(Por Jorge Pirotta/El Agrario) De admirar a Margaret Thatcher a encabezar una cadena nacional por Malvinas: el discurso del jueves pasado no parece una conversión aislada, sino otro episodio de una larga serie de convicciones presidenciales que cambian según la dirección del viento
El jueves 3 de septiembre, a las nueve de la noche, el presidente Javier Milei ocupó la cadena nacional para hablar sobre la causa Malvinas.
Comenzó con una afirmación tan categórica como indiscutible: “Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”. Recordó que el Reino Unido ocupó las islas en 1833, expulsó a las autoridades nacionales e instaló una población que, por su carácter de implantada, no puede invocar legítimamente el principio de autodeterminación.
También citó la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional, que ratifica la “legítima e imprescriptible soberanía” argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y reconoció que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable de nuestro pueblo.
Hasta allí, Milei repitió la posición histórica de la República Argentina.
Pero después realizó varios anuncios.
Prometió acelerar las sanciones contra las empresas involucradas en la explotación ilegal de nuestros recursos naturales; anunció que esas medidas se extenderán a accionistas, directivos y proveedores; anticipó que los infractores no podrán operar ni contratar en la Argentina; comunicó el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional; dispuso mayores recursos para concluir una base naval integrada en Tierra del Fuego y propuso crear un Consejo de Seguridad Nacional.
Las medidas, en principio, parecen positivas. Si se aplican efectivamente y sirven para impedir o dificultar el saqueo de nuestros recursos, deben ser acompañadas.
Malvinas no pertenece a Milei, al peronismo, al radicalismo ni a ningún partido. Es una causa nacional.
Pero que la causa esté por encima de las diferencias políticas no significa que debamos renunciar a la memoria, al análisis ni a las preguntas.
Una ley que Milei no creó
El Presidente presentó su decisión de sancionar a las petroleras casi como el nacimiento de una nueva política soberana. Sin embargo, la herramienta central invocada durante la cadena nacional existe desde hace quince años.
La Ley 26.659 fue sancionada por unanimidad por el Congreso el 16 de marzo de 2011, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Fue impulsada por Fernando “Pino” Solanas, cineasta, dirigente político de origen peronista y entonces senador nacional por Proyecto Sur.
La norma estableció que ninguna persona o empresa, argentina o extranjera, podía explorar o explotar hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización de nuestro país. También alcanzó a quienes tuvieran una participación directa o indirecta en esas actividades o prestaran servicios comerciales, financieros, logísticos, técnicos o de asesoramiento.
Las sanciones incluyeron la inhabilitación para operar en la Argentina durante un período de entre cinco y veinte años, la pérdida de concesiones y el cese de beneficios impositivos y previsionales. También se prohibió al Estado nacional, las provincias y los municipios contratar con los infractores.
Dos años después, en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la Ley 26.915 endureció el régimen. Incorporó penas de hasta quince años de prisión, multas calculadas sobre el valor de hasta un millón y medio de barriles de petróleo, decomisos y cancelación de permisos y concesiones.
Milei no creó, por lo tanto, el sistema de sanciones. Mediante el Decreto 868/2026 decidió reglamentarlo y acelerar su aplicación. Además, anunció que enviará al Congreso una ampliación para alcanzar con mayor claridad a proveedores, accionistas y directivos.
La modificación puede resultar necesaria. Pero la historia debe contarse completa.
¿Por qué el Presidente demoró casi tres años en aplicar con firmeza una ley que ya estaba vigente?
¿Por qué presenta como una novedad aquello que fue aprobado por unanimidad en 2011 y perfeccionado en 2013?
¿Era indispensable una cadena nacional para anunciar que el Gobierno comenzará a cumplir con mayor celeridad una ley que debió aplicar desde el primer día?
Petróleo, empresas y beneficios del RIGI
La urgencia invocada por Milei está relacionada principalmente con Sea Lion, un enorme proyecto de explotación petrolera situado a unos 220 kilómetros al norte de las islas.
El emprendimiento es operado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. Se calcula que el yacimiento contiene aproximadamente 1.700 millones de barriles y que podría comenzar a producir en 2028.
Las dos compañías ya estaban sancionadas por la Argentina.
Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 e inhabilitada durante veinte años en 2013. Navitas recibió una sanción equivalente en 2022. No obstante, ambas continuaron avanzando con el proyecto hasta adoptar, en diciembre de 2025, la decisión final de inversión.
Pero las contradicciones no terminan allí.
La periodista Nancy Pazos recordó el caso de Harbour Energy, anteriormente vinculada con Premier Oil, sancionada e inhabilitada en la Argentina por su actividad hidrocarburífera relacionada con Malvinas. Harbour posee actualmente una participación del 15% en Southern Energy, el consorcio exportador de gas natural licuado favorecido por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el RIGI.
También mencionó a Noble Energy, sancionada en 2015 y posteriormente adquirida por Chevron. La petrolera estadounidense participa del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, aprobado dentro del RIGI, y presentó otro proyecto por 13.800 millones de dólares para desarrollar el área El Trapial.
A estos antecedentes se agrega Bluewater Energy Services. La empresa neerlandesa fue contratada por Navitas para proporcionar el buque-plataforma que permitirá iniciar la producción petrolera de Sea Lion. Al mismo tiempo, Bluewater fabricó las dos monoboyas de la terminal de Vaca Muerta Oil Sur en Punta Colorada, Río Negro, una infraestructura estratégica también beneficiada por el RIGI.
Las situaciones societarias y contractuales no son idénticas y deberán analizarse individualmente. Pero la pregunta política es inevitable:
¿Cómo puede el Gobierno anunciar solemnemente que sancionará a empresas directa o indirectamente vinculadas con la explotación petrolera en Malvinas mientras compañías sancionadas, sus continuadoras o sus proveedores participan en proyectos privilegiados por el propio Estado argentino?
¿Nadie verificó esos antecedentes antes de conceder los beneficios?
¿Fue negligencia, falta de coordinación o decisión política?
De Thatcher a la bandera argentina
El problema no se limita a las empresas. También alcanza a la credibilidad del hombre que hizo los anuncios.
Durante el debate presidencial del 12 de noviembre de 2023, Milei reivindicó a Margaret Thatcher como una de las grandes dirigentes de la historia de la humanidad.
No se trataba de una figura británica cualquiera. Thatcher era la primera ministra del Reino Unido durante la guerra de 1982 y condujo personalmente la respuesta militar que provocó la muerte de 649 combatientes argentinos.
En febrero de 2024, cuando el entonces canciller británico David Cameron visitó las islas, Milei afirmó que tenía “todo el derecho” de hacerlo porque el Reino Unido administraba el territorio.
Más recientemente, el 15 de julio de este año, después de que la selección argentina derrotara a Inglaterra en la semifinal del Mundial, nuestros jugadores desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.
La imagen conmovió a millones de personas y recorrió el mundo. Milei, en cambio, advirtió que no debía mezclarse el fútbol con la política y calificó ese tipo de expresiones como gestos de “patrioterismo barato y berreta”.
Menos de dos meses después, el mismo Presidente utilizó las mismas palabras —“Las Malvinas son argentinas”— para abrir una cadena nacional y convocó a toda la sociedad a colocarse detrás de esa bandera.
¿Qué sucedió entre julio y septiembre?
¿Cambió la concepción histórica y diplomática de Milei?
¿Lo conmovió tardíamente la bandera de los jugadores?
¿O descubrió que la causa Malvinas conserva una capacidad de movilización que atraviesa partidos, generaciones y sectores sociales?
Cuando Trump sopla
El propio discurso presidencial ofrece una posible respuesta.
Milei afirmó que en el mundo soplan “vientos de cambio” favorables al reclamo argentino. Para demostrarlo, citó unas declaraciones de Donald Trump que, según su interpretación, indicarían que Estados Unidos está reconsiderando su posición histórica sobre las islas.
Pero Trump no reconoció la soberanía argentina.
Consultado acerca de si Estados Unidos respaldaría al Reino Unido ante un eventual conflicto, evitó asumir un compromiso y aprovechó la oportunidad para reprochar a Londres su falta de acompañamiento en acciones militares recientes. Posteriormente se limitó a decir que siempre revisaba todas las posiciones.
Sobre esa ambigüedad, Milei construyó un supuesto giro geopolítico de enorme trascendencia.
La Argentina debe aprovechar cualquier oportunidad diplomática que pueda favorecer su reclamo. Pero una política soberana no puede depender del enojo circunstancial del presidente estadounidense con el gobierno británico.
¿Qué ocurrirá si mañana Washington y Londres recomponen su relación?
¿La posición argentina volverá a modificarse cuando Trump cambie de opinión?
Las Malvinas son argentinas aunque Estados Unidos no lo diga. Lo eran antes de Trump y lo seguirán siendo después de Trump.
Malvinas no es una excepción
El brusco desplazamiento de Milei podría ser interpretado como una rectificación. Todo dirigente tiene derecho a revisar sus ideas y corregir sus errores.
El problema es que el Presidente no explicó ninguna evolución. No reconoció haberse equivocado, no revisó sus elogios a Thatcher ni pidió disculpas por haber calificado de patrioterismo barato el gesto de los jugadores argentinos.
Simplemente se ubicó en el centro de aquello que poco antes había despreciado.
Y Malvinas no constituye un caso aislado.
Cuando Milei era un economista invitado a los programas de televisión, criticó duramente a Luis Caputo por su actuación durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo acusó de haberse “fumado” irresponsable e ineficientemente 15.000 millones de dólares de las reservas y de haber provocado “uno de los grandes desastres” en la historia del Banco Central.
Hoy, Caputo es su ministro de Economía y Milei lo presenta como “el mejor ministro de la historia argentina”.
¿Cuándo decía lo que verdaderamente pensaba?
¿Cuando Caputo trabajaba para Macri o cuando comenzó a trabajar para él?
En aquellas intervenciones televisivas, Milei también reconoció como un mérito de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la reducción del endeudamiento externo.
Sin embargo, ya como Presidente, volvió a colocar a la Argentina bajo una fuerte dependencia del FMI y del auxilio financiero de los Estados Unidos, mientras presenta al kirchnerismo como responsable de todos los males nacionales.
Otra de sus promesas centrales fue la demolición del Banco Central. No hablaba de reformarlo: prometía “dinamitarlo” porque lo consideraba una institución criminal e innecesaria.
Sin embargo, el 30 de julio pasado envió al Congreso un proyecto para reformar su Carta Orgánica, otorgarle mayor independencia y consolidar su continuidad institucional.
Fortalecer una institución es exactamente lo contrario de destruirla.
Puede argumentarse que el objetivo consiste en impedir que el Banco Central financie al Tesoro. Pero si la reforma resulta suficiente, ¿por qué su eliminación fue presentada durante años como una condición indispensable para terminar con la inflación?
¿Era una convicción económica o una consigna electoral?
Convicciones para los demás
El 20 de agosto, durante una exposición ante el Council of the Americas, Milei responsabilizó a “la locura de los pañuelitos verdes” y a los abortos por la caída de la natalidad argentina.
La explicación no resiste los datos: la disminución de los nacimientos comenzó mucho antes de la legalización del aborto. Las investigaciones disponibles indican que muchas personas desean tener hijos, pero postergan o abandonan esa posibilidad por la precariedad laboral, la pobreza, la dificultad para acceder a una vivienda y la ausencia de políticas de cuidado.
Si el Presidente considera que la baja natalidad amenaza el crecimiento y el sistema previsional, ¿por qué su gobierno desmantela programas de asistencia a la maternidad, la infancia y las familias?
¿Por qué responsabiliza a las mujeres en lugar de crear condiciones económicas y sociales que permitan decidir libremente tener hijos?
Una vez más, Milei convierte una opinión discutible en una certeza moral y deposita toda la responsabilidad sobre los demás.
La próxima conversión
Dentro de pocas semanas, el papa León XIV visitará la Argentina. Será la primera visita de un pontífice a nuestro país en casi cuarenta años.
Seguramente el Presidente ocupará un lugar central en la recepción.
Será el mismo Javier Milei que, antes de llegar a la Casa Rosada, llamó a Francisco “el imbécil que está en Roma”, lo acusó de impulsar el comunismo y lo definió como “el representante del maligno en la Tierra”.
Después, cuando necesitó recomponer su relación con la Iglesia, lo abrazó, le pidió disculpas y terminó describiéndolo como el argentino más importante de la historia.
¿Veremos durante la visita de León XIV al antiguo detractor de Francisco presentarse como el católico más fervoroso del país?
¿Se tratará de otra conversión sincera o de una nueva adaptación a las necesidades del momento?
La moral y la palabra presidencial
Milei asegura estar trabajando en un libro cuya idea central sería “la moral como política de Estado”.
La moral y la ética pública son asuntos demasiado importantes para reducirlos a una consigna. Exigen coherencia, responsabilidad y, especialmente, la capacidad de reconocer los propios errores.
Cambiar de opinión no es inmoral. En determinadas circunstancias puede ser una señal de inteligencia, aprendizaje y honestidad.
Lo preocupante es cambiar sin admitirlo. Condenar con violencia una conducta y luego practicarla. Descalificar a quienes defienden una idea y, cuando esa idea se vuelve conveniente, presentarse como su principal representante.
El jueves 3 de septiembre Milei convocó a los argentinos a construir una posición común en defensa de Malvinas. El llamado merece ser atendido. También merece ser acompañado todo acto efectivo que dificulte la explotación ilegal de nuestros recursos y fortalezca nuestra presencia en el Atlántico Sur.
Pero la unidad nacional no exige obediencia ni amnesia.
¿Estamos ante el comienzo de una verdadera política de Estado o frente a una operación destinada a recuperar iniciativa política cuando comienza la carrera electoral de 2027?
¿Las medidas anunciadas se aplicarán contra todas las empresas, incluso aquellas que poseen intereses económicos en la Argentina y relaciones privilegiadas con el Gobierno?
¿El Presidente mantendrá esta posición si Donald Trump recompone su relación con el Reino Unido?
Quizá Milei tenga razón cuando afirma que soplan vientos de cambio.
Lo que todavía no sabemos es si esos vientos favorecen a la Argentina o solamente hacen girar, una vez más, la veleta presidencial.
