Edición n° 2653 . 26/02/2024

Negocio para multinacionales: la Ley Ómnibus mantiene un artículo a la medida de las corporaciones semilleras

El Gobierno quiere adherir a una convención internacional que da más poder sobre las semillas a corporaciones trasnacionales como Bayer-Monsanto y locales como Bioceres. Sería un duro golpe para productores agrícolas, habilitaría el patentamiento de semillas y subiría –más aún- el precio de los alimentos.

Por: Luciana Rosende@lucianamagali

Era el artículo 241 del texto original de la Ley Ómnibus. Es el 210 del texto modificado con el que el Gobierno busca garantizarse la aprobación. En ambos casos, una línea perdida en una marea de más de 500 puntos. “La República Argentina adhiere a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (1991)”, dice el documento. El ítem se mantuvo en el nuevo texto, pese al rechazo de cientos de organizaciones sobre las implicancias que tendrá esa adhesión, que da más poder sobre las semillas a corporaciones como Bayer-Monsanto. Es decir, más poder sobre los alimentos.

“Está pasando desapercibido un artículo de la Ley Ómnibus que puede cambiar las condiciones estructurales de la producción agrícola en Argentina, y no precisamente para bien”, advirtió días atrás Juan O’Farrell, Coordinador del área de Recursos Naturales de Fundar. Explicó que la adhesión a UPOV 91, como establece la mega-ley, “modifica las normas de propiedad intelectual de las semillas”, así como “afecta derechos, particularmente de productores agrícolas”. Y, una vez sellado el ingreso a ese convenio, es “difícil de revertir”.

La Argentina está adherida a UPOV, pero a la versión 78, que “protege a los obtentores (las entidades que desarrollan y registran nuevas semillas) pero mantiene el derecho de los agricultores a reutilizar sus semillas (‘privilegio del agricultor’) y a los semilleros utilizar las nuevas variedades para investigación y desarrollo (‘excepción del fitomejorador’)”, detalló O’Farrell. En contraste, UPOV 91 “amplía y fortalece los derechos de los obtentores, limita considerablemente el ‘privilegio del agricultor’ y la ‘excepción del fitomejorador’. Por el nivel de protección que otorga muchos análisis la igualan a las condiciones de un sistema de patentes”.

Un viejo anhelo de Monsanto

Como en tantos otros puntos de la Ley Ómnibus, hay empresas y nombres propios detrás de la inclusión de esta adhesión. “Es un viejo anhelo de las corporaciones semilleras transnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva o Basf, y ‘nacionales’ como Bioceres o Don Mario”, alertaron mediante un comunicado cientos de organizaciones como la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (Red CALISAS), la Mesa Agroalimentaria Argentina, UTEP Agraria, la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Federación Rural Para la Producción y el Arraigo, entre muchas otras.

“Esto representa la profundización del acaparamiento corporativo del primer eslabón de toda la cadena agroalimentaria porque reconoce mayores derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, y amputa derechos de las y los productores: cercena la posibilidad que tienen de hacer ‘uso propio’ de sus reservas de semillas, extiende la ‘protección’ también a la cosecha y habilita el patentamiento de las semillas”, planteó el comunicado. Y enfatizó: “Lo que está en juego en el artículo 241 (luego convertido en 210) es trascendental: quien controla las semillas, controla la cadena agroalimentaria, y por lo tanto la disponibilidad, calidad y precio de los alimentos de nuestra población”.

A favor y en contra

“La adhesión al Acta de UPOV 1991 permitirá que el productor argentino acceda a la mejor tecnología genética del mundo, que es clave para incrementar la productividad y nutrición de los cultivos, los saldos exportables y la resiliencia de los mismos frente a la creciente volatilidad climática”. Así defendió la Secretaría de Agricultura, encabezada por Fernando Vilella, la intención del Gobierno de adherir a esa convención. Aseguró que tal medida “representará una ventaja competitiva para nuestra bioeconomía ya que nos permitirá una mayor inversión en desarrollo y adopción en genética vegetal. El ACTA 1991 es un salto cualitativo sobre el ACTA 1978”.

En línea con la postura del Gobierno se pronunciaron en las últimas horas desde el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica de la República Argentina (CPIA), que consideró que adherir al convenio UPOV 91 “significaría un salto cualitativo y cuantitativo”.

“La semilla y su mejoramiento genético resulta uno de los elementos fundamentales para el progreso de la producción y, por tanto, el aumento de la exportación y la generación de trabajo profesional y calificado”, señaló la entidad que agrupa a los profesionales de la ingeniería agronómica, y consideró que la adhesión “daría impulso al desarrollo genético de variedades tales como arvejas, lentejas, garbanzos, lechuga, tomate, maní, porotos, entre otras” y mejoraría la seguridad alimentaria.

Por el contrario, los productores enrolados en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamaron que “se retire la adhesión al Convenio UPOV 91, de modo de abordar entre todos los actores una actualización de la Ley de Semillas, ya que el proyecto vigente implicaría la pérdida del derecho de uso propio por parte de los agricultores y la mayor extensión de los derechos de los obtentores, entre otros aspectos negativos”. También se manifestaron en contra de esta adhesión desde la Federación Agraria Argentina y la Sociedad Rural.

Menos soberanía alimentaria

En diálogo con Tiempo, una investigadora de la Federación Rural Para la Producción y el Arraigo que prefirió mantener su identidad en reserva explicó la gravedad de esta adhesión que se intenta “meter por la ventana”, sumando un ítem en medio de la Ley Ómnibus de Javier Milei.

“Estamos hablando de semillas, que son el primer eslabón de la gran mayoría de las cadenas agroalimentarias y por lo tanto hablar del control de las semillas es hablar del control de la cadena, y del control de los alimentos. Siempre que hablamos de semillas estamos hablando de alimentos. Y siempre que hablamos de leyes, políticas, acuerdos, que implican avanzar en el control sobre las semillas, estamos hablando en un avance sobre el control de los alimentos. Por lo tanto, menos soberanía alimentaria. La discusión de las semillas es una discusión de soberanía alimentaria”, remarcó.

Hasta ahora, con la vigencia de la Ley de Semillas de 1973 y la adhesión a UPOV 78, “un agricultor o agricultora puede usar semillas con protección, compradas a una empresa, pero las puede multiplicar en su campo, reutilizar, intercambiar, sin que esto implique que tenga que pagar regalías por la resiembra”, explicó la especialista. Agregó que “las empresas hace mucho se dieron cuenta que podían ganar más plata por la resiembra de semillas. Tanto a nivel global como local vienen intentando distintas estrategias para acotar el ‘uso propio’. En Argentina se intentó varias veces modificar Ley de Semillas sobre ese punto pero no se alcanzaron los consensos necesarios”.

A partir de la adhesión a UPOV 91, “una empresa podría reclamar regalías no solo por la semilla de trigo sino por la harina sacada de esas semillas. Y permite la doble protección: derecho de obtentor y patente. Esto cambia radicalmente lo que ocurre hoy en Argentina. El ‘uso propio’ dejaría de ser un derecho y quedaría como excepción de pocos casos y se habilitaría el patentamiento de las semillas y de formas de vida. Estas dos grandes cosas son cruciales para entender qué implica UPOV 91”.

Para la agricultura familiar y los pequeños productores sería un golpe durísimo. “Las y los agricultores tienen como práctica milenaria el uso propio, el intercambio, el mejoramiento participativo en el campo. Todo esto se vería afectado si Argentina adhiere a UPOV 91. El caso más claro es el de la producción hortícola. Gran parte de la agricultura familiar campesina indígena está abocada a la producción de alimentos. En su gran mayoría son semillas que compran pero luego por uso propio intercambian. A partir de ahora estarían obligados a comprar el insumo, que está dolarizado y es caro, y encarecería los costos de productores e impactaría en los precios de los alimentos”, dijo la investigadora de la Federación Rural Para la Producción y el Arraigo.

“Es un tema que tiene muchas implicancias, muchas aristas, se viene discutiendo hace mucho en Argentina y es inadmisible que intenten saldar la discusión metiendo en una ley con más de 600 artículos la adhesión a un tratado internacional con jerarquía constitucional, que implica dar muchas discusiones y que participen muchos actores y hoy todo eso se está pasando por encima”, lamentó.