(*Emilia Trabucco)
La reciente ratificación de la condena y el encarcelamiento ilegal de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, por decisión del Ejecutivo, como el propio presidente Milei ratificó explícitamente, no sólo reafirmó el camino de la guerra jurídica como el camino decidido por la elite de poder en Argentina, sino que inaugura una nueva etapa de régimen autoritario, esta vez, bajo una fachada democrática: “Terrorismo de Estado de baja intensidad”, como lo definió Cristina en una publicación, tras recibir al presidente Lula Da Silva en San José 1111.
Lejos de tratarse de episodios aislados, los casos que se suceden desde entonces
configuran un patrón de persecución política, criminalización de la militancia y
disciplinamiento de las mayorías sociales. Esta regresión democrática se expresa
tanto en el uso del aparato judicial con fines persecutorios como en el avance de un
modelo autoritario como último elemento de sostén de un modelo de acumulación
de capital anclado en el carry trade, la fuga y el endeudamiento, definido años atrás
por Eduardo Basualdo como Valorización Financiera.
Los hechos recientes inscritos en este proceso, marcan una clara aceleración de la
ofensiva ¿cuál es el sentido de la democracia en la Argentina actual con un Javier
Milei que se parece, cada vez más, a Alberto Fujimori?
Criminalización de la disidencia y violencia institucional
La detención de la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, el pasado 25 de junio,
marca un punto de inflexión en la criminalización de la militancia y la disidencia
política. Por una acción que no supera el nivel de una contravención municipal –
arrojar bosta de caballo y colgar un pasacalle en la vereda del diputado de
ultraderecha José Luis Espert, que aún resta por esclarecer- fue arrestada y
trasladada a la unidad penitenciaria federal de máxima seguridad de Ezeiza.
La paradoja es la impunidad de la que goza el diputado.
Espert mantiene un historial plagado de conexiones turbias con redes de narcotráfico internacional. Durante su campaña presidencial de 2019, agradeció públicamente a Federico “Fred” Machado por un “excelente vuelo” en uno de sus aviones [1]. Pocos meses después, Machado sería detenido por narcotráfico y lavado de dinero, con acusaciones de transportar más de 10 toneladas de cocaína para el poderoso Cartel de Sinaloa.
Además, se supo que, para su campaña electoral de 2019, Espert manejaba una
Jeep Grand Cherokee registrada a nombre de Claudio Ciccarelli, primo de Machado,
vehículo que habitualmente recogía al detenido por narcotráfico, a pedido de la
justicia estadounidense, en Ezeiza. Lo más preocupante es que, según el propio
Ministerio de Seguridad, Espert figuraba entre los seis autorizados a conducirla,
junto a empresarios cercanos al holding SOCMA, la corporación insignia de la
familia Macri [2].
Estas relaciones peligrosas distan de ser meras coincidencias. Así lo entiende,
desde 2021, la justicia electoral, que investiga si “Fred” Machado financió vuelos y
aportó recursos a la campaña presidencial de Espert en 2019. El fiscal Ramiro
González, a cargo de la fiscalía electoral en carácter de subrogante, solicitó a la
jueza María Servini que avance en la pesquisa para determinar el alcance de estos
aportes irregulares y sus posibles implicancias en el financiamiento político [3].
Ante la gravedad de los hechos, el ahora diputado sólo ha respondido con
provocaciones públicas y discursos cargados de odio, exigiendo “cárcel o bala” para
militantes kirchneristas. Este doble estándar judicial, que encarcela a militantes por
un pasacalle pero blinda a Espert pese a sus vínculos con narcotráficantes, revela la
funcionalidad de grandes sectores del Poder Judicial.
En el caso de Alesia Abaigar, Eva Mieri y otros cuatro militantes, la orden de
detención fue dictada por la jueza Sandra Arroyo Salgado y ejecutada en un
operativo desproporcionado de la Policía Federal, bajo el mando de la ministra de
Seguridad Patricia Bullrich. El despliegue incluyó allanamientos nocturnos y
detenciones violentas ocurridas el miércoles 2 de julio, entre las cuales se destaca
la de la concejala quilmeña y referente feminista de La Cámpora, Eva Mieri.
El perfil de la jueza Arroyo Salgado merece especial atención. Funcionaria judicial
desde hace décadas, su carrera se ha consolidado como una auténtica jueza del
poder. En febrero de 2016, poco de un mes después de asumir Mauricio Macri la
presidencia, prestó a sus hijas para montar una escenografía mediática que ayudó a
reafirmar la hipótesis del homicidio de Alberto Nisman, su ex esposo, y ocultar el
evidente suicidio del fiscal, en lo que muchos consideraron una estrategia para
justificar el hostigamiento judicial en múltiples causas a diferentes actores del
kirchnerismo [4].
Años más tarde, rompería con el macrismo para convertirse en una pieza clave del
andamiaje judicial del mileismo. Su nombre volvió a ocupar el centro de la escena
cuando en febrero de 2024 se prestó, en el programa de televisión del vocero
extragubernamental Luis Majul, a una operación de disciplinamiento contra los
diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó [5]. En todos estos episodios, Arroyo
Salgado actuó no como una magistrada independiente, sino como parte de una
arquitectura de poder mafiosa que se ha llevado puesta la palabra “Justicia”.
Por supuesto, el hecho se inscribe en una escalada represiva avalada desde el más
alto nivel del Estado. La ministra Patricia Bullrich y el propio presidente Javier Milei
promovieron públicamente estas detenciones como ejemplos de “orden”. Sin
embargo, lo que se evidencia es el uso del aparato judicial y policial como
herramienta de persecución ideológica y política.
A este caso se suman otras expresiones de violencia institucional, como el intento
de encubrimiento en la actuación de Gendarmería Nacional tras el ataque al
fotógrafo Pablo Grillo durante una marcha de jubilados y jubiladas. En el informe
realizado por la fuerza de seguridad, el disparo que casi le cuesta la vida al
reportero fue catalogado como un hecho "fortuito" y la responsabilidad recayó sobre
la víctima “por ponerse en la línea de disparo”. Mientras, el gendarme que disparó
sigue en funciones y no ha sido siquiera llamado a indagatoria.
Del mismo modo, la prisión preventiva dictada contra el dirigente mapuche Facundo
Jones Huala, acusado por apología del crimen y asociación ilícita en relación con
una organización denominada RAM, cuya existencia es altamente cuestionada,
incluso por amplios sectores de las comunidades indígenas, muestra cómo se
fabrican enemigos internos para justificar el despliegue punitivo contra sectores
históricamente marginados, como nuestros pueblos originarios. La criminalización
de la identidad mapuche forma parte de una lógica estatal que refuerza el racismo
estructural y habilita el uso de la violencia estatal. En estos casos, generalmente, el
Estado se pone al servicio del despojo de tierras, en beneficio de la producción
agroforestal, el mercado inmobiliario y el negocio turístico.
No pueden mencionarse estos casos, por supuesto, sin tener en cuenta una de las
grandes deudas de la democracia argentina y uno de los primeros hitos de esta
estrategia de disciplinamiento: la detención ilegal de Milagro Sala, referenta de la
organización Tupac Amaru, desde enero de 2016.
El poder detrás del poder: internas en el Círculo Rojo
La restauración conservadora que impulsa el gobierno de Javier Milei se asienta en
una reconfiguración dentro del bloque de poder. El viejo Círculo Rojo ahora vive una
interna, donde el grupo de los “analógicos”, conformado por figuras como el
expresidente Mauricio Macri y los empresarios Eduardo Eurnekian (Corporación
América, Paolo Rocca (Grupo Techint) y Luis Pagani (Arcor), están presenciando el
enriquecimiento sin límites y el encumbramiento político de los “digitales”, con
personajes ahora signados por el anarcocapitalismo como Marcos Galperín
(Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Alejandro Oxenford (DeRemate.com y
OLX), y Eduardo Elsztain (IRSA). La alianza entre sectores de la aristocracia
financiera y tecnológica, y la derecha neofascista, redefine el campo de fuerzas
dominante en el mundo, y Argentina no es la excepción.
Este poder no necesita mediaciones democráticas. El autodefinido núcleo
neorreaccionario (NRX) de Silicon Valley, con Peter Thiel, Curtis Yarvin o el propio
Elon Musk, reniegan públicamente de la democracia y prefieren la administración
algorítmica de la vida, el disciplinamiento económico a través del empobrecimiento y
el hambre planificado por tecnócratas de la gran banca angloamericana, y la
judicialización, la violencia y la represión de toda forma de organización popular de
la resistencia a su proyecto “transhumanista”.
Por eso, tienen claro que, en la centralidad de su actuación política, deben
estructurarse las denominadas “milicias digitales”, agrupaciones que funcionan
como brazos de hostigamiento, persecución y disciplinamiento político en redes
sociales. En el caso argentino, estas milicias, con una abierta simbología fascista,
funcionan al mando del “super asesor” Santiago Caputo bajo el nombre de “Las
Fuerzas del Cielo”. Su función es amedrentar, hostigar y censurar toda voz
disidente, convirtiendo el espacio digital en un campo de batalla donde se naturaliza
el odio, se propaga la mentira, se legitima la violencia, y se dinamita la posibilidad
del debate democrático, todo bajo el beneplácito de plataformas como X, con
algoritmos que abiertamente inclinan la cancha para amplificar el discurso fascista.
Una democracia a lo Fujimori
Llegamos así a una encrucijada histórica. ¿Qué entiende hoy la sociedad argentina
por democracia? ¿Un mero mecanismo de selección de élites para legitimar el
saqueo económico? ¿O una práctica social y política de organización colectiva para
conquistar derechos, construir igualdad y distribuir poder (político) y valor
(económico)?
La democracia no puede reducirse al derecho al voto, menos si se ejerce bajo
coerción, miedo, o manipulación. No hay democracia con proscripción política,
hostigamiento planificado, y violencia institucional permanente, sin libertad de
expresión, con una justicia como guardia pretoriana del poder, sin igualdad ante la
ley y sin respeto a la protesta social. Mucho menos puede haber democracia cuando
se encarcela a mujeres militantes y se absuelve a los que disparan a matar contra
aquel que se manifiesta.
Argentina vive una democracia similar a la del Perú fujimorista. Una democracia
suspendida bajo un terrorismo de Estado de baja intensidad. La valorización
financiera se sostiene con la más dura e infame violencia represiva e institucional.
La diferencia entre el Alberto Fujimori de 1992 y el Javier Milei de 2025 es que, al
menos, el primero tuvo la honestidad de darse un autogolpe para anunciar la
suspensión del Estado de Derecho.
Esto no lo decimos como un simple ejercicio de retórica.
La militancia popular debe estar más unida y solidaria que nunca, preparada para
dar todos los combates que sean necesarios, mientras que la dirigencia debe ser
facilitadora de la lucha, corriendo el centro de atención de quién maneja la “lapicera”
en la conformación de las listas. El combate ya no es sólo electoral, y así lo
atestiguan los casos emblemáticos del último tiempo: Pablo Grillo, Alesia Abaigar y
Eva Mieri.
Cristina Kirchner lo anticipó: “no vienen por mí, vienen por ustedes”. El desafío de la
militancia popular, de conjunto, hoy más que nunca, es defender el sentido profundo
de la democracia como proyecto colectivo de justicia, participación y soberanía
popular.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Analista de la Agencia NODAL y del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina. Directora del Área de
Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU
[1]
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