Edición n° 2653 . 26/02/2024

PODER ECONÓMICO 3 – TRABAJADORES 0

Después del Plan Licuadora y el DNU Ley de la Selva, llega la ley Argentina en Venta.

POR JULIA STRADA Y HERNÁN LETCHER

El presidente Javier Milei envió la Ley Ómnibus al Congreso el pasado miércoles. Es el tercer hito en contra de los trabajadores y con beneficios al poder económico:

  1. El primero fue el Plan Licuadora de Caputo del 12 de diciembre, que supuso una devaluación inédita del 120% que colocó al tipo de cambio en su nivel más alto desde el 2001 y más que duplicará la inflación de diciembre, combinada con 140% de devaluación para la industria (por suba del Impuesto País), aumento de combustibles, anuncio de eliminación de subsidios a las tarifas de transporte, luz y gas y la suspensión de la obra pública en todo el país. Los ejes fueron analizados oportunamente por CEPA.
  2. El segundo fue el DNU Ley de la Selva de Sturzenegger que analizamos en esta nota del Cohete, con desregulaciones en amplios sectores económicos (comercio interior, salud, código aduanero, tarjetas de crédito, minería, ley de tierras, sector aerocomercial), la conversión en sociedades anónimas de todas las empresas publicas y también de los clubes, y un retroceso histórico por su magnitud respecto de la ley de trabajo y la ley de asociaciones sindicales.
  3. La Ley Argentina en Venta – mal llamada Ómnibus- es la tercera embestida.

En esta nota realizamos un detalle de los principales retrocesos que este proyecto de Ley involucra para la clase trabajadora y los amplios beneficios, que – en espejo- consigue el capital.

  1. Argentina en venta  beneficios al poder económico

El punto central, que reporta gravedad por su carácter irreversible en caso de concretarse, tiene que ver con la privatización de 41 empresas públicas que contiene el proyecto de ley. Gran parte de éstas registran superávit y están ubicadas en sectores estratégicos de la economía. Su venta significaría la habilitación de negocios nuevos o la ampliación de los existentes para el sector privado.

Los ejemplos paradigmáticos son YPF y el Banco Nación, que lejos están de ser empresas deficitarias y son centrales para sus sectores. En 2023 YPF ya registró  3.000 millones de dólares de EBITDA (sólo en 9 meses), y tiene reservas abultadas que más que superan el juicio buitre por 16.000 millones de dólares que quieren usar de excusa para su venta. Como hemos calculado en CEPA, la suma de recursos y reservas de YPF, tanto de petróleo como de gas, asciende a 310.500 millones de dólares. A esto habría que adicionarles las reservas y recursos a descubrir en la formación Palermo Aike y en las áreas Off Shore. Es un botín irresistible.

El Banco Nación, por su parte, se acerca a un resultado en 2023 en torno a 700 mil millones de pesos y tiene más de 13 billones en depósitos públicos y privados codiciados como fondeo por la competencia. Precisamente, el 15 de diciembre, la calificadora de riesgo FIX SCR perteneciente al Grupo Fitch otorgó al BNA la máxima calificación a corto plazo (A1+) y la segunda mejor calificación a largo plazo (AA) con perspectiva estable. Los factores de la calificación fueron contundentes: Franquicia dominante (18,7% depósitos y 17,8% de los préstamos totales del sistema), buena rentabilidad («a septiembre 23 el flujo operativo mejoró 88% interanual» sostiene el reporte), razonable calidad de activos dada la atomización de la cartera, razonable cobertura con previsiones, adecuada liquidez (activos de alta liquidez son el 48% de los depósitos), mejora en su capitalización (21% activos tangibles). Queda claro que, especialmente en los casos de YPF y BNA, que si la idea es venderlas, no es por registrar déficit, sino porque son un gran negocio para uno o varios privados.

Párrafo fundamental merece Aerolíneas Argentinas, que en 2023 arroja ganancia de 32 millones de dólares y cuyo servicio en la conectividad de cabotaje permite que existan 21 ciudades sólo con vuelos realizados por la aerolínea de bandera, y que dejarían de existir con la política de cielos abiertos: Resistencia, Rio Gallegos, Rosario, Santa Rosa, Catamarca, Formosa, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Paraná, San Juan, Viedma, Rio Grande, Rio Hondo, Rio Cuarto, San Rafael, Bahía Blanca, Reconquista, Mar del Plata, Esquel y Merlo.

¿Y el resto de las empresas públicas? Si la intención es que el Estado abandone la inversión en infraestructura estratégica como el gasoducto Néstor Kirchner (de hecho, el reversal con Bolivia acaba de suspenderse), en cloacas y agua potable y en nuevas vías férreas para trenes de carga y pasajeros, desde ya, tanto IEASA (ex ENARSA) como AYSA y Trenes Argentinos dejarían de tener sentido. Estas empresas representan el grueso de las transferencias del Tesoro (el 90% del punto de PBI que supone el total del déficit de empresas públicas) y su venta al sector privado significaría la pérdida de estos servicios esenciales.

Cabe mencionar, dado el debate sobre lo “eficiente” que se ha instalado como excusa para el desguace, que la defensa de lo público no es incompatible con la mejora de la eficiencia que, por cierto, es un camino a recorrer.

Otras empresas que figuran en el listado de las privatizaciones propuestas tienen un carácter absolutamente estratégico y asociado a la soberanía: Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA) tiene a su cargo Atucha I y II y la Central de Embalse, que producen energía nuclear – limpia y que permite la diversificación de la matriz energética- con tecnología propia, argentina. Pocos saben que Dioxitek realiza el procesamiento del uranio concentrado, para abastecer los reactores nucleares. La tecnología para la fabricación de polvo de uranio y cobalto escasea en el mundo. Sólo dos países poseen tecnología similar: Brasil y Suecia. Abandonar la producción es abandonar un recorrido soberano que, por el contrario, debemos profundizar.

En los medios públicos, la suma de las transferencias en 2023 hacia Télam SE, Contenido SE y Radio y Televisión Argentina, representa cerca del 0,02% del PBI, muy lejos de la magnitud que el plan de Milei se propone ajustar. De repetirse la historia como ocurrió con Macri, los despidos de sus trabajadores serían antes bien un entretenimiento para la audiencia odiadora, y un retroceso en calidad informativa, antes que un paso en la meta de la resolución del déficit.

La privatización de empresas públicas no es todo lo que busca el poder económico. Aparece en la Ley Ómnibus una nueva combinación de blanqueo y reducción de impuestos a los ricos.

La liquidación del FGS es la contracara del desguace de las empresas públicas: lo público se privatiza y las acciones de empresas en manos del sector público vuelven a su lugar. Mediante artículo 226 se transfieren los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES al Tesoro Nacional. Las acciones en su interior son USD 13.100 millones (equivalente al 17,4%), teniendo 76.000 millones de dólares a noviembre de 2023.

Participación accionaria del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en empresas privadas

De esta forma se le otorga al sector privado aquellas acciones en potestad de los jubilados/as que son sus activos de carácter anticíclico. Para los dueños de estas empresas, la participación de directores en sus filas (derivado del nivel de participación accionaria del Estado en las mismas, que se observa en el cuadro precedente) constituyó siempre una intromisión inaceptable del Estado en el sector privado.

De hecho, una de las normas más interesantes y resistidas del gobierno de CFK fue la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), cuya función era centralizar las decisiones del Estado en las empresas donde tenía participación, lo que permitía orientar inversiones y lograr la reinversión de utilidades

El blanqueo es una copia de lo que hizo Macri y la tasa exigida resulta insignificante: (la alícuota es de sólo el 5%) a partir de los 100.000 dólares. Si bien resta el trámite legislativo y eventual reglamentación, el texto de la ley no exige que el dinero se mantenga por una determinada cantidad de tiempo en Argentina. Se introduce asimismo una moratoria, de carácter tradicional, que beneficia a los grandes pero también a pymes

Se reduce, del mismo modo que lo hizo Macri, la alícuota del impuesto a los Bienes Personales. La alícuota máxima se reduce desde 1,75% hasta 0,5% generalizado en 2027. No sólo se reduce el peso de un impuesto progresivo  (con Macri representaba el 1,1% de la recaudación y se redujo a 0,6%), sino que además, el beneficio es para los que tienen mayor patrimonio, dado que en la actualidad la alícuota del primer escalón es de 0,5% y quienes pagan en esa escala lo continúan haciendo, mientras que los que abonaban alícuotas más altas, tienen un beneficio con la reducción. Se achata la pirámide: los más ricos dentro de los ricos pagan menos.

Impuesto a los Bienes Personales en relación al PBI, 2007-2019.

Además, se lleva adelante un nuevo blanqueo laboral, otra copia de la gestión de Macri. Introduce amplios beneficios para el empleador que no haya registrado personal, y al trabajador/a le permite computar hasta 60 meses de contribuciones y aportes para su jubilación posterior. Todo ello a cargo del estado. En este proyecto de Ley de elimina el REPSAL, lo cual pareciera tener un perfecto encastre con las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo contenidas en el DNU, que elimina las multas y sanciones por no registración laboral. También está alineado con la extensión del período de prueba a ocho meses sosteniendo la teoría de que no se genera empleo por razones de costo laboral.

¿Resuelve este blanqueo laboral la informalidad? El blanqueo no identifica ni ataca las causales principales de la no registración laboral y la propuesta va a contramano de los lineamientos a aplicar para resolver el problema. Esto es: sanciones para los grandes que evaden, acompañamiento para las unidades pequeñas que no tiene espalda económica, y políticas especificas para bolsones de informalidad (sector agropecuario, textil o casas particulares).

Otro capítulo relevante que otorga beneficios al poder económico es el régimen de grandes inversiones. Los sectores incluidos comprenden agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía, tecnología, todos sectores cuyo potencial hacen rentable el negocio, incluso sin beneficios adicionales. ¿La industria? Ausente. Adicionalmente, la norma enviada al Congreso tiene enormes incentivos que pocas normativas han brindado alguna vez: reducción de Impuesto a las Ganancias de 35% a 25%, posibilidades de amortización acelerada en ese impuesto, y utilización del quebranto de manera íntegra en los años subsiguientes, beneficios de no pago del 7% de ganancias sobre dividendos en varios casos, uso de certificado fiscal de IVA y cómputo del impuesto a los débitos y crédito en ganancias. Como si esto fuera poco, se establecen derechos de exportación 0% a partir del tercer año, y libre disponibilidad de divisas también a partir del tercer año. Incluye ley de estabilidad fiscal hasta 2038 lo cual significa que no puede haber cambios tributarios hacia adelante.

El contraste es fenomenal: para los trabajadores, periodo de prueba de 8 meses por DNU, para los empresarios eliminación de impuestos y acceso a dólares por 15 años.

Respecto del sector hidrocarburos, se fija por ley la paridad a precio internacional. Es muy curiosa la modificación del artículo 6 de la Ley 17.319: “El poder ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción. En el caso de las empresas estatales, estas podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es, a las correspondientes paridades de exportación e importación según corresponda”. Es paradójico que frente a la desregulación de todos los precios (tarea iniciada en el DNU), se regule al sector público para que no pueda ejercer la función de desacople – el famoso barril criollo de YPF, más barato que el precio internacional. Si el beneficio de tener Vaca Muerta podría ser tener un menor costo de gas y petróleo para los argentinos y sus industrias, esta ley busca que eso no ocurra. Lleva la firma de las grandes petroleras. Cualquier suba del dólar o del precio internacional tendría impacto en la nafta, e YPF dejaría de tener un rol de empresa testigo. Por otro lado, en el sector energético, el artículo 256 de este proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar permisos de exploración y concesiones temporales de explotación en el sector. Este artículo es inconstitucional, porque esas facultades las tienen las provincias.

El capítulo sociedades reviste también centralidad: se elimina todo control del registro público sobre las sociedades, sin ningún tipo de revisión o auditoria. La norma considera que, en teoría, será la justicia ex post (cuando el daño ya se produjo) la que determine si se han hecho las cosas bien o mal, luego de juicios que suelen durar años. El proyecto permite, además, crear sociedades que no sean para producir o comercializar. Si los ricos quisieran armar sociedades sólo para colocar su patrimonio, la ley lo permitiría. Puede separarse el patrimonio como cajas chinas. No sólo eso, sino que además la norma permitiría crear sociedades sin objeto, lo cual va en contra del principio de especificidad. En definitiva, toda la reforma está pensada para abaratar y facilitar la creación de personas jurídicas de modo de trasladar el riesgo de la empresa a los terceros. Abaratar el costo de la limitación de responsabilidad. El verdadero neoliberalismo en el derecho societario.

Otro beneficio para los que han hecho del endeudamiento un negocio redondo, es el artículo 107, que elimina un artículo clave de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública N°27.612. Esto implica, por un lado, que el PEN no tiene obligación de pedir autorización al Congreso en caso de endeudamiento y, por otro, en las reestructuraciones elimina la obligación de mejorar dos de tres variables financieras (tasa, plazo, monto). Este beneficio parece tener nombre y apellido: la banca financiera internacional. El mega canje de Sturzenegger en 2001 fue el caso paradigmático de una reestructuración de deuda que no fue progresiva, sino que empeoró las condiciones crediticias para el país, lo endeudó más. Sturzenegger fue procesado por una maniobra que favoreció a sus amigos, siete bancos que cobraron comisiones por 150 millones de dólares, por hacer de intermediarios de sí mismos. Otros funcionarios como Caputo y Bausili tienen antecedentes de negociar en favor de los de afuera: Caputo, del Deutsche Bank, fue parte del acuerdo con los fondos buitre. impulsó el endeudamiento a cien años y promovió la fuga de dólares del primer desembolso del FMI. Santiago Bausili fue procesado por cobrar una indemnización del Deutsche Bank mientras negociaba con ellos mismos créditos con altas comisiones. Un día antes de asumir al  frente del BCRA con el gobierno de Milei, se le revocó el procesamiento.

  1. Despidos de empleo público, Ajuste Jubilatorio, Límites a la Protesta

Como espejo de los beneficios a grupos económicos locales, acreedores extranjeros y grandes patrimonios de la Argentina, se avanza – complementariamente con el DNU y su retroceso sobre la LCT- contra las y los trabajadores.

Se abre la puerta a despidos masivos en el ámbito estatal nacional, incluso en la denominada “planta permanente”. El artículo 605 establece la sustitución del primer párrafo del artículo 11 de la Ley N° 25.164, permitiendo que “Los agentes de planta permanente y bajo régimen de estabilidad cuyos cargos resultaran eliminados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos que componen la Administración Pública nacional o de las funciones asignadas a ellos, previstas en esta ley, pasarán automáticamente a revestir en situación de disponibilidad, por un periodo máximo de hasta DOCE (12) meses.” Ello, sumado al congelamiento de salarios públicos y a la decisión de discontinuar los contratos iniciados en 2023 coloca a los gremios estatales en el primer lugar del ataque libertario (junto a los de la construcción, afectados por la suspensión de la obra pública). Habrá que ver la reacción de estos sindicatos: si combaten y resisten o si eligen el camino de Cavalieri.

El proyecto de ley prevé la suspensión de la actualización de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones familiares, hasta tanto se apruebe otra ley, y autoriza al PEN a otorgar aumentos por decreto. No se propone ninguna nueva fórmula alternativa. A pesar de las reiteradas menciones del Ejecutivo sobre la necesidad de suspender la fórmula de actualización para mejorar los haberes de los jubilados,  luego de la conferencia de Caputo en los primeros días de Gobierno, el Ministerio de Economía publicó un cuadro donde casi el 10% de la reducción del déficit fiscal correspondía a un ajuste de 0,4% en los haberes jubilatorios. Resulta entonces difícil imaginar una mejora de las jubilaciones suspendiendo la norma mencionada.

Por otro lado, se confirmó el bono de hasta 55.000 pesos para enero para todos los que cobran hasta 160.000 pesos. Esto implica, en primer lugar, la buena noticia de que los bonos no se discontinúan. Pero, a la vez, que al menos para ese mes se congelan, lo que implica que, con una inflación de 25% estimada, los 55 mil pesos quedan unos 15 mil por debajo del equivalente actualizado por variación de precios (de hecho, la gestión anterior había prometido 65.000 para enero y 70.000 para febrero).

Por cierto, en el artículo 3 se declara la emergencia en seguridad social, lo cual equivale en el futuro a definir no sólo sobre las actualizaciones sino también sobre moratorias, años de aporte, edad jubilatoria, etc. esta emergencia es parte de un conjunto más amplio: se declaran 11 emergencias (en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social, más incluso que en la crisis de 2001) por dos años. Esto implica la absoluta delegación de poder del legislativo al PEN y el virtual cierre del Congreso.

Palo para el que protesta. En seguridad interior se realizan modificaciones al Código Penal que amplían los márgenes de imputación a quienes convoquen manifestaciones, organicen, faciliten los medios de transporte o logística, estén o no en el lugar. Una reunión de tres o más personas en un espacio público es una manifestación que debe pedir permiso al Ministerio de Seguridad.

Las decisiones anunciadas por Caputo al inicio de la gestión generan una masa de dinero extraída de la participación de los asalariados en el ingreso. Las tres embestidas de Milei tienen por finalidad el reparto de esa masa de dinero a la par de eliminar los diques de contención estatal que permitan retrotraer esa situación. Es decir, que no haya retroceso. El corolario de ese proceso, en la cabeza del presidente, es la dolarización, decisión que consolidaría y congelaría en el tiempo la nueva estructura y dinámica económica y un formato del Estado como garante del negocio privado.

Otras reformas de la ley

–        Minería: habilita la extracción de minerales estratégicos, ya que modifica la Ley de Glaciares (26.639) brindando requisitos específicos para el “ambiente periglaciar” que deben cumplirse para ser considerados protegidos. Un beneficio para las grandes mineras

–        Seguros: libre juego para los productores de seguros (Ley de entidades de seguros y su control, N° 20.091). La Superintendencia pierde incumbencia en regular la determinación de costos a las compañías (desregulan la presentación de tarifas, es decir, costo siniestral, carga administrativa y costo de adquisición) y se liberan las comisiones de los productores de seguros.

–        Azúcar: se eliminan los aranceles para su importación.

–        Libros: se deroga la Ley de Precio Uniforme. Esto beneficia a grandes librerías y editoriales en detrimento de las pequeñas y de los autores.

–        Se habilita la reventa de entradas en eventos deportivos.

–        Se eliminan todos los tributos para la importación de bienes de consumo sin fines comerciales.

–        Se deroga la ley que autorizaba la instalación de sistemas de recepción de señales de radiodifusión satelitales, siempre y cuando fuera para uso particular y sin fines de lucro.

Por último, la medida sobre Derechos de Exportación, debe ser analizada como correlato de la devaluación de 120% que fue el verdadero beneficio al sector exportador. Dicho esto, la decisión no pareciera mostrar la linealidad en el beneficio a las grandes empresas ya que tiene un objetivo recaudatorio de una parte del excedente generado por la suba del dólar. Luis Caputo mencionó que, una vez terminada la emergencia económica, se avanzará hacia «una eliminación de los derechos de exportación».

La supuesta generalización inicial se vio atravesada por el poder de lobby de algunos sectores. La suba fue de 15% para todo ¿Para todo? No. Luego de algunas negociaciones se mantuvieron en 8% al complejo vitivinícola y al aceite esencial del limón y en 0% a los sectores olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana. Para sumar a la confusión sectorial, esto fue compensado con el incremento de 2 puntos de retenciones adicionales para derivados de soja (de 31% a 33%). Adicionalmente, y a contramano de los trascendidos previos, el sector hidrocarburífero y minero mantuvo el nivel de DEX (8% y 4,5% respectivamente). Así entonces, el efecto adverso recayó sobre el resto de las economías regionales y el sector automotriz (que reclamó).