(*Emilia Trabucco)
Este martes 12 de mayo, más de sesenta universidades nacionales de Argentina se paralizarán durante veinticuatro horas. Docentes, nodocentes, estudiantes y la comunidad en general marcharán en decenas de ciudades de todo el país, en lo que será la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023. El reclamo sostiene una continuidad que atraviesa estos dos años de conflicto: el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en el Congreso y ratificada por la Justicia, pero sistemáticamente desatendida por el Poder Ejecutivo.
En esta oportunidad, la movilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificará su punto de llegada. La concentración no se dirigirá al Congreso, como en las ediciones anteriores, sino a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El desplazamiento expresa un corrimiento en la interpelación política, que deja de situarse en el ámbito legislativo —donde la ley fue aprobada y sostenida— para dirigirse directamente al núcleo de decisión del Ejecutivo nacional.
El Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario en agosto de 2025. El presidente la vetó mediante el Decreto 879/2024 bajo el argumento de que carecía de previsión presupuestaria y comprometía los objetivos de política económica del gobierno. Ese veto fue rechazado con mayoría agravada, lo que dejó la norma plenamente vigente. Aun así, el Ejecutivo apeló a la Corte Suprema, solicitó la excusación de sus miembros por su condición de docentes universitarios y avanzó en distintas estrategias para bloquear su aplicación, entre ellas la inclusión de su derogación en el proyecto de Presupuesto 2026 —que no prosperó— y la presentación de iniciativas alternativas que tampoco lograron tratamiento parlamentario.
El conflicto, lejos de cerrarse en el plano institucional, se profundizó en el terreno material. Las universidades continúan funcionando con el presupuesto de 2023, prorrogado en un contexto de inflación acumulada del 293% desde noviembre de ese año, mientras que la recomposición salarial alcanzó apenas el 160%, lo que implica una pérdida sustantiva del poder adquisitivo. El financiamiento universitario pasó del 0,71% del PBI en 2023 al 0,45% en 2026, y el presupuesto educativo total cayó del 1,2% al 0,59%. La inversión en ciencia y tecnología descendió hasta el 0,15% del PBI, el nivel más bajo en casi cinco décadas.
La convocatoria del 12 de mayo articula a tres actores centrales del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el movimiento estudiantil confluyen en una misma escena que ha logrado sostener niveles de masividad inéditos en los últimos años. La consigna que recorre la movilización —“Milei, no sos rey, cumplí la ley”— condensa tres demandas inmediatas: la aplicación efectiva de la norma vigente, la recomposición salarial y la actualización presupuestaria. En este último punto, el CIN estima una caída real del 45% entre 2023 y 2026, mientras que los gremios docentes señalan pérdidas salariales de entre el 32% y el 48%, en un escenario sin paritarias desde octubre de 2024.
Sin embargo, el proceso que desemboca en esta cuarta marcha no puede leerse únicamente como una acumulación de demandas sectoriales. Desde la primera movilización del 23 de abril de 2024, la universidad pública se constituyó en un punto de inflexión del escenario político argentino, condensando un malestar social más amplio frente al programa de ajuste. Aquella jornada evidenció la emergencia de una fuerza social heterogénea que encontró en la defensa de la educación pública un eje de unidad, una experiencia de politización que desbordó el ámbito universitario y articuló a amplios sectores de la sociedad.
Esa centralidad no es contingente, ya que la universidad pública, elegida por alrededor del 80% de les estudiantes, forma parte de una trama histórica que la ubica como derecho social, como dispositivo de movilidad y como espacio de producción de conocimiento. El ataque sobre su financiamiento adquiere así una dimensión estratégica, en tanto se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración estatal, donde la reducción del gasto público, la transferencia de recursos y la mercantilización de derechos configuran un nuevo orden de prioridades.
En ese marco, la disputa no se libra únicamente en el terreno presupuestario o institucional. En paralelo al ajuste material se despliega una ofensiva en el plano simbólico y digital que busca erosionar la legitimidad social de la universidad pública. A través de redes sociales, actores económicos, referentes políticos y las cuentas oficialistas amplifican discursos que presentan a la educación superior como un privilegio, un gasto improductivo o un espacio de adoctrinamiento.
El empresario Marcos Galperin, dueño de Mercado Pago y el hombre más rico de Argentina, ha sostenido públicamente que la educación debería ser privada y ha acompañado en redes sociales contenidos que cuestionan la universidad pública. Sus intervenciones forman parte de ese clima de época donde la deslegitimación opera como condición para avanzar en reformas estructurales . A esto se suma la acción de las milicias digitales, que instalan agendas, viralizan contenidos falsos o sesgados y construyen sentido común en torno a la idea de que el ajuste sobre la educación resulta necesario o incluso deseable.
Esta ofensiva se profundizó a partir de la segunda gran movilización, en octubre de 2024. En un contexto de caída presupuestaria y deterioro salarial, la universidad comenzó a ser objeto de una disputa ideológica más explícita, donde desde sectores del oficialismo se la caracterizó como espacio de adoctrinamiento, al tiempo que se promovían modelos de financiamiento a la demanda, créditos educativos y esquemas que abren el sistema al negocio financiero. En ese marco, la educación superior dejó de ser concebida como derecho garantizado para pasar a inscribirse en una lógica de mercado, donde el acceso queda mediado por la capacidad de endeudamiento
El deterioro no se restringe al sistema universitario. La política de ajuste implicó una reducción del 27% en las partidas destinadas al funcionamiento del Estado, un recorte del 79% en la obra pública y una caída del 55% en las transferencias a las provincias. En el campo científico, el CONICET perdió más de mil trabajadores y trabajadoras, mientras que hospitales universitarios advierten sobre la posibilidad de interrumpir servicios por falta de financiamiento.
En ese marco, el conflicto universitario se consolidó como uno de los principales vectores de oposición social al gobierno. A lo largo de estos dos años, el proceso de movilización combinó paros, tomas de edificios, clases públicas y acciones de visibilización que lograron articular a la comunidad universitaria con amplios sectores de la sociedad, manteniendo una capacidad de convocatoria que no encuentra antecedentes recientes.
El respaldo internacional también forma parte de la escena. La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), que reúne instituciones de seis países de la región, expresó su apoyo a la movilización y reafirmó la defensa de la educación superior como un derecho colectivo vinculado a la producción de conocimiento y a la transformación social.
El conflicto universitario, en este punto, desborda el reclamo sectorial y se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo educativo en disputa. Mientras el sistema vigente concibe a la universidad como un derecho social garantizado por el Estado, las iniciativas impulsadas por el gobierno avanzan hacia un esquema de subsidiariedad estatal, financiamiento a la demanda y redefinición del rol docente, en un contexto atravesado por la digitalización y la expansión de actores privados en la gestión del sistema educativo.
La escena del 12 de mayo, entonces, condensa un proceso sostenido que ha ido configurando un campo de confrontación donde la universidad pública aparece como uno de los núcleos de resistencia más persistentes frente al programa de gobierno. Dos años después de aquella primera marcha que marcó un punto de inflexión, con la ley sin cumplir, el salario deteriorado y la resolución judicial en suspenso, la pregunta que se instala vuelve a proyectarse sobre el conjunto de la sociedad: hasta dónde puede sostenerse este esquema sin que el conflicto se traduzca en una reconfiguración más profunda del escenario político argentino.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
