La maniobra consistió en el otorgamiento de créditos millonarios a la compañía pese a su delicado estado financiero.
La Justicia Federal dispuso un embargo y la inhibición de bienes de Javier Gonzáles Fraga, Lucas Llach y otros 16 exdirectivos del Banco Nación, que durante el gobierno de Mauricio Macri habrían sido parte de una maniobra fraudulenta en favor de la empresa Vicentín, por poco más de 300 millones de dólares.
La medida -tomada casi seis años después del inicio de la investigación- estuvo a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 10, a cargo de Julián Ercolini. El magistrado investiga el presunto fraude contra la administración pública a través de créditos multimillonarios a la compañía cerealera, que no estaba en condiciones asumirlos.
La megaestafa contra el Estado cometida durante el gobierno de Macri habría sido encabezada por Fraga y Llach, por entonces presidente y vice del Banco Nación. Según la investigación a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, esa fue la entidad a través de la cual la administración del PRO le otorgó 304.328.665,75 dólares a la exportadora de granos y oleaginosas santafesina.
El embargo establecido por decisión judicial fue declarado para asegurar “la posible pena de multa que pudiera dictarse” una vez concluida la causa, y con el fin de “reparar el daño que pudiera recaer sobre los responsables del delito”, según consta en el escrito.
La medida deja claro, además, que Fraga, Llach y los demás funcionarios investigados fueron parte junto con empresarios del Grupo Vicentín del cobro de montos cuyo destino continúa siendo “incierto”.
Ercolini precisó en esa medida la espiral de créditos y préstamos irregulares que los imputados le “habrían posibilitado” a la exportadora a sabiendas de que “el banco carecía de facultades para cobrarlas”.
La decisión de embargar e inhibir los bienes contra los involucrados fue tomada luego de la indagatoria que en noviembre del año pasado hizo desfilar a los imputados por los tribunales de Comodoro Py. Fueron 26 los citados a declarar.
Según Pollicita, tras esa medida salió a la luz cómo el Banco Nación otorgaba créditos que Vicentín no podría devolver y que, una vez en mano, habrían desviado a cuentas personales de los directivos de la empresa, entre otros destinos.
Una de las irregularidades más graves data del segundo semestre de 2019, cuando la cerealera acumulaba una importante suma de créditos impagos a su vencimiento y el banco fue autorizando repetidos retiros o transferencias de fondos de la cuenta de garantía, en vez de descontar primero lo que le correspondía cobrar a la institución.
De acuerdo con el detalle de la causa, en la segunda mitad de 2019 los imputados habrían posibilitado que se liberaran 43.449.104.966 pesos a Vicentín a través de 125 operaciones. Luego se le otorgaron 28 préstamos por un total de 105.500.000 dólares.
“Para ello los funcionarios habrían omitido considerar que, al 7 de noviembre de 2019, el grupo empresario ya contaba con una deuda vencida y exigible de 149.500.000 dólares, que se hallaba excedido” por lo menos desde julio de 2019.
