Sea Lion, el proyecto de explotación del petróleo de Malvinas, avanzó con participación de decenas de firmas radicadas en el país, y el gobierno de Milei recién reaccionó cuando ya el negocio es irreversible
( Por Raúl Dellatorre/ Página 12 / Edición Gráfica Héctor Sosa) La tardía reacción del gobierno de Javier Milei al avance británico sobre la explotación de los recursos petroleros en el área Malvinas tendrá quizás un beneficio paradójico: deja a la vista la importancia estratégica de un área sobre la cual la defensa de la soberanía no sólo estuvo ausente durante tres años, sino que directamente se favoreció con la inacción el avance de los negocios británicos e israelíes a un nivel que ya será bastante complicado hacer que retrocedan.
El área referenciada como Sea Lion, en el Atlántico Sur ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas (a la altura de San Julián, Santa Cruz, sobre la costa patagónica), junto a otras tres áreas colindantes que Gran Bretaña también tiene el propósito de licitar, abarca un yacimiento cuyo potencial de producción de hidrocarburos sería equivalente a media Vaca Muerta.
En cifras, si Vaca Muerta alcanza actualmente un nivel de producción de 680 mil barriles diarios de petróleo (incluído el gas como barriles equivalentes para su cálculo), las cuatro áreas conjuntas de Sea Lion podrían extraer una vez que entren en producción unos 340 mil bbl/día.
Para entrar en producción es necesario un proceso de determinación de reservas, medir su factibilidad económicas asegurar los servicios necesarios para proceder a su extracción y transporte, y echar mano a la tarea; empezar a producir.
En el momento actual, Navitas (israelí) y Rockhopper (británica), los dos socios en el negocio, están a punto de encarar la última etapa para entrar en producción dentro de 12 a 18 meses. Los números ya le cierran. Las sanciones que ahora amenaza aplicar Milei se podrían haber aplicado durante los dos años previos, lo cual no sólo le hubiera impedido a muchos proveedores operar al mismo tiempo en Vaca Muerta y en Sea Lion, sino que además hubiera encarecido significativamente los costos de producción a las dos empresas citadas, al punto quizás de hacerlos retroceder en sus planes.
}Pero no se hizo. Por impericia o deliberadamente, se dejó la pista libre al proyecto hasta el punto en el que hoy se encuentra.
No se tomó ninguna medida. Hay más de 50 empresas que, estando radicadas en Argentina, le venden insumos o servicios las firman que operan en el área Malvinas, y nadie les advirtió ni amenazó con aplicarle algunas de las sanciones prevista en la ley Pino Solanas, del año 2010, que ahora MIldei propone endurecer.
Otras 20 empresas proveedoras de la firma británica o de la israelí prestan servicios desde el puerto de Montevideo, y muchas de ellas son de origen brasileño. Se desconoce que haya habido gestiones ante el Mercosur para poner en marcha los acuerdos de solidaridad entre los países que lo integran para evitar favorecer a empresas usurpadoras de la soberanía de uno de los países miembros del tratado regional.
“El avance de los negocios de Rockhopper y Navitas en estos años se hizo a la vista del gobierno de Javier Milei pero también del gobierno de Donald Trump”, recuerdan expertos del sector petrolero, gente ducha además en los juegos diplomáticos en torno a estos asuntos. Recuerdan, por lo bajo además, que nada menos que el actual ministro de Defensa de Israel es miembro del directorio de Navitas. No hace falta repasar la relación existente entre el gobierno de Benjamin Nethamyahu y los de Estados Unidos y de Argentina.
No sorprende, entonces, que tras los anuncios del presidente argentino por cadena nacional, Nvitas y Rockhopper hayan ratificado que el anuncio de sanciones no cambia su plan de explotación en Sea Lion y otros yacimientos en la zona.
Este sábado, las empresas de servicios petroleros SLB (ex Schlumberger), Halliburton y Baker Hughes anunciaron que no participarán en proyectos de exploración en el área de Malvinas. Se trata, sin embargo, de declaraciones más bien simbólicas, ya que las compañías no forman parte de los proyectos de exploración en el archipiélago que motivaron las sanciones anunciadas ahora por el Gobierno argentino.
En marzo pasado, SLB se había aliado a YPF para sumarse al Instituto Vaca Muerta, a fin de capacitar trabajadores para operaciones no convencionales. En 2024, SLB había ampliado su trabajo con Vista Energy en Vaca Muerta, donde ha desarrollado otros trabajos.
A su vez, tanto Halliburton Argentina como Baker Hugues aclararon que no participan “en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”.
Navitas, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Tel Aviv, ingresó al proyecto a principios de 2020, cuando adquirió un 30% de la participación. Con el correr de los años, la compañía amplió su posición hasta convertirse en operadora y titular del 65% del negocio, mientras que Rockhopper retuvo el 35% restante.
De acuerdo con datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con reservas probadas y probables por 314 millones de barriles de petróleo. La primera fase del desarrollo apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.
En términos de inversión, el proyecto contempla un desembolso de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo. proyectada de 30 años. A esa cifra se sumarán otros USD 2.100 millones destinados al resto de la explotación, que tiene una duración proyectada de 30 años.
En 2020, cuando Navitas se incorporó al negocio y aportó el capital necesario para reactivar Sea Lion, la Argentina le envió a la compañía israelí una nota de desaliento para advertirle que operaba sobre territorio argentino sin autorización y exigirle que se abstuviera de financiar o participar del proyecto. Un año después, las secretarías de Energía y de Malvinas avanzaron con un proceso de sanciones contra Navitas, Chrysaor Holdings Limited y Harbour Energy por sus actividades en la cuenca Malvinas Norte.
