El destino esperado es estanflación (estancamiento con inflación) secular si la economía sigue bajo supervisión permanente del brazo financiero de la geopolítica de la potencia económica y militar de Occidente (Estados Unidos). El acuerdo con el FMI es inflacionario.
( Alfredo Zaiat / Página 12 ) En este gobierno y en el próximo, sea del actual oficialismo o de la derecha política, la posibilidad de disminuir en forma consistente la tasa de inflación tendrá pocas chances si también se aspira a un crecimiento con mejoras de los ingresos de trabajadores y jubilados. La opción de estimular una estrategia expansiva del gasto público para financiar obras de infraestructura y de desarrollo será limitadísima. La probabilidad de relajar sólidamente la restricción externa, la escasez relativa de divisas, será muy baja pese a la eventual mejora de la balanza comercial energética por el resultado de los yacimientos de Vaca Muerta.
Estos son sólo tres de otros grandes desafíos de carácter estructural que enfrenta la economía. La descripción que, en una rápida lectura, parece destilar pesimismo, en realidad actúa como advertencia en este año electoral para identificar a falsos profetas de caminos inexorables para soluciones complejas.
Para abordar estas misiones las condiciones necesarias son fortaleza política en la conducción, consensos económicos mayoritarios y concentración del área económica. Tres atributos que no son fáciles de reunir hoy en las fuerzas políticas que disputarán las elecciones presidenciales.
Si este panorama es bastante desalentador, resulta aún más cuando se agrega a estas limitaciones objetivas otra que es una tragedia: la presencia del Fondo Monetario Internacional como auditor permanente de la política económica.
El peligro de caer en una estanflación secular
Existe una especie de amnesia o negación colectiva de los actores económicos y políticos –con escasas excepciones- acerca de lo que implica tener al FMI revisando cada renglón de la administración económica.
No se trata de exponer solamente el rechazo a firmar un acuerdo con el FMI y pretender un plazo más extenso para pagar la deuda o, peor, justificarlo unos y desearlo otros, sino en la relevancia de indicar la ausencia de un debate sobre cómo liberarse de su presencia en la vida económica cotidiana del país.
Encarar los desafíos estructurales mencionados es indudablemente una tarea complicada, pero es casi imposible pensar que se los puede encarar con el Fondo.
El destino esperado en cambio es estanflación (estancamiento con inflación) secular si la economía está bajo supervisión permanente del brazo financiero de la geopolítica de la potencia económica y militar de Occidente (Estados Unidos). El acuerdo con el FMI además es inflacionario.
La misión de desprenderse de este tutelaje no es para nada sencilla pero es imprescindible al menos plantearla para luego pensar si es posible articular alguna estrategia financiera y política (relaciones internacionales) liberadora.
La lista de pedidos que el FMI escucha y no atiende
No se vislumbran intenciones de emprender esa tarea en gran parte del mundo de la política y lo que se observa es tratar de conseguir un poco de comprensión de las potencias económicas que controlan el directorio del Fondo para obtener algún beneficio financiero o cierta flexibilización de metas macroeconómicas.
Por caso, el ministro de Economía, Sergio Massa, para eludir el pedido de un waiver (perdón) por el incumplimiento de una meta clave del acuerdo (la acumulación de reservas) en el primer trimestre del año, consiguió su flexibilización, según informaron este sábado voceros del Palacio de Hacienda desde India, donde se desarrolla la reunión de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países del G20.
Se trata de una decisión de conveniencia mutua: la dirección del FMI evita ingresar de este modo en un estadio conflictivo con Argentina en un año electoral, a la vez que el gobierno de Alberto Fernández consigue neutralizar un factor que perturbaría la precaria estabilidad cambiaria.
Si con el impacto devastador de la pandemia y con la profunda alteración de la economía global por la guerra en Ucrania el FMI no cambió casi nada, por qué se puede llegar a esperar ahora que vaya a contemplar pedidos sustanciales de su mayor deudor.
Los reclamos del gobierno de Alberto Fernández al Fondo Monetario son los siguientes:
1. Eliminar o disminuir el sobrecargo sobre la tasa de interés.
2. Destinar parte de la ampliación del capital (emitido con DEG) recibida por potencias hacia países endeudados.
3. Conseguir una compensación por los costos económicos provocados por la guerra en Ucrania.
Pagan más los países más endeudados
La estructura financiera internacional no está diseñada para atender las demandas de los países endeudados. Esto queda expuesto sin disimulo en el vínculo entre grandes fondos de inversión y bancos globales con los países endeudados.
Con los organismos internacionales además la relación es perversa, puesto que aquellos manifiestan cierta comprensión acerca de algunos pedidos, incluso dicen que pueden ser estudiados y hasta difunden informes o declaraciones públicas aceptando que son pertinentes, pero en los hechos no hay ninguna concesión relevante.
Esta dinámica retorcida se puede observar en la discusión sobre el sobrecargo en la tasa de interés que el Fondo aplica al préstamo otorgado a la Argentina, como a otros países muy endeudados.
Raúl Dellatorre explicó en este diario que el país tendrá que pagar este año una tasa de interés total de 7,23 por ciento (la básica más el sobrecargo), nivel que puede seguir subiendo si las potencias económicas (Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Europea, Japón y China) aumentan sus propias tasas de interés. Esto es lo más probable porque utilizan esta herramienta monetaria como principal para enfrentar el problema que están padeciendo con la inflación.
De este modo, si el año pasado se pagaron intereses al FMI por 1700 millones de dólares, en éste el saldo subiría a 3300 millones de dólares, monto que podría ser mayor si, como se espera, aumenta la tasa de interés internacional.
Tiene razón pero marche preso
El último encuentro de presidentes del G20 en Roma, en octubre de 2021, antes del estallido de la guerra en Ucrania, emitió el tradicional comunicado final incluyendo el reclamo de eliminar el sobrecargo en la tasa de interés que aplica el FMI.
Fue un triunfo diplomático de la delegación argentina que los líderes de los países del G20 solicitaran al Fondo Monetario Internacional la revisión de su política de sobrecargos. Así los jefes de Estado ratificaron el pedido expresado por sus ministros de Finanzas en la reunión del G20 celebrada en Washington el 13 de octubre de ese año, y manifestaron que esperaban que la política de sobretasas que el Fondo Monetario aplica en sus préstamos se “siga debatiendo en el Directorio del FMI”.
Vale mencionar que en el directorio del Fondo los lugares de poder dominante son ocupados por las mismas potencias económicas miembros del G20. Más allá de las palabras, lo concreto fue que a fines de 2021 y del año pasado, en reuniones informales, el directorio del Fondo rechazó la posibilidad de eliminar el sobrecargo.
Lo hicieron pese a que uno de los países que se beneficiaría, además de Argentina, es Ucrania, que tiene el apoyo militar y económico de las potencias occidentales.
¿Cuál es la motivación de la tecnoburocracia del FMI de cobrar menos si esos ingresos adicionales les permiten una administración holgada de su presupuesto anual?
No tiene ningún incentivo para hacerlo, en cambio sí para otorgar créditos extraordinarios, como el que entregará a Ucrania en pocas semanas por unos 15 mil millones de dólares, que se sumarán a los fondos ya entregados en los últimos años. De esta manera seguirá cobrando abultados intereses.
La oferta es vivir de ilusiones
En el peor momento de la crisis de la pandemia el FMI decide ampliar el capital en 650 mil millones de dólares (en DEG, la unidad de cuenta del organismo), monto que se dividió entre todos los países miembros según la participación de cada uno.
Casi la mitad fue entregada a las potencias económicas que, como se sabe, no necesitaban esos recursos. Entonces algunos países, entre ellos Argentina, impulsaron la idea que una parte de esos fondos se redistribuyan entre quienes en realidad los necesitaban para estabilizar sus economías.
La directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, ha sido una de las principales promotoras de esta propuesta con la creación de un programa de unos 100 mil millones de dólares con DEG de las potencias. Lo denominó Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad.
En esa misma cumbre del G20 en Roma también se reclamó al FMI que diseñe esa nueva caja de recursos para “proporcionar financiación asequible” a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos. En línea con el pedido de la Argentina, este financiamiento permitiría “reducir los riesgos para la estabilidad de la balanza de pagos futuros, incluidos aquellos derivados de la pandemia y el cambio climático”.
Ese programa ya fue creado pero tuvo apenas cuatro desembolsos (Bangladesh, Barbados, Costa Rica y Ruanda) por apenas 2000 millones de dólares. La solicitud de Argentina para ser parte de esta asistencia sigue en mesa de entradas de la sede del FMI en Washington.
Pedir clemencia al verdugo
A los pocos meses del estallido de la guerra de Ucrania, economistas del FMI han escrito varios artículos en el blog del organismo detallando los costos económicos del conflicto, en especial por el alza de los alimentos y de la energía.
El gobierno de Alberto Fernández está insistiendo con una compensación por la pérdida de reservas estimada en unos 5000 millones de dólares. El ministro de Economía, Sergio Massa, ha reiterado el reclamo en el encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, en India.
El Palacio de Hacienda preparó un informe sobre este costo, que en resumen dice lo siguiente:
* «La guerra en Ucrania ocasionó importantes cambios en el escenario económico mundial, que generó un efecto negativo de 4940 millones de dólares en la balanza comercial que se atribuye a un shock general de precios internacionales del sector agropecuario (soja 9,4 por ciento, trigo 33,7 por ciento y maíz 17,8 por ciento) y sobre el precio de los combustibles (gas de Bolivia 114 por ciento, GNL 233 por ciento y gasoil 85 por ciento)».
* «Se observa un aumento del valor de las importaciones de combustibles en 3757 millones de dólares en relación a los 1999 millones de dólares proyectado a precios preguerra».
* «En relación con el complejo agroexportador, se evidencian exportaciones netas por un total de 617 millones de dólares adicionales a lo proyectado antes de la guerra. El incremento del costo de los fertilizantes (el país importa el 70 por ciento de las necesidades del sector) amortiguó la mejora de los precios internacionales de las materias primas agrarias».
* El costo de los fletes para exportación sufrió un aumento de 1800 millones de dólares en relación a las estimaciones anteriores a la guerra».
* «El shock de precios de los combustibles generó un aumento en los subsidios energéticos transferidos por el Estado nacional durante 2022. Según los cálculos realizados se prevé que las transferencias en concepto de subsidios asciendan para este año a unos 1800 millones de pesos, de los cuales 588 millones de pesos corresponden al aumento de precios de los commodities debido al conflicto bélico».
La conducción de la búlgara Georgieva al frente del FMI muestra una «sensibilidad» que carecen franceses y alemanes, quienes se estuvieron rotando el manejo del organismo en las últimas décadas. A esta altura se sabe que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
