No es posible subestimar el rol de los medios comunitarios e indígenas en América Latina y el Caribe

El comunicador Ernesto Lamas, investigador asociado de OBSERVACOM, coordinó el proyecto “Políticas públicas y entornos normativos adecuados para la sostenibilidad de los medios comunitarios y de proximidad en América Latina”. En la siguiente entrevista contó su experiencia en el proyecto, mencionó las dificultades que encontraron, y habló sobre las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron.




El proyecto fue desarrollado por OBSERVACOM con el apoyo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de UNESCO, en el que se investigó las actuales políticas públicas y marcos regulatorios de radiodifusión en 10 países de América Latina, y analizar la sostenibilidad de los medios comunitarios e indígenas.

Además, se incluyen recomendaciones a las autoridades reguladoras, y una base de datos actualizada sobre las normativas de cada país, para que las autoridades tengan nuevos insumos para futuras adecuaciones al marco normativo.

– ¿Cómo fue la experiencia de coordinar un proyecto de este tipo y con varios países?


Fue una experiencia desafiante y muy gratificante. La vigencia de la comunicación comunitaria en América Latina se expresa claramente con la existencia de medios comunitarios y populares que siguen surgiendo en todos los países y la permanencia en el tiempo de proyectos consolidados. La lucha de quienes participan en las radios y televisoras comunitarias y en las redes que las agrupan para lograr reconocimientos ha logrado avances significativos en buena parte de la región. Existen también investigadoras/es que se han especializado en conocer y divulgar la historia y el presente de la comunicación comunitaria, por lo que fue posible organizar un equipo de trabajo de excelente nivel. 

– ¿Se pudieron cumplir la mayoría de los objetivos planteados?

Sí. Puedo decir que los superamos. El proyecto original proponía contar con 10 capítulos nacionales, un capítulo de conclusiones y uno de recomendaciones. Pudimos concretar 13 capítulos incluyendo México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina. Además, hicimos presentaciones públicas con participación de comunicadores comunitarios, funcionarios del sector de la radiodifusión y académicos y organizamos reuniones con referentes para recibir aportes a los documentos. 

– ¿Restan temas pendientes que puedan retomarse en otras instancias?

Siempre se puede seguir investigando. Este proyecto se propuso actualizar la información de los marcos regulatorios y cómo estos influyen en la sostenibilidad de los medios. Mantener actualizada, sistematizada y accesible esta información, es muy útil tanto para quienes gestionan los medios comunitarios como para parlamentarios y funcionarios que legislan o tienen a cargo políticas públicas relacionadas con este sector.

– ¿Hubo países en donde fue más difícil la recolección de información?

El procesamiento de datos y el acceso a ellos tiene realidades diversas en la región. Las respuestas desde organismos oficiales no siempre llegaron. En donde existen leyes de acceso a la información fue posible realizar preguntas concretas, que en muchos casos logramos que sean respondidas. 

Si bien hay mucho camino por recorrer para mejorar y lograr un mejor acceso a la información sobre la temática, se pudo obtener información oficial relevante, y también se realizaron entrevistas a referentes y funcionarios, lo que es “una práctica que consolida los estudios relacionados con la comunicación comunitaria y de alguna manera contribuyen a su legitimación y desarrollo”.
Ya no es posible invisibilizar o subestimar a un sector que tiene una historia y un presente que son parte fundamental de la ampliación de derechos democráticos en la región.– En cuanto a aspectos positivos y negativos, ¿hay similitudes en la región, o cada país tiene realidades muy diferentes?

Lo positivo es que no queda país en donde no se reconozca el derecho que tienen los medios comunitarios de estar al aire. Luego hay realidades muy diferentes en el tipo de marco regulatorio existente y su aplicación. En ciertos casos hay una tradición de luchas y una fortaleza de las radios comunitarias que fueron corriendo los límites hasta tener plenos derechos. En otros falta recorrer mucho camino porque a pesar de tener algún reconocimiento por ley o reglamentos específicos, a la hora de ejercer el derecho a la libertad de expresión se presentan muchas trabas, prohibiciones, burocracias que impiden y exigencias económicas que ponen a los medios comunitarios en el mismo nivel de los medios comerciales.

– ¿Cuáles son las principales recomendaciones a nivel general para eventuales políticas que beneficien al sector de los medios comunitarios?

Las recomendaciones se dirigen principalmente a los Estados y pretenden contribuir a la mejora de las políticas públicas y los marcos normativos en los países de América Latina, si bien también son de utilidad para organizaciones que promueven medios comunitarios e indígenas. Las separamos en tres ítems: sostenibilidad organizativa, normativa y financiera. 

En el apartado de sostenibilidad organizativa se recomienda la promoción del conocimiento del sector de los medios comunitarios e indígenas, el fortalecimiento de las asociaciones nacionales, fomentar la asociatividad internacional, la colaboración con diversos organismos públicos y la articulación con nuevos actores de la comunicación digital. En lo referente a la sostenibilidad normativa consideramos que para mejorar el rol del Estado en la promoción activa de un sistema mediático diverso de medios públicos, privados y comunitarios, y sin discriminación hacia los medios comunitarios e indígenas, es necesario mejorar las políticas públicas en distintos niveles. 

Por último, en lo que respecta a la sostenibilidad financiera, las políticas públicas relativas a medios comunitarios e indígenas se han destinado principalmente a la regulación del acceso y utilización de soportes para el desarrollo de su actividad, que por lo general se ha centrado en la transmisión mediante el uso del espectro radioeléctrico. Las medidas de acción positiva por parte del Estado para que estos medios obtengan recursos para su desarrollo, han quedado en un segundo plano. Una parte significativa de los países de la región no han previsto en su normativa y en países donde existen ayudas públicas al sector se han identificado deficiencias en la implementación de la política pública, por lo que estamos ante un elemento de la sostenibilidad de los medios comunitarios en el que se requiere promover mayores avances. 

– ¿Es necesario establecer normativas específicas para este sector, o deben estar incluidas en normativas que abarquen todo el sector de la comunicación?

Eso siempre depende de las distintas realidades de cada país, no se puede dar una receta sin tener en cuenta los contextos. Hay países que solo tienen una declaración de legalidad dada por el poder ejecutivo, en otros hay reglamentos o decretos, en otras leyes específicas para la comunicación sin fines de lucro y en otros el derecho de emisión de los medios comunitarios está consagrado en leyes audiovisuales generales. Todas son válidas y todas expresan la acumulación de fuerzas por el reconocimiento de este tercer sector de la comunicación. También debemos tener en cuenta la diversidad de procedimientos y técnicas legislativas, no todos los congresos o parlamentos son iguales.
Lo que necesitamos es que haya un reconocimiento expreso del sector comunitario porque tiene características distintas a los otros sectores. No es correcto que los medios comunitarios reciban el mismo trato que los medios comerciales o los medios públicos. Tienen que existir distintas exigencias, concursos diferenciados, reserva del espectro, fondos de fomento.– ¿En qué aspectos las normativas de la región están adecuadas a los estándares internacionales, y en qué sentidos los vulneran?

La mayor parte de los países de la región ya reconocieron a la radiodifusión comunitaria y establecieron una regulación con procedimientos transparentes y requisitos previos de acceso a frecuencias. Sin embargo, no están reconocidos los estándares internacionales al imponer restricciones arbitrarias o discriminatorios a los medios comunitarios en la normativa que los regula (potencia, publicidad) o posteriormente al aplicar la regulación prevista, otorgando coberturas mínimas y no permitiendo la publicidad comercial y/o estatal. 

Otro aspecto más general de incumplimiento es la falta de independencia y de garantías contra la arbitrariedad de las autoridades reguladoras, que en la práctica afecta al más débil y al que tiene menos capacidad de cabildeo.

– ¿Cuáles son las principales conclusiones generales a nivel regional de los informes realizados?

Luego de muchos años de prohibiciones y persecución al sector comunitario, las legislaciones de toda América Latina han avanzado en el reconocimiento al derecho de estar al aire de los medios gestionados por la comunidad. El trabajo presenta algunas pistas para promover la sustentabilidad de los medios comunitarios y la radiodifusión comunitaria a través de mejoras regulatorias. Destacamos diversas políticas públicas dirigidas al sector comunitario que buscan garantizar el pluralismo mediático y los derechos a la libertad de expresión. El documento final contiene recomendaciones a las autoridades regulatorias y de la industria para adaptar y mejorar las políticas públicas. 

– ¿En qué aspectos pensás que este proyecto va a influir positivamente en el sector?

Partimos de una definición: los medios comunitarios son dirigidos por y para la comunidad. Creemos que los medios comunitarios permiten un sistema mediático plural y diverso y juegan un papel particularmente importante en la construcción de sociedades democráticas. La sostenibilidad de estos medios es fundamental para que puedan cumplir sus objetivos sociales y funciones como promover el ejercicio de la libertad de expresión y la participación de la ciudadanía. Pretendemos contribuir a la mejora de los entornos normativos y las políticas públicas hacia el sector comunitario para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y de derecho a la libertad de expresión. Pensamos que este trabajo será un buen insumo para actualizar la agenda regional.