( Por Diego Lorca*/Especial para Motor Económico)
I
Introducción
La implementación de políticas neoliberales y de valorización financiera en Argentina ha generado un patrón de crisis económica recurrente que afecta principalmente a la clase trabajadora. La gestión actual, encabezada por Javier Milei, presenta similitudes con etapas históricas en las que se llevaron a cabo ajustes estructurales, deterioro del salario real y desmantelamiento industrial. Estas medidas han tenido como resultado un debilitamiento de la industria nacional, una creciente precarización laboral y un aumento alarmante de la pobreza.
Durante la última dictadura cívico, militar y eclesiástica de Argentina, se aplicaron reformas económicas y financieras que favorecieron a un pequeño grupo económico que se pudo diversificar a expensas de la clase trabajadora. Actualmente en la conducción del gobierno libertario se observan políticas económicas similares: una preferencia por el modelo extractivista y de valorización financiera que beneficia a unos pocos y precariza la vida de millones de argentinos y argentinas.
A continuación, se analizan las cifras más recientes del impacto que han tenido las medidas de Caputo, Milei y Stuzenegger y se comparan con momentos anteriores de la historia económica argentina. El país que tenemos La caída en la industria y en el empleo a la que el gobierno está sometiendo al pueblo argentino es alarmante, los datos de empleadores y trabajadores proporcionados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo así lo indican.
La cantidad de empleadores que declararon trabajadores pasó de 512.357 a 499.485, resultando en la pérdida de 12.872 empresas. Se destaca que las empresas de hasta 500 trabajadores/as son las más afectadas, representando el 99,7% del total de las pérdidas (12.800 empresas menos). En contraste, las empresas con más de 500 trabajadores/as apenas contribuyen con el 0,3% (72 casos).
Esto indica que la precarización del empleo afecta desproporcionadamente a las pequeñas y medianas empresas, pilares de la economía y del empleo en el país. Esta crisis se ha sentido con especial fuerza en el sector del comercio al por mayor y al por menor, que ha visto una reducción de 3.357 empleadores. Otros sectores que sufrieron impactos significativos incluyen: Servicio de Transporte y Almacenamiento con 2.067 empresas perdidas, Construcción con 15.550 empresas perdidas. Por su parte, los Servicios profesionales, científicos y técnicos han perdido 1.349 empleadores y la industria manufacturera ha perdido 939 empresas.
En paralelo, el análisis de la reducción de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas revela una disminución del 2,64%, con más de 260.000 puestos de trabajo perdidos, cayendo de 9.857.173 a 9.597.004. El sector de la construcción es el más afectado, con una pérdida de 90.227 trabajadores, seguido por la administración pública, defensa y seguridad social, que perdió 56.753 puestos de trabajo. En el ámbito del servicio de transporte y almacenamiento, se registraron 53.498 pérdidas, mientras que la industria manufacturera perdió 46.905 puestos de trabajo.
La caída del empleo registrado por tamaño de empresa muestra que, durante los primeros meses del gobierno de Milei, el 55,2% de la pérdida de empleo (143.539 trabajadores) se concentró en empresas de más de 500 trabajadores.
En cambio, las empresas con menos de 500 trabajadores/as registraron una reducción de 116.630 puestos, lo que representa el 44,8% del total. Los efectos de estas políticas se traducen en una creciente crisis social. La indigencia y la pobreza han aumentado considerablemente; el INDEC reporta que el 53% de la población vive en condiciones de pobreza, es decir 24,8 millones de personas están afectadas por este flagelo.
A su vez, la indigencia se ha duplicado en seis meses, alcanzando el 18%, lo que equivale a casi 1 de cada 5 personas viviendo en condiciones de extrema precariedad. Esta situación, sumada a la alta inflación, proyectada en un 139,7% para este año, no sólo representa el peor inicio de gobierno desde la década de 1990, sino que pone a la clase trabajadora en una situación crítica, donde el salario mínimo vital y móvil, que se establece en 268.056,50 pesos, es insuficiente para cubrir la Canasta Básica Total, que para una familia tipo asciende a 964.620 pesos.
El salario real ha sufrido un fuerte deterioro debido a la devaluación de diciembre de 2023, que alcanzó un histórico 118%, con una caída inicial del 13% en el poder adquisitivo. Aunque hubo una recuperación parcial del 7% en el primer semestre de 2024 gracias a la existencia del derecho a paritarias, el aumento no alcanzó para compensar las pérdidas.
En el sector público, la situación es aún más grave, con una caída del 25% en el salario real en los primeros meses de 2024. A todo lo anterior, se le suma un escenario muy difícil donde el país tendría que afrontar una cantidad de pagos para las que el gobierno no tiene otra estrategia que continuar tomando deuda para pagar deuda.
Para el año 2025, el total de vencimientos de deuda es de 17.285 millones de dólares entre capital e intereses, 55% en títulos públicos y el 45% restante con entes multilaterales. Con el FMI, el vencimiento es de 2.700 millones de dólares de intereses.
Se incluyen los 5.500 millones de dólares del swap de libre disponibilidad de la República Popular China otorgado en junio de 2023, renovado en junio 2024, que vence en junio de 2025 (un año de plazo). A su vez, la deuda en pesos que vence en el año 2025 es de 39,7 billones de pesos (equivalente según el tipo de cambio oficial estimado por el gobierno argentino para el año 2025, a 32.800 millones de dólares), pero el 90% de esta se ajusta por el IPC del INDEC, con lo que la devaluación del peso no la “licua”, como fue en años anteriores (1975, 1982, 1989, 2002, 2018), sino que, por el pass through azuzado por las grandes empresas formadoras de precios, se ajusta en proporción a la devaluación.
La historia de repite primero como tragedia y luego como farsa: de Videla -Martínez de Hoz a Milei-Caputo Durante la última dictadura militar, las reformas neoliberales llevaron a la destrucción de un 20% del PBI industrial y la pérdida de un tercio de los empleos en el sector, impulsando la precarización y la devaluación salarial. Estas políticas incluyeron la liberalización del mercado, la apertura a las importaciones y la eliminación de subsidios, generando una concentración de la riqueza en manos de grupos económicos privilegiados. El gobierno de Milei parece haber copiado y pegado el mismo plan que ya fracaso en Argentina en reiteradas ocasiones. La ley 27.742 conocida como Ley Bases, proporciona incentivos a grandes inversionistas y flexibiliza el mercado laboral, replicando el modelo de apertura y concentración económica que marcó las políticas de la década de 1970. El industricidio, que se refiere a la sistemática destrucción de la capacidad industrial del país, es una consecuencia directa de las políticas económicas neoliberales que se han intensificado en la actualidad, pero además es un objetivo buscado de Este gobierno. Según el INDEC la actividad económica cayó 3,8% en agosto de 2024 frente a un año atrás. Este fenómeno no solo se traduce en la pérdida de empleadores y trabajadores, sino también en un cambio estructural que prioriza la especulación financiera sobre la producción real y que genera escasas posibilidades para que los trabajadores disputen la riqueza socialmente producida.
A medida que la industria se desmorona, los trabajadores/as enfrentan un futuro incierto, marcado por la informalidad y la falta de derechos laborales. La aprobación del RIGI es un claro ejemplo de la dirección que toma el gobierno, ya que este Régimen ofrece excesivos beneficios tributarios y cambiarios durante 30 años para quienes inviertan un mínimo de 200 millones de dólares sin ninguna exigencia: ni sectores prioritarios, ni obligación de promover proveedores locales, ni agregar valor en nuestro país.
Está política pone en riesgo la industria local, no garantiza creación de empleo y en caso de controversias, no se resuelven en Argentina sino en el CIADI. La política económica actual, que favorece a un pequeño grupo privilegiado, agrava las condiciones de vida de la mayoría de la población. La creciente pobreza y el desempleo son síntomas de un modelo que no solo es insostenible, sino que también perpetúa un ciclo de desigualdad y exclusión. Las políticas neoliberales han demostrado, una vez más, sus devastadoras consecuencias para la economía y la sociedad argentina.
Las cifras recientes muestran un escenario de deterioro que recuerda a los peores episodios de la historia económica del país. Para revertir esta situación, es esencial un cambio en las políticas económicas, con un enfoque en el fortalecimiento del mercado interno y la protección de los derechos laborales, evitando caer en los mismos errores del pasado. La experiencia histórica de Argentina nos recuerda que, sin una movilización efectiva de la clase trabajadora, el país corre el riesgo de entrar en un ciclo interminable de crisis y sufrimiento.
En resumen, la continuidad de políticas que priorizan los intereses de unos pocos a expensas de la mayoría lleva a un industricidio que no solo arruina la capacidad productiva del país, sino que también destruye la vida de millones de argentinos/as. La única salida viable es la construcción de un modelo económico que fomente el bienestar social, la producción nacional y la justicia económica, rompiendo así con el legado de desigualdad que ha marcado la historia argentina. La organización y la movilización de la clase trabajadora serán esenciales para enfrentar estos desafíos y construir un futuro más justo y equitativo.
* Diego Lorca. Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).