El proyecto de “Ley ómnibus” terminaría con la estabilidad de las y los trabajadores de planta permanente a través de la denominada situación de disponibilidad, de un modo similar al que estableció la última dictadura.
Por Ana Laura Fernandez * y Mariana González **
Con la excusa de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público durante la última dictadura y en el gobierno de C. Menem, para combatir a los “ñoquis” y la grasa militante en la administración de M. Macri y ahora con el objetivo de atacar a una supuesta “casta” que vive del Estado en detrimento del bienestar del resto de la población. El empleo público ha estado siempre en el centro de los ataques de los gobiernos que buscan implementar políticas económicas neoliberales.
El Decreto 84 publicado en el Boletín Oficial el pasado 26 de diciembre establece dos medidas que afectan a la continuidad de los trabajadores de la administración pública nacional. Una de ellas plantea que no se renovarán los contratos transitorios de trabajadores de la administración pública que hayan sido contratados durante el año 2023. La otra fija en solo 90 días la duración de los contratos temporarios de todas aquellas personas que habían sido contratadas en años anteriores.
La primera de las medidas podría llegar a afectar, de acuerdo con fuentes sindicales, a unas 7.000 personas. El año 2023 no se destacó por el incremento en el empleo en la administración pública nacional, sino que éste aumentó en términos netos en 1.720 personas, que equivale al 0,7% del total, en el marco de una severa limitación legal para las contrataciones en el Estado.
La segunda medida abarca a un conjunto amplio y heterogéneo de empleados públicos, que realizan diferentes tareas que son en general imprescindibles para el normal y habitual funcionamiento del Estado, pero que carecen de estabilidad. La proliferación de estos contratos que vencen cada año es resultado de una larga historia previa, iniciada con la reforma del Estado de C. Menem, que dejó como consecuencia la coexistencia de distintas formas de contratación que otorgan a los empleados públicos diferentes derechos y grados de estabilidad.
A grandes rasgos, la década de 1990 se caracterizó por el congelamiento de la planta permanente y la aparición y expansión de formas de contratación que, bajo la fachada de un trabajo independiente (locaciones de obra o de servicios), encubrían una relación laboral no reconocida y en condiciones sumamente precarias. Durante los gobiernos kirchneristas, entre 2003 y 2015, se produjo una reducción relativa de estas modalidades de contratación, sin que esto implicara su desaparición y, al mismo tiempo, se avanzó en la regulación y expansión de los contratos por tiempo determinado, que implicaron reconocer derechos laborales con excepción del de la estabilidad. Esta última modalidad, la planta transitoria o “Ley Marco”, que habitualmente tiene duración anual, se renueva esta vez sólo por un trimestre, tal como sucedió al inicio del gobierno de Cambiemos.
De manera casi idéntica al Decreto mencionado al principio de esta nota, al inicio del gobierno macrista se renovaron sólo por un período de tres meses (durante los cuales debían analizarse su renovación o rescisión) los contratos de todos aquellos trabajadores incorporados entre 2013 y 2015; y dejaron sin efecto desde abril de 2016 todos los contratos de locación de servicios cuya continuidad no fuera expresamente solicitada por ministros o titulares de entes descentralizados.
Desde comienzos de dicha gestión se llevó a cabo un proceso de desvinculación masiva de trabajadores a partir de despidos o de la finalización de sus contratos, que pueden interpretarse como un intento de disciplinar a los trabajadores. Las justificaciones oficiales apuntaban a la necesidad de recortar el gasto público y modernizar el Estado junto con un discurso, plagado de prejuicios y discriminación, que acusaba a los trabajadores de ser “ñoquis” o militantes rentados. Sin embargo, el propio procedimiento de despidos puso en cuestionamiento estas afirmaciones, ya que las cesantías se produjeron “sin causa”, sin expresar existencia de razones de incumplimiento de tareas.
Asimismo, a inicios de 2017 se dispuso que en el Poder Ejecutivo Nacional no podrían incrementarse las plantas de personal permanente ni temporario, ni los contratos de locación de servicios, respecto de las cantidades existentes a fines del año anterior, salvo excepciones debidamente fundamentadas. Es decir, se buscó limitar normativamente la ampliación de todas las modalidades de contratación en el Estado, incluyendo aquellas que surgieron como consecuencia del congelamiento implementado en la década de 1990. Este proceso se intensificó cuando en 2018 se prohibieron nuevas designaciones y contrataciones de personal en cualquiera de sus modalidades. Una medida similar se tomó en 2022, cuando se prohibieron las contrataciones de personal en la administración pública nacional, exceptuando áreas y actividades que requiriesen la incorporación de personal para su normal funcionamiento y los pases a planta permanente a través de concursos.
Las medidas del gobierno actual hacia el empleo público no se agotan en el Decreto mencionado al inicio. El proyecto de “Ley ómnibus” terminaría con la estabilidad de las y los trabajadores de planta permanente a través de la denominada situación de disponibilidad, de un modo similar al que estableció la última dictadura. Ante la eliminación de organismos o funciones del Estado, los trabajadores afectados pasan automáticamente a disponibilidad y pueden ser desvinculados al cabo de un año si no formalizan una nueva relación de trabajo.
Si bien una parte importante de estas reformas –aunque no su velocidad y profundidad- podían vislumbrarse a partir de las propuestas esbozadas por el entonces candidato J. Milei y fueron advertidas por distintos sectores, lo cierto es que su caballito de batalla era el recorte de privilegios hacia la que él denominaba “la casta”, donde finalmente quedaron englobados todos los empleados públicos. Los despidos de estos trabajadores -y de todos aquellos que se ven afectados por la reducción del gasto público- junto con la brutal pérdida de ingresos reales de los propios estatales, de los trabajadores en general y de los jubilados están ya afectando sin dudas a la sociedad en su conjunto.
* Economista de la UNGS.
* * Economista del Cifra-CTA.
