La estrategia de los fondos, los argumentos jurídicos de la jueza Preska que sugiere cambiar las leyes argentinas y las esquirlas del día después de la medida.
La estrategia de los fondos buitres es conocida: presionar y presionar hasta obtener algo, sin importar las consecuencias que esa dinámica implique para un país. Se especula con que luego de la sentencia contra YPF, estos capitales especulativos esperan negociaciones con el Gobierno para llegar a un acuerdo y dar por acabado el litigio. La jueza de la causa, Loretta Preska, que no tiene jurisdicción para actuar en el caso, llegó a plantear entre los fundamentos de las resolución que Argentina debía cambiar las leyes. Este martes, el Ejecutivo pidió a la Justicia de Estados Unidos suspender el fallo por las acciones de la petrolera estatal, siguiendo la línea jurídica histórica de todas las gestiones que lo precedieron. No obstante, las posturas de Javier Milei acusando al actual gobernador y entonces ministro, Axel Kicillof, de ser responsable de un mal manejo de la expropiación, según los especialistas podría jugar en contra del país.
El bufete inglés Burford Capital y, luego, el estadounidense Eton Park llevado de la mano por el primero compraron el derecho a litigar contra Argentina en el caso YPF, por un monto muy inferior a las ganancias que obtuvieron posteriormente. Se trata de un negocio redondo que encontró en la jueza de Nueva York, Loretta Preska, una aliada para obtener sentencias favorables y lograr su cometido: «caranchear» sobre la economía argentina.
Distintas voces que representan a sectores políticos y económicos con miradas muy diferentes en el país e incluso el directorio de la petrolera estatal defendieron la posición en defensa de la soberanía nacional, luego de conocido el fallo.
Nueve años más tarde de la expropiación de YPF, en septiembre de 2023, la corte segundo distrito de Nueva York condenó en primera instancia a pagar 16.100 millones de dólares al país fundamentado que el proceso expropiatorio habría sido incorrecto. Este lunes, el mismo tribunal dictó dos sentencias que ordenan transferir el 51 por ciento de las acciones Clase D a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM). La sentencia se posiciona por encima de la constitución argentina, haciendo lugar a uno de los recursos utilizados por los buitres: una suerte de justicia global para los capitales especulativos impartida por encima de los Estados soberanos.
Burford es el actor principal del litigio. Más tarde, ese mismo fondo incorporó a Eton Park en la adquisición de créditos contra el país. Ambas compraron paquetes minoritarios de la petrolera estatal, principalmente el que estaba en control del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
«Cuando Petersen, endeudado para comprar las acciones de YPF de la nacionalización, no pudo enfrentar el nivel de endeudamiento, cede las acciones a dos empresas españolas que, cuando quiebran, venden el derecho a litigar a Burford por 17 millones de euros. Leíste bien. 17 millones de euros! La legislación española los obligaba a ofrecerle a YPF la prioridad de comprar ese derecho, cosa que nunca se hizo», afirmó el economista Hernán Letcher.
Un fallo absurdo
La defensa argentina en esta causa mantuvo continuidad en los argumentos jurídicos. El actual mandatario avisó en redes sociales que Argentina va a apelar la sentencia, pero al mismo tiempo le regala argumentos al tribunal con declaraciones que debilitan la estrategia de la defensa.
¿Por qué el fallo es contrario a las leyes argentinas, presenta antagonismos en los fundamentos y sienta un precedente peligroso para la soberanía de cualquier Estado democrático del mundo?
- La expropiación de la mayoría del capital cumplió los únicos tres requisitos que exige el artículo 17 de la Constitución: tener por motivo una causa de utilidad pública, ser autorizada por una ley del Congreso, e indemnizar previamente al propietario privado. «El monto y el método de pago de la indemnización fueron acordados con Repsol, el único accionista expropiado. Luego de dos años de negociaciones y algunos amagos de judicialización, en febrero de 2014 Repsol aceptó cobrar una indemnización de cinco mil millones de dólares, que refleja la valuación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Contra el pago de dicha suma con bonos, Argentina obtuvo la propiedad del 51% del capital de YPF. Ese día, la expropiación de YPF había concluido exitosamente y la Argentina no enfrentaba ningún litigio. Los términos del acuerdo, la indemnización y el mecanismo de pago también fueron aprobados por el Congreso mediante la sanción de la Ley 26.932, en abril de 2014», detalla en un escrito el abogado Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro.
- El acuerdo con los accionistas minoritarios estuvo acorde con lo aprobado por el Congreso nacional, que estableció la expropiación del 51 por ciento de las acciones y el resto permanecerían en manos privadas, a diferencia de lo que había estructurado el menemismo a través del estatuto de YPF para evitar la reestatización. En este y en caso similar, la Constitución nacional está por encima del estatuto de una empresa. «El estatuto de YPF dice que la oferta que hay que hacerle al 49 por ciento es en pesos pero la jurisprudencia norteamericana dice que es al momento del fallo. Hoy la cifra ascendería a 125 millones de dólares. Un absurdo», señaló el ex viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agís.
- A diferencia de los tenedores de bonos, la Corte de Nueva York resulta incompetente es el caso YPF porque los distintos gobiernos argentinos no acordaron dirimir conflictos vinculados a la compañía en ese tribunal y, además, la función no está comprendida en ninguna de excepciones de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos para intervenir: que el estado extranjero lo haya consentido o que el caso involucre un acto del estado extranjero estrictamente comercial, y no soberano, realizado en Estados Unidos o cuyos efectos sustanciales ocurran allí, explica Soler.
- La jueza Preska indica en la sentencia que Argentina debería cambiar sus leyes. “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos (para transferir las acciones de YPF), tomar medidas para cambiar la ley, o cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”, sostiene el último fallo.
En diciembre de 2016, el fondo de financiación de litigios más grande del mundo, Burford, se deshizo del 1,0 por ciento de la participación en las ganancias que se pudiesen obtener en el caso YPF por un total de 4 millones de dólares. Un año después vendió otro 10 por ciento por un monto de 40 millones de dólares. Y siguió con estás maniobras hasta ceder el 38,75 por ciento de los derechos por US$236 millones, en distintos momentos valorizando la inversión inicial de 17 millones de dólares que ascendió a 1000 millones de dólares.
“Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre (Burford). Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, denunció el gobernador Axel Kicillof en conferencia de prensa.
En un comunicado de la compañía estatal, el directorio aseguró que «YPF no es parte en ninguno de los procedimientos de entrega», en referencia a la orden dictada por Preska. Además, advirtió que «las decisiones del Tribunal de Distrito sobre las mociones de entrega pueden ser apeladas por la República de acuerdo con las reglas procesales aplicables». La petrolera podría ver afectadas sus inversiones debido a las repercusiones del fallo.
El economista Nicolás Gadano, jefe de Empiria Consultores y ex asesor de YPF, consideró que la decisión de expropiar “mal” fue tomada, que la sentencia “no se va a cumplir” y que los fondos buscan negociar. En ese marco, aconsejó que el Gobierno acepte iniciar ese diálogo.
Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético, expresó su temor de que la estrategia del Gobierno, orientada a mantener una buena relación con Estados Unidos, pudiera estar llevando a negociaciones que difieren de la comunicación interna. El proceso de juicio en Estados Unidos “no tiene ningún gollete” y que “se litigue en Nueva York “está inventado” porque no estaba establecido «en ningún documento de YPF, ni en los papeles de la privatización o nacionalización”.
