Por: Emilia Trabucco
En un panorama político convulsionado y una crisis económica agravada, en nuestro país se debate una “Ley Ómnibus” en el Congreso cuya letra definitiva ni los propios diputados y diputadas conocen, en tanto que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, rechaza el pedido de Sesión Especial pedido por el interbloque de Unión por la Patria para tratar un mega Decreto de Necesidad y Urgencia inconstitucional, vigente desde diciembre.
Mientras tanto, desde la cuenta de X de la Presidencia de la Nación, informan que el día 1 de febrero, el presidente Milei se reunió con Larry Fink, CEO de BlackRock, uno de los tres fondos más grandes de inversión globales y principal tenedor de deuda argentina en moneda extranjera, gracias a los negocios que Luis Caputo, hoy ministro de Economía, sostiene desde sus tiempos de funcionario macrista. El multimillonario visitaría el país en mayo, en un anuncio que suena a visita diplomática. Se agregan los anuncios de desembolsos de los fondos desde el FMI, con previsiones de levantamiento del cepo, reducción de la brecha cambiaria y el esperado déficit cero.
Esta confluencia de hechos despierta algunos interrogantes acerca de las dinámicas de construcción de poder y sus escenarios en los tiempos que corren, donde se destaca la pregunta sobre los propios fundamentos del sistema democrático y las instituciones que la sustentan. Ante lecturas de un gobierno que sostiene un estado de excepción de facto, que ha puesto en marcha un verdadero golpe institucional a la política tradicional, cabe repasar los acontecimientos en curso y poder mirar el fondo, lo que se ha llamado “los sótanos de la democracia”, por los que históricamente desfilan los actores del poder real.
El miércoles 31 de enero comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación la Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, la llamada “Ley Ómnibus”, que tuvo como antesala un escenario de negociaciones, idas y vueltas, marcado por tensiones del gobierno nacional con gobernadores y los bloques de legisladores pertenecientes a las distintas fuerzas políticas, atravesado por las exigencias del Círculo Rojo, el empresariado argentino.
Una sesión maratónica, enmarcada en un contexto de un fuerte operativo de seguridad, un Congreso vallado, con la presencia de las fuerzas de seguridad que protagonizaron durante los dos días del tratamiento, una fuerte represión con gases y balas contra les manifestantes que se concentraron en repudio a la aprobación de la Ley, sumándose varios detenides, entre elles cuatro mujeres que estaban sentadas en el piso cantando el himno argentino. La CGT, twiteó en su cuenta oficial: “si para la discusión parlamentaria se debe militarizar el Congreso de la Nación, es sensato sospechar sobre los supuestos “beneficios” para el pueblo de la Ley Ómnibus”. La ecuación es fácil: un programa de ajuste necesita de un plan represivo y un pueblo disciplinado.
A pesar de las intensas negociaciones que marcaron los días previos al debate, el presidente Javier Milei se ha mostrado públicamente en una posición intransigente en ceder a los pedidos de las distintas fuerzas. En una entrevista que brindó al medio internacional The Wall Street Journal, en medio de la crisis política, declaró: “No hay plan B. (…) Porque si el plan B es hacer las cosas más o menos o negociar… Esa es la historia de la Argentina, así estamos”. Su vocero, Adorni, también declaró en este sentido, lanzando un mensaje a los gobernadores: “se ajustará todo lo que se tenga que ajustar”.
Ello no muestra la realidad de un gobierno que necesita negociar, ya que La Libertad Avanza no tiene entre sus filas ningún gobernador propio, y cuenta con una fuerza legislativa débil, de sólo 38 bancas en Diputados y 7 en Senadores. A pesar de ello, Milei intenta sostener una imagen presidencial fuerte, y mostrar hasta un cierto “desinterés” sobre el tratamiento de la ley en el Poder Legislativo. Ya comenzada la sesión, el presidente twiteó que había sostenido una reunión con el fundador de la aplicación de citas Tinder, en una agenda totalmente alejada del debate que va a seguir profundizando la grave crisis económica que sufren la mayoría de les argentines. ¿Parte de la estrategia de querer seguir presentándose como un outsider?
Lo cierto es que en este escenario de escritura y reescritura de la Ley Ómnibus, el miércoles el oficialismo logró el quórum en el recinto y comenzó su tratamiento en general con la presencia de 132 legisladores. El dato de color es que el debate transcurre sin que se conozca la letra definitiva del dictamen de mayoría aprobado en comisiones. Ello se debe a que el gobierno no logra cerrar el apoyo de los bloques dialoguistas, que siguen presentando sus exigencias en torno a algunos puntos claves: delegación de facultades, Impuesto País, la lista de empresas estatales a ser privatizadas, Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Hay que recordar que los días previos, donde el proyecto de Ley fue debatido en las comisiones de Diputados, dieron como resultado un dictamen de mayoría que luego circuló en reuniones ilegales protagonizadas principalmente por actores económicos del Círculo Rojo, y realizadas a espaldas del Congreso, en hoteles y departamentos privados, en el medio de acusaciones de la aparición de un “dictamen blue”, que no coincidía con la letra del original, votado en las comisiones.
Distintas fuentes aseguraron que una de las reuniones contó con la presencia de Federico Sturzenegger, uno de los ideólogos de la ley y del mega Decreto de Necesidad y Urgencia. Cabe recordar que el ex presidente del Banco Central durante el gobierno del macrismo, apareció en la cadena nacional donde Milei anunció el DNU junto a los ministros, sin tener un cargo en el gobierno en ese momento. A partir del 12 de enero, finalmente Sturzenegger asumió la «Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía», que depende de la jefatura de Gabinete. Hay que destacar que tanto Sturzenegger como Luis Caputo, ministro de economía, y otro de los principales interesados en la aprobación de la ley, brillaron por su ausencia en las jornadas de debate legislativo, a pesar de haber sido convocados por varios legisladores.
En este escenario, las que no fueron invitadas ni bienvenidas fueron las organizaciones políticas, sindicales y sociales. Sí tuvieron presencia en reuniones legislativas, donde el 80% de dichas organizaciones manifestaron su rechazo, cosa que no parece importarle al gobierno. Así, la tensión que parece primar sobre gobernadores y diputados es la que se ejerce desde los sectores concentrados. Cabe preguntarse a quiénes responderán los y las legisladoras a la hora de ejercer su voto.
Las proyecciones arrojan una amplia aprobación del proyecto, con 147 votos a favor y 106 en contra, dando vía libre a un programa de desregulación de la economía, destrucción del Estado y ajuste a les trabajadores. Síntomas de una crisis de representación política que se profundiza.
Las “desprolijidades” que aparecen en la superficie se explican también por el hecho de que dentro del gobierno, “no todo es lo mismo”. Un escenario de “tres tercios” que marcó la contienda electoral presidencial en 2023, necesitó de alianzas para alcanzar más del 50% de los votos en el ballotage. Los distintos proyectos económicos que se disputan la riqueza nacional, con sus alineamientos internacionales, acordaron una especie de “tregua” para llevar a Milei a la presidencia, contra la candidatura de Sergio Massa, de Unión por la Patria.
Proyectos que se personalizan, a nivel local, en la figura de Mauricio Macri, ex presidente y empresario, y Eduardo Eurnekian, dueño del holding Corporación América, que se disputaron la entrada de sus hombres al gabinete. Macri-Caputo representarían un proyecto de capital financiero meramente especulativo, contra el proyecto “Eurnekian”, de capital financiero pero con cierto asiento productivo, que incluye grandes proyectos de infraestructura, dispuesto a negociar con China o Rusia, en contraposición al fuerte alineamiento norteamericano del proyecto de los “halcones” macristas.
Luego de la victoria mileista, los intereses de ambos proyectos son los que resquebrajan la unidad al interior del gobierno, lo que es visible, además de las negociaciones en curso que no logran cerrarse aún, en los cambios y nuevas entradas en el gabinete. Por ejemplo, la salida de Guillermo Ferraro (hombre de la Corporación América) del ministerio de Infraestructura y el paso de la cartera bajo la órbita de Caputo, ex funcionario de Macri. O la entrada de Daniel Scioli, embajador en Brasil del gobierno de Alberto Fernández, a la supersecretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que disparó la renuncia del macrista Ricardo Schlieper, subsecretario de deportes. Estas disputas también están en pleno desarrollo.
En un escenario de profunda crisis política y un bombardeo informativo que abona a la desinformación y la generación de un discurso que apunta a la aceptación social del rumbo antipopular del gobierno, es importante identificar las cuestiones de fondo, más allá de los puntos que están en plena negociación. La aprobación de esta ley le dará al Ejecutivo facultades extraordinarias, lo que significa que podrá decidir, sin paso por el Poder Legislativo, sobre aspectos centrales como la toma de deuda externa, destruyendo los mecanismos del Estado que las mayorías pueden instrumentar para torcer la puja distributiva.
Y lo que no debe perderse de vista en el medio del debate legislativo, es la vigencia del mega DNU, que sumado a las medidas de Caputo en Economía, son el marco sobre el que descansa el ajuste que ya está en curso, con devaluación del 118% de la moneda nacional, la licuación de los salarios y la desregulación de los precios de alimentos, combustibles, alquileres y tarifas.
El DNU debe tratarse en las Cámaras, y es la estrategia que está llevando adelante el bloque de Unión por la Patria, tensionando para lograr su tratamiento en la cámara de Senadores, donde los números serían favorables para rechazarlo: se necesitan 37 senadores; UXP tiene 33 y al menos 6 senadores se han expresado en contra. El pedido de sesión especial -al no haber sido tratado por la Bicameral- fue rechazado por Victoria Villaruel en su calidad de presidenta del Senado, violando nuevamente la Constitución Nacional, por lo que desde el bloque de UXP anunció que denunciará penalmente al gobierno.
Un triunfo en relación al DNU es la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia, a través de la Cámara del Trabajo, del capítulo de Reforma Laboral, en el marco de la presentación del amparo por la CGT. Desde el gobierno ya anunciaron, de la mano de Adorni, que apelarán a la Corte Suprema de Justicia, una de las vías posibles luego del fallo. Dicha conquista tiene como antecedente la masiva movilización y paro general que encabezó la Central el pasado 24 de enero.
Pablo Moyano, uno de los líderes de la CGT, declaró durante el primer día de sesiones de la Ley Ómnibus que la central “analiza cómo seguir”, y no descartó la posibilidad de un nuevo paro y movilizaciones “si avanzan contra el pueblo argentino”. La dirigencia sindical sigue siendo uno de los enemigos predilectos del discurso del oficialismo y sus aliados, apuntando directamente contra los sindicatos en las alocuciones que se escucharon en el recinto de diputados. Paradójicamente, los verdaderos escritores de estas baterías de medidas no aparecen o aparecen bastante poco en los debates públicos. ¿Casualidad?
Mientras tanto, en redes sociales, los ejércitos de trolls “libertarios” invaden el territorio virtual, ante los espectadores, alimentando la antinomia. Otro dato de color: uno de los “tuiteros” destacados fue Leonardo Sosa, fundador de Revolución Federal, quien disparaba en X desde el propio recinto con pulsera “vip”, a pesar de estar procesado por el intento de magnifemicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Desde su usuario se leía: “A los zxrdos que se zarpen hoy, CXRCEL O BALA. Proceda ministra Patricia”, junto con una foto de efectivos de Gendarmería.
La posibilidad de influir en los destinos políticos y económicos de Argentina sigue estando en el escenario de calle para las organizaciones populares. Un gobierno decidido a violar cualquier acuerdo democrático y pasar por encima de la propia Constitución, para avanzar a favor del puñado de los hombres más ricos del mundo, solo puede ser enfrentado por la organización y la generalización del repudio de los amplios sectores sociales que se están viendo afectados por el programa de Milei, el Círculo Rojo y los actores financieros internacionales, como BlackRock, responsables directos de la crisis. El pueblo que lo votó no está siendo convocado a reuniones, ni a debates legislativos.
La potencia de la movilización del 24 de enero, los cacerolazos, las múltiples iniciativas que surgen en los lugares de trabajo, en los ámbitos educativos, culturales, feministas, etc., se contraponen a un dispositivo represivo donde las fuerzas de seguridad son conducidas a identificar a su pueblo como enemigo, bajo el objetivo de criminalizar la protesta y lograr un escenario de disciplinamiento social que les permita a los verdaderos privilegiados seguir enriqueciéndose a costa del hambre de millones de argentines. A solo 50 días de gobierno, es importante poder proyectar los posibles destinos del país, con el fin de oponer acciones efectivas al rumbo empobrecedor, ante la incertidumbre que generan los rumores de salidas anticipadas, helicópteros y un aumento de la conflictividad social, historia conocida por el pueblo argentino.
*Psicóloga, Magister en Seguridad de la Nación. Analista de CLAE Argentina
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