Pasó el anuncio de cierre de Fate y la votación a favor de la reforma laboral en la Cámara de Diputados pero sigue la sangría de empleo formal.

Pasó el anuncio de cierre de Fate y la votación a favor de la reforma laboral en la Cámara de Diputados pero sigue la sangría de empleo formal. “Distintos centros, cámaras y empresas socias señalaron las crecientes dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo en amplios sectores productivos. La combinación de altas tasas de interés que encarecen el financiamiento, apreciación cambiaria que abarata los productos importados y un mercado interno debilitado por bajos ingresos resulta en una ecuación de alta complejidad para la industria”, alertaron los empresarios nucleados en la FISFE (Federación Industrial de Santa Fe).

La empresa Georgalos, creadora del Mantecol, notificó una nueva ronda de 20 suspensiones con recorte salarial, esta vez afectando a delegados sindicales y personal con más de 30 años de antigüedad. La medida aparece luego de una suspensión total de los 600 operarios de la planta de Victoria durante tres meses.

Esto se suma al reciente antecedente de Cervecería Quilmes, que redujo la actividad en una planta de Zárate, donde se fabrica la marca Corona, a un único turno de trabajo, abriendo retiros voluntarios para 60 de los 140 trabajadores de dicho establecimiento.

Los casos de achique del rubro cervecero y de golosinas retratan la dinámica bajista del mercado interno, afectado por el bajo poder adquisitivo de los salarios y otros ingresos, pero también por la avalancha de importaciones en un contexto de dólar caro.

Pero no solamente enfrentan dificultades las firmas que dependen de las ventas en el mercado interno. Por ejemplo, en el sector forestal, la firma Forestadora Tapebicuá, una de las principales empresas del rubro, integrante del grupo Celulosa Argentina, enfrenta una deuda que ronda los 11.500 millones de pesos y en su planta de Gobernador Virasoro, Corrientes, donde trabajan cerca de 395 empleados, desde agosto del año pasado no hay actividad. La Justicia abrió su concurso preventivo de acreedores.

Incluso en el sector minero, uno de los pocos con buenas perspectivas bajo la administración libertaria, hubo malas noticias. Master Laja, una fábrica de piedra laja ubicada en Juana Koslay, en la provincia de San Luis, parte del grupo británico SSQ Group, anunció el cierre y despidos de los 54 trabajadores.

Desde el inicio de la gestión Milei, se estima el cierre de casi 22.000 empresas, lo cual equivale a la desaparición de aproximadamente 30 firmas por día. Los sectores más golpeados son transporte y almacenamiento, servicios inmobiliarios, construcción e industria manufacturera.

Derrape generalizado

Cada rincón del país podrá tener su propia experiencia respecto de la crisis que atraviesa la actividad productiva y su impacto en el empleo formal. Se trata de un escenario generalizado que la Federación de Industrias de Santa Fe describe de esta manera:

“Los datos del último informe de la Federación dan cuenta del escenario: en diciembre de 2025 se registró una caída de la actividad del 9,8% interanual, donde el 68% de las ramas industriales presentó caída en su nivel de producción. Adicionalmente, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se perdieron 292 industrias y más de 7.700 puestos de trabajo industriales en la provincia, lo que representa una baja del 4,9% y 5,6%, respectivamente”, indicaron.

La FISFE agregó que “estas cifras reflejan un proceso de desindustrialización que pone en riesgo la subsistencia del entramado productivo local. En provincias como Santa Fe, donde la industria es uno de los motores principales de la economía, el deterioro de la producción conlleva un efecto negativo multiplicador que impacta de manera directa en otros sectores, amplificando la gravedad del deterioro de la actividad económica”.

Los industriales piden al gobierno nacional implementar una política industrial que propenda a facilitar la inserción inteligente en los mercados globales, defender los sectores industriales transables de la competencia desleal, igualar las condiciones de competitividad y generar las condiciones para la reactivación del mercado interno.

Se trata de una serie de reclamos que no parecen tener mucho asidero dentro de la lógica de la política industrial que le gusta al gobierno, representada en aquella frase del secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, acerca de que “la mejor política industrial es la que no existe”.