Las protestas populares se trasladan a la capital peruana a pesar de la militarización del país. La represión policial ya dejó al menos 50 muertes desde que asumió Boluarte.
Foto: AFP
La ciudad de LIma se encamina este lunes a convertirse en escenario de la que probablemente sea la mayor protesta contra el gobierno de Perú desde la salida de la presidencia de Pedro Castillo hace 40 días, por la decisión de miles de ciudadanos, sobre todo del sur del país, de llevar su reclamo de elecciones inmediatas y renuncia de la mandataria Dina Boluarte a las puertas mismas del Ejecutivo, mientras persistían cerca de 100 bloqueos de rutas.
Desde varios puntos arrancaron masivos grupos que se concentrarán en Lima en una gigantesca marcha -aunque se desconocía cuándo-, pese a que el Gobierno habilitó ayer a los militares a frenar a las columnas, en un virtual toque de queda.
«Hoy y mañana (la marcha) va a ser más fuerte, las regiones ya están llegando a Lima; pedimos que Dina Boluarte renuncie a la presidencia y que cierren de una vez el Congreso, no queremos más muertos», dijo a la agencia de noticias AFP Jasmín Reinoso, enfermera de 25 años de Ayacucho en Lima desde hace dos meses.
El gobierno de Boluarte amplió el estado de emergencia (sitio) por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
«Esperamos que esta situación (protestas) cambie radicalmente y se establezca la vía del diálogo», dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, al canal de televisión Latina.
Advirtió el funcionario que «hay un grupo pequeño organizado con financiamiento del narcotráfico y minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza», y reiteró que Boluarte no renunciará al cargo, pese a los pedidos de los manifestantes.
«No va a renunciar por dos razones: por un sentido de responsabilidad histórica y porque la renuncia de la señora Dina Boluarte sería abrirle las puertas a la anarquía, sería una irresponsabilidad de la señora Boluarte irse en circunstancias en que el país está atravesando por estos problemas», evaluó Otárola.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió a Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.
Las protestas dejaron hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), además de los decesos de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.
Este lunes grupos de Puno ratificaron que llegarán a Lima “para hacer escuchar la voz de la protesta”, explicó Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara fronteriza con Bolivia.
Mamani, alcalde del poblado de San Isidro, es uno de los centenares de campesinos que recorrerán los 1.350 kilómetros que separan su comunidad de Lima.
En la zona seguía cortado esta tarde por decenas de pobladores aymaras el puente internacional que sirve de tránsito hacia Bolivia.
Según el diario La República, unos 1.000 comuneros llegaron a Juliaca, en Puno -donde la semana pasada ocurrió una de las jornadas de más muertos desde el inicio de las protestas- y continuarán su viaje hacia Lima.
Algunos manifestantes se adelantan en comparar la manifestación con la llamada “marcha de los cuatro suyos” de julio de 2000, que jaqueó al gobierno de Alberto Fujimori.
En Andahuaylas, en la región de Apurímac, en tanto, unas 3.000 personas iniciaron una caravana de vehículos y fueron retenidas por la policía en el distrito de Humay en la provincia de Pisco (a unos 240 kilómetros de Lima) para realizarles controles de identificación.
En la región La Libertad (norte) por primera vez este año pobladores bloquearon con neumáticos incendiados la carretera panamericana norte, que conecta a Lima con ese extremo del país.
También desde Cusco decenas de campesinos en buses habían partido hacia la capital, distante a 1.100 kilómetros.
La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, visitó Arequipa -para recorrer dos hospitales locales- pero fue repudiada por manifestantes, en una ciudad en la que el transporte colectivo funciona apenas en un 10% de su capacidad.
Los bloqueos de rutas, en tanto, siguen dando la pauta del ritmo de las protestas y este lunes se registraban cortes en 96 tramos por manifestantes en nueve de las 25 regiones.
El Ejecutivo se mueve en un discurso ambiguo en el que dice respetar la protesta pero promete evitar lo que llama una «asonada» sobre Lima.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez, avisó que el Gobierno hará lo necesario para «evitar una situación de violencia».
«Hago un llamado a la paz: que estas manifestaciones se realicen de forma pacífica y no generen actos de violencia», agregó.
