Está claro que en nada podemos interferir en las decisiones soberanas que adopte el presidente Trump, pero sí debemos dar nuestra opinión sobre el apoyo por parte del gobierno argentino, más aún cuando los argumentos no están avalados por cifras ciertas.
Trump fundamenta la nueva escala arancelaria en la aplicación “compensatoria” por los desequilibrios producidos entre la importación y exportación de cada país respecto a los EE.UU. No es el caso de nuestro país, ya que el comercio con EE.UU. fue históricamente deficitario para nosotros, salvo en 2024, cuando, debido a una fuerte caída de la importación, terminó equilibrado (U$S 6.454 millones de exportaciones y U$S 6.228 millones de importaciones). Si sumamos las transacciones de servicios, balances de pagos corrientes, el intercambio terminó siendo ampliamente desventajoso para Argentina.
Los empresarios PYMES tenemos claro que el efecto de las medidas de Trump —que apoya fuertemente Milei— traerá serios perjuicios para el país en forma directa y también indirecta, ya que se suman al aumento de aranceles comunes (10%), los especiales para el acero y el aluminio (25%), lo que, solo esto último, produce una reducción de operaciones del orden de U$S 600 millones por año. Pero además, al aplicar aranceles proteccionistas extravagantes sobre los países industrializados cuya exportación mayoritaria era hacia los Estados Unidos, dichos países no tendrán otro camino que la búsqueda de nuevos mercados a precios de liquidación por sobrestock. Y Argentina, que lleva adelante una apertura importadora total a contracorriente, pondrá en serio riesgo a la industria nacional de capital interno, ya fuertemente golpeada por la caída de la demanda, por haber quedado al margen de su condición exportadora al revaluar fuertemente el peso y al tener que soportar tasas de interés bancarias por demás positivas.
También los efectos serán sentidos sensiblemente en otros sectores claves para el país, como el agro (ante la política norteamericana de subsidiar sus exportaciones granarias, que compiten con nuestra producción). Otro sector que sufrirá los efectos inmediatos de la guerra comercial y del haber terminado unilateralmente con el acuerdo multilateral de comercio (pese a que la Organización Mundial de Comercio, OMC, no dijera ni una palabra) es el de la energía, precisamente Vaca Muerta. De hecho, el presidente Trump produjo la desregulación de la producción petrolera por fracking y, por lo tanto, es esperable una sobreproducción, lo que traería aparejada una caída de las ventas de Argentina de combustibles y lubricantes a los EE.UU., que en 2024 alcanzaron la no despreciable cifra de U$S 1.269 millones, así como la perceptible caída de los precios del petróleo. Una estrepitosa caída del precio del petróleo (hasta hoy del 17%) puede hacer no competitiva la producción de Vaca Muerta.
El tema no solo afectará a las industrias en general, tanto PYMES como grandes empresas, sino también a las economías regionales, que quedarán fuertemente golpeadas por la imposibilidad y el encarecimiento de sus productos para ingresar en aquel mercado, como los limones, el vino, las nueces, manzanas, peras, etc., al subir cinco veces la carga arancelaria. Mientras tanto, por otro lado, el gobierno de Trump le exige al gobierno argentino mayor liberalización para las importaciones y menos controles aduaneros, lo cual es peligrosísimo, no solo por la sobrefacturación, sino por la seguridad social y por la calidad de los productos que recibiremos. De esta manera, ponemos en riesgo el giro de divisas, talón de Aquiles de la economía nacional, así como las garantías cambiarias. Lo dramático en este sentido es que el gobierno del presidente Milei ha apoyado el ingreso de productos sin siquiera consultar con las cámaras de los sectores que conocen la problemática de los productos.
Es inimaginable que nuestro país acepte de buen grado y con un total servilismo las condiciones expuestas, pero además que le indique al presidente un funcionario de segundo nivel “que no debemos comercializar con China, seguir con el swap, ni tampoco encarar grandes proyectos de infraestructura” para obtener el apoyo de los EE.UU. en la negociación con el FMI. Este tipo de chantaje al que estamos sometidos es inaceptable, y por lo tanto entendemos que, junto a los demás países de nuestra América Latina, debemos hacer la denuncia en la OMC, construir una posición común ante semejante flagelo y no entrar en una guerra comercial intra-zona. Exigir un estudio de impacto, particularmente sobre los sectores más afectados por las medidas unilaterales que encarecen fuertemente nuestras exportaciones hacia los EE.UU. Abrir inmediatamente negociaciones para ampliar el negocio regional (ALADI, MERCOSUR) y prepararnos para tomar acciones en común en la búsqueda de alternativas factibles y compensatorias que ayuden a soportar esta crisis que nos infringieron graciosamente.
*Raúl Hutin
Secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)
