sus consecuencias en el resto de los sectores, en el ingreso de divisas por exportaciones y en la recaudación fiscal, vía menores retenciones.
Está claro que los números serían bastante diferentes de no ser por ese shock exógeno, que no tiene que ver con las políticas del gobierno, sino que –por el contrario— requiere de ellas. De no existir la sequía, sería posible aliviar las restricciones que pesan sobre el sector externo en materia de divisas. En 2023 la caída de las exportaciones se proyecta en unos 20 mil millones, dólares que en 2024 estarán disponibles. Por eso es fundamental seguir tendiendo los puentes externos necesarios para transitar la coyuntura, y aplicar políticas que cuiden el mercado interno y los ingresos de los argentinos y las argentinas.
En este aspecto, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, se reunieron con Coninagro, entidad que agrupa a las cooperativas agrarias, y acordaron el desembolso de Aportes No Reembolsables por $ 1000 millones para ayudar en la etapa de siembra a las cooperativas. Además, se está avanzando en la disponibilidad de fondos rotatorios para brindar apoyo a “aquellos productores no bancarizados” que no tienen otra opción para acceder a créditos y financiamiento en situaciones de emergencia, como las causadas por heladas, granizo y sequías en las economías rurales.
En Expo Escobar 2023 el ministro de Economía anunció que quedarán exentos del pago del Impuesto a las Ganancias para el medio aguinaldo los/as trabajadores/as que mensualmente cobren entre $ 506.230 y 880.000 de sueldo bruto, medida que alcanzaría a 513 mil personas. Se entregará un reintegro, en dos cuotas, en junio y julio, por las retenciones sobre el Impuesto a las Ganancias que han venido realizando las empresas en concepto de adelantos por el aguinaldo. Se espera que todos estos ingresos adicionales vuelvan al consumo.
También se realizará un ajuste del 41,5% en las escalas de facturación del monotributo y se mantendrá sin cambios el valor de la cuota mensual. La medida tiene el foco puesto en la próxima recategorización (julio) y apunta a evitar que producto de la inflación y del consiguiente impacto en los montos de facturación las personas deban ingresar en escalas más altas.
También se anunció la ampliación del financiamiento otorgado a través del Programa Crédito Argentino (CreAr), por medio del cual 1.240.000 monotributistas podrán acceder a créditos a tasa fija del 43% subsidiada por el Estado nacional, para capital de trabajo, con garantía del Estado a través del FOGAR.
Todas estas medidas forman parte de un herramental más amplio mediante el cual se busca sostener el mercado interno y el empleo. Según los datos del SIPA, en marzo se alcanzó el máximo histórico con 13,1 millones de trabajadores/as registrados/as, casi 1 millón más que en diciembre de 2019. En el caso de los asalariados registrados, se llevan 32 meses de crecimiento ininterrumpido del empleo.
En cuanto a la industria, los datos del Indec muestran que el Índice de Producción Manufacturero creció 1,2% mensual en abril (sin estacionalidad), y llegó al máximo en 65 meses (desde noviembre de 2017). Un dato más para destacar en el actual contexto y que sirve para reforzar la idea de que resulta imprescindible la presencia del Estado, incentivando la demanda, y administrando las divisas disponibles de forma tal de tratar de abastecer las necesidades de importaciones de la industria. ¿Qué estaría ocurriendo hoy si estuviéramos en presencia de un Estado “canchero”? Es importante pensarlo.
La actividad de la construcción evidenció una fuerte caída en abril del 3,4%, lo cual lleva a una caída en el cuatrimestre del 1,6%, comparada con igual período del año anterior. No obstante, la magnitud de lo producido en este rubro en abril sigue estando por arriba de los niveles de 2019.
No podemos dejar de mencionar el último dato de inflación de la CABA, que alcanzó en mayo al 7,5% mensual, por debajo del 7,8% de abril. No es un dato para festejar, ni para generalizar al resto del país, pero sí es importante reparar en la desaceleración, y en el hecho de que Alimentos y Bebidas no alcohólicas registró un aumento del 6,6% por debajo del índice general y de lo ocurrido en abril (10,4%). Se trata del rubro que más impacta en el presupuesto de los hogares y por eso hay que seguirlo de cerca.
En materia de deuda pública, el Tesoro nacional realizó el jueves pasado una nueva conversión de títulos públicos en pesos, que permite reordenar el perfil de vencimientos, al canjear aquellos que expiran entre junio y septiembre de este año, por instrumentos de mayor plazo, que vencen entre agosto de 2024 y enero de 2025. Con el canje se alcanzó un alivio financiero de aproximadamente $ 7,4 billones para los próximos cuatro meses. Hubo una adhesión importante del 78%, que incluyó al sector privado y público, “destacándose los inversores institucionales de largo plazo, como las entidades financieras que tuvieron un nivel de participación del 90%”, según comentó el ministro Sergio Massa.
Con ello se echan por tierra las especulaciones en torno a la “bomba de deuda”, y al fantasma del reperfilamiento, ideas que la oposición viene tratando de instalar hace tiempo y que no tienen asidero con la realidad, tal como señalamos en todo momento. Está claro que es una forma de “hacer campaña” por parte de JxC y los libertarios, muy costosa para la sociedad, dado que impactó en las expectativas y en la evolución de los tipos de cambio especulativos y los precios internos.
Mientras tanto, el reloj electoral sigue corriendo y presiona sobre las definiciones. En el caso del Frente de Todos, se conoció un comunicado de trece gobernadores/as provinciales, solicitando la “construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal”. Un paso que considero importante y que fortalece la idea que vengo sosteniendo, acerca de que en estas circunstancias lo deseable sería que se pueda acordar una lista de consenso.
Cabe señalar que se trata de provincias que no tienen posturas uniformes en todos los puntos, es decir que poseen matices, aunque lo importante es que todos/as los/as gobernadores/as que participaron hayan podido coincidir en un planteo común. El comunicado también expresa que proponen “elaborar participativamente una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal convocando a otras fuerzas políticas”. Se anunció además la conformación de una comisión de acción política que “contribuya a la construcción de un plan de gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social”.
Es importante ir elaborando pautas para trabajar en la conformación de un programa y dar pasos en pos de la unidad.
