El dirigente empresarial Daniel Rosato alerta sobre los riesgos que acarrea la voluntad de Javier Milei de facilitar los despidos en un contexto de recesión económica.
Desde el Parque Industrial de Plátanos en Berazategui, Daniel Rosato señala que es necesaria una reforma laboral. Sin embargo, el titular de Industriales Pymes Argentinos advierte que si no está acompañada de una reforma tributaria, energética, financiera y, ante todo, que potencia la producción, “sólo va a servir para echar gente”.
En diálogo con Buenos Aires/12, el empresario dueño de una papelera en el conurbano bonaerense, deja en claro que las pequeñas y medianas industrias no tienen ninguna intención de despedir. Por el contrario, transitan estos momentos de la economía como un golpe a su futuro porque se descapitalizan, tanto de maquinaria como de recursos humanos.
Por eso, subraya que una política nacional que incremente la productividad y competitividad de las fábricas argentinas debe ser la otra cara de la moneda cuando se discuta, por ejemplo, una modificación en la Ley de Contrato Colectivo de Trabajo. “Desde diciembre de 2023 a agosto de este año cerraron 18 mil pymes en todo el país y ya hubo 280 mil despidos”, apunta Rosato.
Según los datos del Observatorio IPA, en estos últimos 18 meses el consumo se contrajo un 30 por ciento. En su último informe, remarca que en agosto de 2025 la industria manufacturera argentina entró en “recesión técnica”. “El Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída interanual del 4,4 por ciento, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 59,4 por ciento, lejos de niveles de normalidad”, explica el texto.
Con estos números sobre la mesa, Rosato no reniega de discutir una modificación a las actuales leyes laborales, como en lo que respecta a los juicios. Pero afirma que, en un contexto de alta demanda, con un poder adquisitivo fortalecido para los trabajadores, con menores costos impositivos que favorezcan la exportación y tarifas acordes a la realidad productiva de la industria nacional, “las empresas van a tomar más gente”.
La realidad es otra y el dirigente empresarial lo asocia a su propia experiencia durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa. “Empiezan las deudas, yo en aquel momento tuve que vender hasta mi auto, y ahora quise obtener un crédito para pagar sueldos y me salen con tasas altísimas por lo que opté por vender algunos fierros”, relata.
Más allá de estos planteos, el gobierno nacional acaba de anunciar un incremento en la electricidad. Al mismo tiempo, siguen bajando aranceles como el reciente anuncio de facilidades para importar juguetes terminados. “Las pymes no están esperando una ley para echar gente, pero si se generan facilidades los que ya no puedan contener su situación van a empezar a despedir y mucha gente va a terminar en la calle”, alerta Rosato, y agrega: “Nosotros queremos pacificar la relación entre el empleado y el empleador”.
Otro camino
Al momento, no hay un proyecto de ley presentado por Javier Milei para modificar las relaciones laborales. Lo único que se conoce es la iniciativa impulsada desde fines del año pasado por la diputada de La Libertad Avanza Romina Diez. Entre otros ejes, plantea la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta doce horas, habilita el fraccionamiento de las vacaciones, permite a las pymes abonar indemnizaciones en cuotas y reintroduce el pago en especie a través de beneficios como tickets canasta. Muchos de estos puntos fueron escritos en el DNU 70/23 y están suspendidos por la Justicia.
Desde la Provincia, Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense, sentó postura al respecto y dijo que las intenciones de Milei “están fuera del contexto del mundo global”. A su vez, recordó que “sin cambiar una sola coma de la ley de contrato de trabajo y con políticas del Estado junto a los trabajadores y con las empresas, Néstor y Cristina Kirchner en 12 años generaron 5 millones de puestos de trabajo”.
Esta mirada es consecuente con la postura de Rosato y la importancia de tener una política nacional industrialista y productiva que genere empleo más allá de las leyes laborales. En esta línea, recuerda que desde IPA llevaron al Congreso el proyecto del RIPI, el Régimen de Incentivo a las inversiones para Pymes Industriales. “Debe tratarse en forma paralela como una condición fundamental para la generación de empleo y sustentabilidad de la economía real”, sostiene.
Y también menciona otra iniciativa que, asegura, fue consensuada con un importante número de sindicatos pero que tampoco encontró un rumbo de tratamiento en el parlamento. Se trata del Fondo de Indemnización y Retiro Universal, una caja que administraría los fondos aportados por los empleadores pymes y el Estado nacional para que estén a disposición de los trabajadores al momento de finalizar la relación laboral. Aplicaría tanto para despidos, retiros voluntarios o cuando llegue la jubilación.
Con esta medida, el trabajador cobraría los fondos acumulados que se depositarán mensualmente en una caja administrada por la ANSES. El aporte tendrá actualizaciones constantes a partir de una tasa establecida por el Banco Central para mantener el poder adquisitivo del trabajador. “Es un plus que todos los meses pagaríamos los empleadores y así queda certificada la fecha que comienza la relación laboral y se evitan reclamos que no son justos”, explica Rosato.
El dirigente resalta que, entre las principales preocupaciones de los empresarios pymes está la inseguridad jurídica que afrontan ante presentaciones judiciales de trabajadores que se consideran despedidos y envían una carta documento asegurando que trabajan en la empresa más tiempo del real. “Eso genera demandas que se transforman en juicios muy costosos”, detalla.
“El otro día cerró la Acería Berisso y no había plata para pagar las indemnizaciones, eso tampoco puede pasar”, dice Rosato. Pone en valor el rol de los trabajadores y allí reside su reclamo para diseñar un instrumento más claro y transparente que cuide a todas las partes de una relación laboral.
Andres Miquel
