Cuáles son las políticas sociales que se sacrifican en el interior del país para alcanzar el supuesto «equilibrio fiscal». A qué sectores afectó la reducción de las transferencias «discrecionales» a las provincias.
( por Raúl Dellatorre / Página 12 / Motor Económico ) Cuando aún no se conocían formalmente los datos oficiales, el ministro Luis Caputo celebró públicamente haber conseguido su primer objetivo «antes de lo esperado». Anunció a los cuatro vientos que las cuentas fiscales habían cerrado el primer mes del año con superávit, es decir con ingresos mayores a los gastos. Desde la mirada neoliberal (no sólo anarco capitalista, porque en este punto coincide todo el arco de la ortodoxia anti estatista), terminar con el déficit público es la llave mágica que abre la puerta hacia el equilibrio fiscal, fuente de toda prosperidad económica.
Pero este lunes se conocieron dos informes que echan luz sobre el origen de esos resultados. Uno es el adelanto que realiza la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre los resultados fiscales, donde ya se observa que la recaudación real –quitando el efecto inflación– resulta inferior a la de enero de 2023, pero el gasto público bajó mucho más. Por lo cual el superávit logrado es enteramente «un mérito» de la reducción del gasto.
Más elocuente todavía es el otro informe que se comenta en esta misma edición, de la consultora LCG. Allí da cuenta del enorme recorte que se verifica sobre las transferencias presupuestarias de la Nación a las provincias. Comparando contra enero de 2023, en términos nominales, en el último mes se transfirieron 51.067 millones de pesos, contra 37.635 millones de enero del año pasado. Deflacionando la cifra de este año (llevándolo a valores de un año atrás), al compararlo a precios constantes resulta que la reducción de la partida de transferencia es del 62 por ciento.
Es decir que el conjunto de provincias recibió de la Nación un 62 por ciento menos de recursos por transferencias discrecionales que el año pasado, a valores constantes. Discrecionales quiere decir aquí que no se trata de los impuestos coparticipados, sino que son otras partidas que incluso algunas tienen respaldo de ley, como el fondo de incentivo docente (FONID). Pero repasemos cuánto se recortó en cada sector, siempre en valores constantes comparando enero de este año con el mismo mes de 2023:
Educación y Cultura. 18 por ciento de recorte, y en particular en el FONID y compensaciones salariales, 15 por ciento.
Relaciones Interiores. Aportes del Tesoro Nacional (ATNs), 82 por ciento, y fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, 100 por ciento. Es decir, no salió un centavo bajo este rubro.
Promoción y Asistencia Social, 100%. Sin transferencias en enero.
Salud, 98% de recorte en las transferencias.
Seguridad social (transferencias a cajas de jubilación provinciales), 100 por ciento.
Vivienda, 100 por ciento.
Agua y alcantarillado, 64 por ciento de recorte.
Transporte (construcción de obras viales), 100 por ciento de recorte.
Este brutal tajo en las partidas que representan una parte sustancial de los recursos de las provincias explica no sólo el sentido de la política del ajuste, sino además el por qué de las reacciones de todos los gobiernos del interior en contra de este desmembramiento salvaje del cuerpo de la Nación. A la felicidad de Caputo por los resultados fiscales, se le opone el sacrificio de las políticas sociales que estos recursos atendían. Así se entiende mejor el sentido de la pelea.
