Las políticas económicas del nuevo gobierno fomentan la concentración de la riqueza, la desigualdad social y encarecen los alimentos, impulsando el modelo primario agroexportador.
Por: Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)
Los anuncios de las medidas económicas del nuevo gobierno dan por tierra dos mitos muy recurrentes en los discursos neoliberales en Argentina: que el Mercado genera oportunidades por igual para toda la población y que el Estado sirve para moderar estos desequilibrios y no para fomentarlos aún más. No estamos ante un Estado que no interviene, sino que precisamente interviene para favorecer a los capitales concentrados que, con la histórica ayuda de ese Estado, han generado reglas desiguales de Mercado, aumentando la pobreza, la desigualdad social, el hambre y la primarización de la economía con un fuerte beneficio para los grandes capitales multinacionales (que incluyen grandes empresas argentinas).
Se van a cumplir 21 años de la nacionalización de la deuda privada de Domingo Cavallo al final del “proceso de reorganización nacional”. Fueron beneficiarios de dicha nacionalización los hoy grandes grupos económicos argentinos, que explican una concentración económica donde, mire por donde se mire, dos o tres empresas producen y distribuyen la mayoría de los productos que consumimos, pudiendo establecer de manera unilateral sus precios. Mucho más hoy, gracias a las nuevas políticas de supuesto libre mercado.
En algunos sectores como los combustibles, podrán imponer sus precios por falta de un precio de referencia por parte del Estado. Como sucederá con YPF, ahora en manos de funcionarios proveniente de empresas privadas con intereses en el negocio. Algo parecido a lo que no pudo hacerse en su momento con la nacionalización de Vicentín, uno de los principales grupos agroexportadores que en su bancarrota dejó una deuda millonaria con el Banco Nación.
Los beneficiarios de siempre
La nacionalización de las deudas privadas de las grandes empresas a través del Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal) vuelve a mostrar la intervención del Estado en favor del capital concentrado. Genera a futuro una deuda de aproximadamente 30 mil millones de dólares (el doble que la nacionalización de Cavallo y dos tercios de la deuda de Macri con el FMI). Algunos economistas como Claudio Lozano ya estiman que dos tercios de esta deuda corresponde a deudas entre las propias empresas con sus filiales extranjeras, que no cuentan con la debida fiscalización y pueden ser giros de ganancias encubiertas que incluso incurran en sobrefacturación o fuga de divisas.
Dichas garantías no existen para pymes, pequeños y medianos productores y sectores populares que se verán perjudicadas por medidas económicas que priorizan la ganancias de las grandes empresas exportadoras aumentando los precios para el mercado interno. En paralelo la fiscalización del Estado cae en las medianas y pequeñas empresas y productores en la misma proporción que la Justicia no atiende a las irregularidades legales de las grandes empresas de Argentina.
Nuestro sector de pequeños y medianos productores de alimento (que cubre entre el 60 y el 80% de lo que se consume en la mesa de los Argentinos) se ha visto perjudicado por la acción del Estado en el anterior gobierno. La transferencia extraordinaria a los sectores agroexportadores concentrados a través del dólar soja (con un costo de 590 mil millones de pesos) equivalió al impuesto a las grandes fortunas, u ocho años de la pauta publicitaria del Estado que ahora el ministro Luis Caputo exhibe como un recorte de gastos importante.
Los perjudicados de siempre
En paralelo el anterior gobierno ignoraba nuestras propuestas presentadas en conjunto con la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA). Primero con el plan Agrario, Soberano y Populary recientemente Programa Agrario para el Alimento.
Dichas políticas fortalecían las estrategias que ya venimos implementando desde la UTT a través de nuestros proyectos productivos y de comercialización, que acercan alimento más sano y más barato a los consumidores reduciendo la brecha de los intermediarios. La menor inflación de nuestros proyectos de producción y comercialización pueden chequearse no solo en nuestros locales o ferias, sino también en los índices del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), que vienen midiendo los precios de la canasta básica alimentaria en los locales de la Economía Social, Solidaria y Popular.
Foto: Prensa UTT
Sin embargo nuestros esfuerzos no son suficientes sin un apoyo del Estado y en medio de un Mercado que fomenta las desigualdades encareciendo nuestros insumos, el precio de los alquileres de la tierra, e incluso la concentración de estas tierras en manos de pooles de siembra agroexportadores que obtienen ganancias extraordinarias a través de la especulación financiera, las estructuras monopólicas y la ayuda del Estado.
Esta desigualdad del Mercado y el Estado claramente se va profundizar con las nuevas políticas económicas, con una brutal licuación de los ingresos de las clases medias y populares y un tipo de cambio que favorece a los sectores agroexportadores sin valor agregado (es decir sin trabajo) que no vieron aumentadas sus retenciones ni sufren el aumento del impuesto país.
Hoy las medianas y pequeñas empresas exportadoras con valor agregado (incluso algunas dentro de nuestro sector) perciben un dólar de 730 pesos (descontando las nuevas retenciones) y pagan sus insumos a un dólar de 940 pesos (con el impuesto País). Esta desigualdad afecta la industria, las pymes y pequeños productores, llevando a la Argentina hacia un esquema de economía primarizada y sujeta a los vaivenes de los precios internacionales.
Redoblar el esfuerzo
En medio de una crisis económica y social que lejos de menguar va a tender a incrementarse (junto a las estadísticas de pobreza, indigencia y hambre) desde la UTT y las organizaciones del campo que alimenta redoblaremos la lucha y los esfuerzos para seguir organizando la producción y el consumo para ofrecer a las familias argentinas alimentos sanos y lo más barato que la situación nos permita. Además de sostener comedores populares y otras tareas con una visión de cuidado de la comunidad y la Casa Común. Para nosotras y nosotros el alimento es un derecho y no una mercancía.
Lo haremos a pesar de las presiones del Mercado y sin contar con la ayuda del Estado. Ya que las áreas que corresponden a nuestro sector se han incorporado al Ministerio de Capital Humano, donde no se contempla la capacidad productiva de nuestro trabajo y cuyos fondos, ya sabemos, serán parte del recorte presupuestario y la licuación de sus beneficios.
