(*Emilia Trabucco) La presentación de una ley de “segunda oportunidad” para hogares endeudados, impulsada en el debate público por Cristina Fernández de Kirchner el 17 de octubre de 2025 y retomada en el Congreso por diputadas de Unión por la Patria, condensa una transformación que ya no puede pensarse como fenómeno individual. “Nadie puede construir su vida con la soga al cuello”, sostuvo Cristina Kirchner -desde su casa, injustamente detenida y proscripta- al proponer un esquema de renegociación con tasas justas y plazos sostenibles, y denunciando el programa de “colonia financiera” que el gobierno de Javier Milei lleva adelante bajo la conducción de los Estados Unidos y sus poderes económicos.
El punto de partida es estructural: el 91% de los hogares argentinos tiene deudas y 1 de cada 4 recurrió al crédito en el primer semestre de 2025 para comprar alimentos, pagar medicamentos, servicios o la tarjeta (INDEC). La deuda dejó de ser un recurso excepcional y pasó a organizar la reproducción cotidiana en un contexto de caída del salario, deterioro jubilatorio y retracción de la inversión pública.
Esa dinámica se inscribe en una transformación más amplia que la pandemia aceleró y el gobierno de Javier Milei consolidó con una batería de medidas orientadas a expandir el perímetro del sistema financiero digital sobre la vida cotidiana. La arquitectura regulatoria construida entre 2020 y 2023 —cuentas de pago, interoperabilidad, Transferencias 3.0— permitió incorporar millones de personas al sistema.
Desde diciembre de 2023, el Ejecutivo profundizó esa tendencia: eliminó retenciones a los cobros electrónicos (Resolución 780/2024), habilitó propinas digitales (DNU 731/2024), abrió el transporte público a billeteras y tarjetas (Decreto 698/2024), amplió la interoperabilidad de pagos (BCRA, Comunicaciones 8206 y 8303), reconfiguró el régimen de fondos comunes de dinero (CNV, RG 1092 y 1096/2025) y permitió el acceso al mercado de capitales desde los 13 años (CNV, RG 1023/2024). La expansión no se limita a los medios de pago, sino que reorganiza la forma en que circula el ingreso y las condiciones en las que ese ingreso es capturado.
Los datos permiten dimensionar el alcance de esa transformación. En diciembre de 2024, el 69% de la población adulta tenía cuentas tanto en entidades financieras como en proveedores de servicios de pago; 28,8 millones de personas registraban movimientos en sus cuentas y el promedio de pagos electrónicos superaba las 28 operaciones mensuales por adulto, un 45% más que en 2023 (BCRA).
Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025, las cuentas de pago pasaron de 54,7 a 66,4 millones, mientras que las cuentas con saldo alcanzaron apenas 15 millones. El 76,1% de las transferencias en pesos se realiza vía CVU[1]. La expansión del sistema no expresa acumulación de ingresos sino administración de ingresos fragmentados, rotación permanente y financiamiento de corto plazo.
Ese diseño no es neutro ni inevitable. En Brasil, durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el sistema de pagos instantáneos Pix —desarrollado por el Banco Central— alcanzó a más de 160 millones de usuarios, cerca del 80% de la población adulta, y se consolidó como principal medio de pago, desplazando a plataformas privadas. La gratuidad, la inmediatez y su carácter universal redujeron costos de transacción y limitaron la captura de renta en la circulación del ingreso.
Su expansión, apoyada en infraestructura pública, generó tensiones con empresas tecnológicas y financieras internacionales y reacciones desde Estados Unidos frente a un sistema que disputa el control del negocio global de pagos digitales. La comparación no remite a modelos técnicos distintos, sino a decisiones políticas opuestas: quién organiza la infraestructura que estructura la economía cotidiana y con qué fines.
Porque la particularidad del endeudamiento en esta fase de capitalismo financiero es que la digitalización permite financiarizar la economía cotidiana. Los intereses se comen el salario, y la intermediación concentra rentas en pocos actores. No es un efecto no deseado del modelo, sino su forma de funcionamiento. Ese proceso se articula con la consolidación de una nueva aristocracia financiera y tecnológica que no sólo intermedia pagos, sino que captura, administra y rentabiliza la circulación completa del ingreso.
Marcos Galperin sintetiza esa posición en el caso argentino. Su patrimonio pasó de USD 4.900 millones en 2023 a USD 8.500 millones en 2024, un incremento de USD 3.600 millones en un año, equivalente a un crecimiento del 73,5% (Forbes Argentina). Ese salto coincide con la expansión del negocio fintech de MercadoLibre, que reportó más de 61 millones de usuarios activos y un volumen de pagos cercano a USD 196.700 millones en 2024.
La articulación con el Estado es un elemento decisivo de ese modelo. Desde abril de 2024, ANSES comenzó a canalizar pagos de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares, Progresar y el programa Hogar a través de billeteras como Mercado Pago. Este esquema amplía la base de usuarios y el volumen de fondos bajo gestión privada, pero introduce además una lógica de valorización sobre recursos públicos. El relevamiento muestra que 1.300.000 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo comenzaron a cobrar mediante esta fintech; en apenas siete meses, las cuentas vinculadas a ANSES crecieron de 24.000 a 340.000, sobre un universo potencial de 7 millones de titulares. El 98% de esos fondos permanece dentro del ecosistema digital y 6 de cada 10 usuarios que ingresaron por esta vía accedieron a su primer crédito.
Ese circuito no se limita a la acreditación: entre la transferencia estatal y la disponibilidad efectiva para el beneficiario se abre una ventana operativa en la que los fondos son administrados por el privado dentro de la plataforma, colocados en instrumentos de liquidez inmediata y utilizados para generar rendimientos financieros. La transferencia social se convierte así en insumo de la intermediación financiera privada, integrando ingreso estatal, consumo popular y rentabilidad empresarial en un mismo circuito. Esa masa de recursos, canalizada a través de plataformas privadas, se convierte en base de expansión del sistema financiero digital.
La maniobra no es completamente nueva —durante 2019 se ensayaron experiencias piloto de pago de AUH mediante billeteras—, pero bajo el actual gobierno alcanza otra escala. Como planteó la economista Mercedes D’Alessandro, los beneficiarios de programas sociales constituyen un segmento de alto valor para las fintech: usuarios con ingresos regulares, alta retención y potencial de endeudamiento. A eso se suma la utilización de saldos para operaciones financieras y los beneficios fiscales asociados a regímenes como la Ley de Economía del Conocimiento. La captura de valor se estructura sobre el manejo integral del flujo de ingresos.
La contracara es el endeudamiento. La mora bancaria familiar pasó del 2,6% en febrero de 2024 al 10,6% en enero de 2026; en préstamos personales alcanzó el 13,2% y en fintech el 18% (BCRA). Más de 5,2 millones de personas tienen créditos otorgados por plataformas y los proveedores no bancarios superan los 11 millones de deudores. El crédito crece, pero sobre ingresos deteriorados. No financia expansión económica ni mejora del bienestar, sólo sostiene el consumo básico.
En ese punto se consolida una relación profundamente desigual. Millones de hogares se endeudan a tasas elevadas para cubrir necesidades esenciales mientras un conjunto reducido de actores concentra ganancias extraordinarias en la intermediación de ese proceso. La deuda funciona simultáneamente como mecanismo de disciplinamiento social y como fuente de rentabilidad.
La ley de segunda oportunidad se inscribe en ese escenario como una intervención necesaria frente a una emergencia concreta, pero también plantea la oportunidad para dar debates de fondo. Las experiencias contemporáneas muestran que, cuando el endeudamiento se vuelve masivo, los Estados avanzan en esquemas de alivio más profundos.
En Estados Unidos, la administración de Joe Biden implementó entre 2021 y 2024 programas de alivio de deuda estudiantil que superaron los USD 138.000 millones y alcanzaron a casi 4 millones de personas, ampliándose luego a más de USD 150.000 millones. En Europa, tras la crisis financiera, distintos países avanzaron en esquemas de reestructuración de deudas de hogares: en España, el Código de Buenas Prácticas permitió quitas, refinanciaciones y cancelaciones parciales de hipotecas; en Irlanda, el Estado intervino el sistema bancario para reestructurar masivamente créditos en mora.
Lejos de ser excepcionales —ni de asociarse a gestiones que las ultraderechas puedan tachar de “comunistas”—, estos mecanismos forman parte de políticas económicas orientadas a evitar que el endeudamiento de los hogares se convierta en un límite estructural para la estabilidad social y la recuperación del crecimiento.
Lo que aparece en la secuencia de datos es una reconfiguración de la economía cotidiana: caída del ingreso disponible, expansión del crédito como sustituto, digitalización de los flujos y centralidad de plataformas que intermedian cada operación. En ese entramado, la deuda deja de ser un problema a resolver y pasa a ser una condición de funcionamiento. No desaparece ni se reduce, se organiza, se distribuye y se vuelve administrable en términos individuales.
La infraestructura financiera digital permite sostener niveles mínimos de consumo en el corto plazo, pero al mismo tiempo estructura un mecanismo de apropiación de ingresos que desplaza recursos desde los hogares hacia quienes controlan la intermediación.
En ese marco, el problema no es la ausencia del Estado sino su orientación. Las medidas adoptadas desde diciembre de 2023 muestran que no sólo habilita la expansión del sistema financiero digital, sino que organiza las condiciones de su crecimiento, reduce costos para los actores privados y canaliza flujos de ingresos —incluidos los provenientes de políticas sociales— hacia esa infraestructura.
La discusión, entonces, no pasa únicamente por regular excesos o contener la emergencia, sino por disputar la dirección del proceso. Regular tasas, limitar prácticas usurarias, redefinir la intermediación financiera y reorientar el crédito hacia la producción forman parte de una agenda que implica alterar una dinámica ya en curso, donde endeudarse para vivir y pagar para sostener, se vuelve norma mientras la riqueza se concentra en una nueva aristocracia financiera y tecnológica que no sólo acumula, sino que incide directamente en la definición de las reglas del juego.
*Psicóloga, Magíster en Seguridad. Directora de NODAL. Analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) en Argentina.
[1] CVU (Clave Virtual Uniforme): identificador bancario de 22 dígitos utilizado por billeteras digitales y cuentas de pago (fintech) para recibir y enviar transferencias, equivalente al CBU del sistema bancario tradicional en Argentina.
