Por RAÚL HUTIN(*)
Los datos económicos de enero son un llamado de atención ineludible. El consumo masivo se desplomó un 10,6% en supermercados y comercios de cercanía, una caída que se suma al 3,8% registrado en el mismo mes del año anterior. Este declive sostenido no es una anomalía, sino el resultado de un profundo reordenamiento en las prioridades del gasto de las familias argentinas.
El cambio en la relación de precios entre servicios y bienes masivos ha desestabilizado el presupuesto de los hogares, imponiendo una nueva realidad económica. Los aumentos en «vivienda y servicios» alcanzaron un alarmante 250% interanual, con picos del 400% en ciertas regiones del interior. No es casualidad que el consumo masivo esté en picada: el efecto dominó ya golpea a la industria manufacturera y al comercio, paralizando la economía local.
La ponderación del gasto en servicios en el índice de precios al consumidor, que el INDEC fija en un 9,4%, debería situarse en realidad cerca del 14,5%. Sin embargo, la narrativa oficial prioriza mostrar una inflación a la baja, aunque esta reducción carezca de un sustento real.
La realidad golpea con dureza al bolsillo. Mientras solo el 9% de la población mantiene capacidad de ahorro, el 50% debe endeudarse para llegar a fin de mes. Los salarios, salvo contadas excepciones como los petroleros, siguen perdiendo contra la inflación. En algunos casos, como el de los empleados estatales, la pérdida real fue del 14,2%.
Los aumentos de tarifas y productos esenciales superan con creces la inflación oficial. En enero, vivienda, agua, electricidad y combustibles aumentaron un 4%, duplicando la inflación. La carne se disparó y los salarios, en promedio, apenas crecieron un 2%.
El atraso cambiario agrava la situación. Mientras el dólar oficial ajusta un 1% mensual, la inflación ronda el 3%. En apenas dos meses, acumulamos un 4% de retraso cambiario. Esto no solo afecta a las exportaciones, sino que abre las puertas a una importación indiscriminada que golpea duramente a la industria local.
El combo letal se completa con la eliminación del “Impuesto País” y la flexibilización de las barreras para-arancelarias. El resultado: un paraíso para los importadores y una pesadilla para las PYMES nacionales, cuyo desarrollo se ve amenazado por una competencia externa cada vez más feroz.
El Gobierno prometió un impulso a las PYMES con el RIGI PYME y la «LEY PYME», pero la realidad dista mucho de las expectativas. La falta de políticas activas para fomentar la creación de empleo y la constante pérdida de puestos de trabajo en el sector público dibujan un panorama desolador.
La desocupación, lejos de reducirse, crece. La caída del mercado interno, alimentada por la pérdida de poder adquisitivo y la falta de inversión estatal, profundiza la crisis. La obra pública, un motor clave para la economía, sufrió un recorte del 80% en su presupuesto, encareciendo aún más la logística en un país de vastas distancias.
El RIGI, en su ejecución, refuerza un modelo de extranjerización. El 95% de los proyectos aprobados pertenecen a los sectores de energía y minería, enfocados casi exclusivamente en la exportación de commodities. No hay incentivos para proveedores nacionales ni para la innovación productiva. Las exportaciones con valor agregado crecieron apenas un 1,9% en 2024, y las proyecciones para 2025 no son alentadoras.
La ciencia y la tecnología, pilares para un desarrollo sostenible, están en franco retroceso. Los recortes presupuestarios profundizan la brecha con las economías desarrolladas, limitando nuestra capacidad de crear e innovar. Sin apoyo estatal, las PYMES quedan relegadas frente a las grandes corporaciones, perpetuando un modelo de concentración económica.
Es momento de replantear el rumbo. Si no se implementan políticas claras de reactivación, el 2025 podría consolidar la tormenta perfecta: una combinación letal de caída del consumo, parate industrial y una economía cada vez más dependiente de lo que viene de afuera.
(*) Empresario y secretario de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN)
