El organismo se encarga de regular y administrar los fondos de las obras sociales. El DNU 70/23 habilita a las prepagas a ingresar al sistema sin intermediación sindical. Ese artículo no fue alcanzado por las medidas cautelares y está vigente
Por: Alfonso de Villalobos y Federico Trofelli
Por estas horas, la palabra OSDE es tendencia en la plataforma X (ex Twitter) debido a la enorme cantidad de críticas que cosechó el nombramiento de Gabriel Oriolo, quien fuera uno de los directores de esta prepaga y a partir de hoy estará formalmente al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que precisamente es el organismo que regula a este tipo de empresas y administra los fondos provenientes de la seguridad social destinados a las obras sociales.
Los cambios en la SSS se dan a casi dos meses de que el propio gobierno pusiera en funciones en ese cargo a Enrique Rodríguez Chiantore, un referente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y al día siguiente del paro nacional convocado por la CGT contra el DNU 70/23 y la ley ómnibus.
Finalmente, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial, el Decreto 83/2024, firmado por el ministro de Salud Mario Russo, establece que Oriolo será el nuevo director del organismo y que estará acompañado por Claudio Stivelman, en remplazo de Nicolás Striglio, en la gerencia general.
Oriolo es licenciado en Administración de Empresas, tiene 57 años y hasta 2023 fue director de Procesos y Sistemas de OSDE; Stivelman, por su parte, según su perfil de LinkedIn, es director de Prestaciones Médicas en Modum Salud y él mismo describe poseer una “amplia experiencia en la gestión de entidades del sistema de salud, tanto financiadoras como prestadoras, fundamentalmente de la Seguridad Social”.
El cambio resulta sugestivo en tanto se produce un día después de la medida de fuerza de la CGT y afecta un organismo clave para la Central en tanto es el encargado de regular los fondos de las obras sociales que recauda la AFIP a través de los aportes a la seguridad social.
Se trata, según datos oficiales del propio organismo recaudatorio, de una cifra que ronda los $300 mil millones mensuales equivalentes a unos U$S 3.500 millones por año que se reparten entre unas 300 obras sociales sindicales aunque el 40% lo reciben las diez principales.
El cuestionado DNU 70/23 dispone la desregulación del sistema de Obras Sociales en favor de las empresas de medicina prepaga que, a partir de ahora, se incorporan al régimen de salud laboral de manera directa y sin la intermediación de una obra social sindical como lo podían hacer hasta el momento.
El artículo que dispone esa medida goza de plena vigencia en tanto no forma parte del Título IV que es el único que se encuentra suspendido por la cautelar presentada por la CGT y otras cinco de igual tenor presentadas por la CTA de los Trabajadores y otras organizaciones sindicales de primer grado.
Así las cosas, un ex director de la prepaga OSDE, estará a cargo de regular los fondos de las obras sociales sindicales y capitanear la transición hacia el nuevo régimen dispuesto por el decreto en beneficio de las propias empresas privadas de salud.
A la vez, el nombramiento resulta en un desplazamiento de funcionarios cercanos a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a horas del fracaso del protocolo anti piquetes que impuso el desborde de la movilización a la Plaza de los Dos Congresos.
La decisión oficial no parece haber emanado de un consenso dentro del gabinete en tanto el propio funcionario afectado, Enrique Chiantore, denunció en declaraciones a radio Rivadavia que “abrí el Boletín Oficial y me enteré que me habían echado. Recibí un mensaje de Lugones (por el asesor del jefe de gabinete Nicolás Posse) que me dijo ‘hicimos cambios’. Estoy indignado, estas no son las formas, es bestial”.
